Decreto para nueva fase tras estado de alarma
El Gobierno ha aprobado un decreto para regular la nueva fase que se abrirá el 9 de mayo, tras el fin del estado de alarma.
REAL DECRETO-LEY por el que se adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, cuya aplicación resulta necesaria tras la finalización de la vigencia del estado de alarma.
La norma va a permitir a las Comunidades Autónomas, entre otras cosas, recurrir ante el Tribunal Supremo las decisiones de los Tribunales Superiores de Justicia sobre las restricciones que aprueben para seguir luchando contra la pandemia.
El objetivo es, según ha explicado la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, que sea el alto tribunal quien unifique doctrina sobre las medidas que puedan adoptar las comunidades para luchar contra la pandemia.
"Para que todas las CC.AA. puedan proponer lo mismo para proteger a los ciudadanos, y si en un momento hay una discrepancia, que el Tribunal Supremo unifique y decida por todos y para todos", ha explicado Calvo.
Se trata de facilitar a los gobiernos autonómicos una vía para interponer recursos, cuando los Tribunales Superiores tumben sus medidas. Se busca unificar doctrina y evitar que ocurra como el pasado verano, cuando tras el fin del estado de alarma algunas decisiones de la justicia fueron contradictorias, y en algunas comunidades se impusieron restricciones que en otras no.
Hasta ahora, los gobiernos autonómicos solo podían acudir al Supremo cuando intervenían como autoridades delegadas del Ejecutivo central, es decir, durante la vigencia del estado de alarma que les otorgaba este estatus, según explican fuentes jurídicas a Europa Press. Pero este instrumento decaerá el sábado a media noche, y con él, se les limitaba esa posibilidad de llegar hasta el Supremo.
Cinco días para decidir
La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha explicado que el Tribunal Supremo tendrá cinco días para resolver los recursos que planteen las CC.AA. sobre las medidas que adopten contra la pandemia.
Será la sala tercera del Tribunal Supremo la encargada de resolver los recursos de casación que presenten las comunidades.
Calvo ha explicado todo esto en la rueda posterior al Consejo de Ministros de este martes, en el que se ha aprobado el decreto. En su elaboración han trabajado nueve ministerios. Y, además de esto, la norma prorroga las medidas socio económicas vigentes durante tres meses más, desde el 9 de mayo hasta el 9 de agosto.
Se mantienen hasta esa fecha, por ejemplo, la garantía de suministro de agua y energía y el bono social; la suspensión de los desahucios y la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual; y la consideración de servicios esenciales a los recursos contra la violencia de género.
El decreto también incluye medidas para controlar a los pasajeros internacionales, y aprueba la prórroga de algunas otras medidas del escudo social cuya vigencia iba ligada al estado de alarma, como la posibilidad de cobrar la jubilación y seguir ejerciendo la medicina o la enfermería para la gestión del COVID.
También se mantiene la suspensión de las reuniones de las Juntas de propietarios hasta el 31 de diciembre.
