CCOO y UGT exigen subir el salario mínimo en un 7 por ciento en 2027
Los sindicatos CCOO y UGT han exigido hoy una subida del 7 por ciento del salario mínimo interprofesional para el 2027, mientras preparan la convocatoria de huelga general del próximo 11 de noviembre.
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La jornada de paro de 24 horas engloba una serie de reivindicaciones, tal y como señala su lema: "Salarios, vivienda, precios".
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha explicado que impulsando de esta manera la jornada, se garantiza la máxima cobertura posible a las movilizaciones, también desde los centros de trabajo.
“Este es el gran objetivo del 11 de noviembre: impulsar una enorme movilización social en nuestro país que llene las calles de millones de personas trabajadoras”, ha resaltado en rueda de prensa junto a Pepe Álvarez, secretario general de UGT.
Sordo ha recalcado que existe un bloqueo en la negociación colectiva y que otro de los grandes retos vinculados a la jornada de huelga está vinculado con la recuperación del Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva.
“Llegados a este punto, el salario mínimo tiene que subir al menos ese 7 por ciento, que lo eleve por encima de los 1.300 euros en 14 pagas y más de 1.500, en 12 pagas”, ha asegurado.
Tras la caída de los reales decretos de vivienda y el fallecimiento de Maricarmen, Sordo ha resaltado que la conversación pública ha cambiado en España, para exigir medidas valientes al conjunto de administraciones públicas.
La movilización quiere aglutinar todo el descontento social que ha estallado tras el desahucio y fallecimiento de Maricarmen, y también cuestiones estrictamente laborales como una subida de salarios para intentar paliar la inflación que no para de crecer en los últimos años.
Aunque en España hay “más gente trabajando que nunca”, no existe “política salarial capaz de afrontar la barbaridad que supone subir el precio de la vivienda un 12 por ciento en términos interanuales", ha reivindicado Sordo.
Es por eso que desde CCOO se propone dedicar el 1 por ciento del PIB anual de España a vivienda pública, al menos, durante la próxima década.
“Es absolutamente determinante”, ha resaltado.
Sordo ha apuntado que es necesario modificar la Ley de Vivienda, para evitar que las comunidades autónomas estén bloqueando la medida “por puro dogmatismo ideológico”.
“No puede ser que lo más rentable en España sea invertir en una vivienda inflacionando un bien que es a la vez una necesidad básica para la ciudadanía española. Hay que tomar medidas que eviten este incremento absolutamente desbocado de los precios”, ha destacado el secretario general.
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