Aprobado proyecto de ley de salud sexual y reproductiva
El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha afirmado que esta ley garantiza el acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo en la red pública y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que son un medidor fundamental de la calidad democrática de un país: "El derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo forma parte del derecho fundamental a la salud, pero además es la puerta de entrada para el ejercicio a otros muchos derechos y para el ejercicio, en definitiva, de la posibilidad de decidir nuestros proyectos de vida".
La nueva ley garantizará el acceso efectivo al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la red pública, que será la de referencia. Las mujeres que lo decidan podrán someterse a esta intervención en el centro hospitalario público más cercano a su domicilio y tendrán derecho a una incapacidad temporal mientras dure su recuperación.
Las mujeres de 16 y 17 años y las mujeres con discapacidad podrán decidir acerca de su embarazo y desaparecen, para todos los casos, las exigencias actuales de información previa y tres días de reflexión.
La píldora del día después se dispensará de forma gratuita en los centros de salud y deberá estar disponible de forma obligatoria en todas las farmacias.
Por su parte, los métodos anticonceptivos se distribuirán sin coste en institutos, centros penitenciarios y centros asociados a los servicios sociales, se priorizarán los de última generación y se promocionará la corresponsabilidad, ya que esta cuestión "no puede ser una responsabilidad exclusiva de las mujeres como ocurre actualmente", ha señalado Montero.
Derechos reproductivos y sexuales de las mujeres
La ley, ha continuado la ministra, también atiende a los derechos de las mujeres que deciden ser madres.
Además de establecer medidas de acompañamiento en el embarazo y de promover buenas prácticas gineco-obstétricas y el parto respetado, se ha creado un nuevo permiso desde la semana 39 de gestación que no restará tiempo al de maternidad.
Asimismo, se regula por primera vez una incapacidad temporal pagada íntegramente por el Estado para reglas dolorosas o incapacitantes y se dispensarán gratis productos de higiene menstrual en centros educativos, penitenciarios y sociales para combatir la pobreza menstrual irregular.
Además, la norma reconoce como violencias contra las mujeres la explotación reproductiva, el aborto y el embarazo forzados, y la esterilización y anticoncepción forzosas, en consonancia con el Convenio de Estambul.
Educación sexua
Montero ha destacado que con la entrada en vigor de la ley la educación sexual será obligatoria en todas las etapas educativas.
La ministra ha hecho referencia a algunos estudios según los cuales casi el 70 por ciento de los estudiantes y las estudiantes de Secundaria dicen que la educación sexual que han recibido no ha sido útil para su vida sexual y que son Internet y los amigos y amigas las fuentes principales de información para el acceso a diferentes conocimientos.
