Aprobado proyecto de ley para igualdad de personas trans
El Consejo de Ministros ha acordado remitir a las Cortes Generales el Proyecto de Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los derechos de las Personas Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales e Intersexuales (LGTBI).
Declaración por el Día Nacional del Orgullo LGTBI
El texto establece los principios de actuación de los poderes públicos, regula derechos y deberes de las personas físicas y jurídicas, tanto públicas como privadas, y prevé medidas específicas contra cualquier forma de discriminación.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha afirmado que, si ya en 2005 España se situó a la vanguardia del reconocimiento de los derechos LGBTI gracias a la modificación del Código Civil que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, con esta nueva ley vuelve ser una referencia internacional en defensa de los derechos de las personas LGTBI y particularmente de las personas trans.
"Esperamos que esta ley pueda ser aprobada con urgencia, porque las vidas LGTBI, particularmente las vidas trans, ya no pueden esperar más", ha señalado.
Montero ha explicado que la norma establece el derecho a la libre determinación de la identidad de género y la despatologización de este reconocimiento.
"El Estado reconoce a las personas trans su derecho a ser quienes son, sin que medien testigos, sin que medie la obligación de hormonación durante 2 años y sin ningún informe médico que tenga que decir que son personas enfermas", ha apuntado.
Este procedimiento de reconocimiento se hará mediante un sistema de doble comparecencia en un plazo máximo de cuatro meses para las personas mayores de edad, y también para las que tengan edades comprendidas entre los 16 y los 18 años.
Quienes tengan entre 14 y 16 años necesitarán la autorización paterna o materna y para los de 12 a 14 años el procedimiento se podrá realizar a través de expediente de jurisdicción voluntaria.
Los menores de 12 años podrán cambiar su nombre en el Documento Nacional de Identidad (DNI). Asimismo, las personas trans migrantes podrán cambiar los documentos expedidos en España si en su país de origen no tienen garantizados sus derechos.
Respecto a la protección de los niños y niñas intersex, no se podrán realizar cirugías de modificación genital y se ampliará el plazo para que sus familias registren su sexo.
Prohibidas las terapias de conversión
La futura ley prohíbe las terapias de conversión, y, si se produjeran, se podrían calificar como infracción administrativa muy grave, con sanciones de entre 10.001 y 150.000 euros.
"Las vidas LGTBI no necesitan ninguna cura", ha afirmado la ministra, "lo que necesita cura, en todo caso, es la LGTBIfobia y eso se cura con educación sexual integral, con educación para la igualdad y con educación en diversidad".
Para ello, se reforzarán los contenidos educativos específicos.
Además, los menores de 12 años deberán ser tratados en los centros educativos conforme al nombre elegido.
Las mujeres lesbianas y bisexuales podrán filiar a sus hijos sin necesidad de estar casadas, como ahora sucede.
También se otorga rango legal al derecho de acceso a técnicas de reproducción asistida, que ya estaba establecido reglamentariamente, tanto para ellas como para las personas trans con capacidad de gestar.
En el ámbito laboral, se impulsa la igualdad y la no discriminación de las personas LGTBI en los centros de trabajo, con especial atención a la inclusión de las personas trans y, sobre todo de las mujeres trans, "que son las que tienen una mayor brecha y unas mayores dificultades en el acceso al empleo", ha señalado Montero.
En el régimen sancionador, además de las terapias de conversión, serán considerados infracciones muy graves los contenidos educativos discriminatorios en los libros de texto o en los materiales didácticos educativos y, salvo que lleguen a ser delito y se deriven a la vía penal, también los actos de acoso.
Las infracciones leves, como insultos o mensajes discriminatorios, podrán ser sancionadas con cantidades de 200 a 2.000 euros y las graves, como por ejemplo no contratar a una persona por su orientación sexual, podrán recibir multas de hasta 10.000 euros.
