Nuevo código ético y de austeridad de los altos cargos

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Hace siete días, en su comparecencia en el parlamento autonómico para rendir cuentas por la actual gestión de la crisis sanitaria de la COVID-19 por parte de esta consejería, el vicepresidente, portavoz y consejero Francisco Igea afirmó que “la Administración y la Política que emerjan de esta no podrán ser las mismas que entraron en ella”.

E hizo hincapié, como responsable público, en que “no se podrá pedir esfuerzos a los ciudadanos sin estar dispuestos a hacerlos nosotros mismos”, refiriéndose también a que la crisis del virus hará a los ciudadanos “intolerantes ante la ineficacia y el despilfarro”.

En este contexto social y político se enmarca la tramitación administrativa que restaba para la entrada en vigor de este código ético, propuesto por la Comisión de Ética Pública a la Junta de Castilla y León en octubre de 2019. Debe recordarse que se trata de la actualización preceptiva y obligatoria al inicio de una nueva legislatura, pues la Ley 3/2016, de 30 de noviembre, del Estatuto de los Altos Cargos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, recoge la necesidad de actualizar dicho código “siempre que sea necesario y, al menos, al inicio de cada legislatura”.

El nuevo código será de obligado cumplimiento para quien desempeñe la condición de alto cargo en la Administración de la Comunidad de Castilla y León o en las entidades a ella adscritas, conforme a lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 3/2016, de 30 de noviembre, del Estatuto de los Altos Cargos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León; se considerará alto cargo a los presidentes, consejeros delegados, directores generales, gerentes o asimilados de las empresas públicas o fundaciones públicas, independientemente del tipo de contrato o vínculo jurídico.

Una vez cerrado el ciclo procedimental y con su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, entrará en vigor el endurecimiento del código ético y de austeridad precedente; y así se da cumplimiento a una de las medidas de regeneración política e institucional que forman parte de los acuerdos de gobernabilidad suscritos por el Partido Popular y Ciudadanos.

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