Nueva flota de vehículos para la Guardia Civil
La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, y el general jefe de la 12ª Zona de la Guardia Civil, Luis del Castillo, han presentado este lunes la nueva flota de vehículos policiales que renueva el parque existente en Castilla y León fruto del acuerdo para la puesta en marcha del Plan de Transición Energética en la Administración General del Estado.
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En la presentación de estos nuevos vehículos asignados a Castilla y León dentro de ese programa de transición a una movilidad de cero emisiones, que se celebró en la Comandancia de la Guardia Civil de Soria, la delegada y el general estuvieron acompañados por el subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, y por el teniente coronel jefe de la Comandancia, Andrés Velarde.
A Castilla y León está previsto que lleguen en esta primera remesa 155 vehículos para la Guardia Civil de los cuales 119 ya han sido entregados.
Según ha señalado Barcones, “para su distribución por el territorio de la Zona se ha tenido en cuenta, además de la extensión y el número de agentes, las circunstancias particulares del parque móvil en cada una de nuestras nueve provincias”.
Así, la Comandancia de Soria recibirá 12 vehículos; la de Burgos, 21: la de Salamanca, 18; la de Zamora, 20; la de Ávila, 15; la de Valladolid, 15; la de Palencia, 14; la de Segovia, 11; la de León, 25, y la sede de la Zona, 4.
Se trata de coches patrulla, todocaminos, todoterrenos, turismos, camuflados, vehículos de custodia y transporte de detenidos y vehículos para el transporte de perros de las unidades cinológicas. La mayor parte son híbridos o eléctricos.
Esta inversión en el parque móvil de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado forma parte del acuerdo firmado en noviembre de 2021 por el Ministerio de Interior y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que se vertebra en tres tipos de actuaciones: en edificios, en infraestructuras y en la adquisición de vehículos.
La delegada del Gobierno ha recordado que presentó en la Comandancia de la Guardia Civil de Soria las inversiones en edificios del Ministerio del Interior que significarán obras por un importe de 58,6 millones de euros en Castilla y León para “situar a la Policía Nacional y a la Guardia Civil a la vanguardia de la sostenibilidad y la eficiencia energética a través de intervenciones previstas en 59 instalaciones repartidas por toda la comunidad autónoma, entre las que se encuentran comandancias, acuartelamientos, comisarías y centros penitenciarios.
Ambos ministerios acordaron una inversión global de 396 millones de euros, de los que esta comunidad autónoma recibirá más del 15 por ciento.
Para rehabilitación de edificios se destinan 196,5 millones de euros. Para infraestructuras, como alumbrado exterior, iluminación o instalaciones de autoconsumo, se prevé una inversión de 12 millones de euros. Y para movilidad sostenible, se asignan 188 millones de euros de los que 172 son para adquisición de vehículos y 16, para la instalación de puntos de recarga.
En cuanto a este último aspecto, la movilidad, el acuerdo contempla la adquisición de 5.882 vehículos nuevos en todo el país y la instalación de 3.336 puntos de recarga en los casi 1.300 cuarteles de la Guardia Civil (300 en Castilla y León) para dar cobertura a los nuevos vehículos.
La medida acercará las tecnologías verdes al ámbito rural, donde se ubican la mayor parte de los cuarteles beneficiados por la inversión, y mejorará las capacidades del Instituto Armado para ofrecer servicio a la ciudadanía en las zonas más despobladas del país.
Más seguridad
La delegada del Gobierno, Virginia Barcones, señaló que, con estas actuaciones, el Gobierno de España apuesta por reforzar el papel de la Guardia Civil en el medio rural, mejorar su calidad de vida ofreciendo a los agentes de nuestros pueblos inmuebles más cómodos y eficientes, pero además contribuir al cuidado del medio ambiente y reforzar su seguridad en carretera.
Todo ello, dijo, “es también una buena manera de cohesionar y de luchar contra la despoblación, porque la seguridad es un servicio esencial que debe ofrecerse en las mejores condiciones, y desde ambos ministerios se muestra, con estas decisiones, un claro compromiso de futuro al respecto”.
El acuerdo interministerial para el desarrollo de las actuaciones conjuntas del Plan de Transición Energética en la Administración General del Estado (AGE) busca reducir la demanda energética y la dependencia de combustibles fósiles de las infraestructuras y edificios asignados a Interior, así́ como fomentar en ellos el consumo de renovables y el autoconsumo; y facilitar la transición a una movilidad de cero emisiones en las flotas de vehículos policiales.
El acuerdo suscrito por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico con el Ministerio de Interior forma parte de un paquete global de 1.070 millones de euros que tiene como objetivo modernizar las administraciones públicas en el ámbito de la transición ecológica, en coherencia con el Pacto Verde Europeo y la Directiva de la Eficiencia Energética.
Más eficiencia
La delegada del Gobierno concluyó señalando que “este Gobierno considera prioritario invertir en seguridad en beneficio del interés general, lo que se ha traducido en un aumento presupuestario, una mejora de los medios puestos a disposición de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y un incremento del número de efectivos policiales”.
Las inversiones en edificios e infraestructuras y en la adquisición de nuevos vehículos para las flotas policiales, así como el incremento del número de efectivos son, afirmó Barcones, “evidentes mejoras en las condiciones de trabajo de los agentes”.
La delegada del Gobierno explicó que la evolución de los efectivos policiales en Castilla y León tiene un claro punto de inflexión en la última década, concretamente en 2018. Barcones facilitó cifras que considera “más que significativas” del descenso del número de agentes de ambos cuerpos, Policía Nacional y Guardia Civil, desde 2011 hasta 2017, años en los que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado perdieron 936 efectivos en esta comunidad autónoma, pasando de 10.252 en diciembre de 2011 a 9.316 en diciembre de 2017.
En sentido contrario, en 2018, esa cifra empezó a crecer hasta alcanzar casi los 10.000 agentes de nuevo en septiembre de 2021. Es decir, aumentaron en 664 efectivos en tres años. Barcones ha indicado que “en los próximos años continuarán creciendo gracias a las últimas convocatorias de la Oferta Pública de Empleo”.
La representante del Gobierno de España en la comunidad destacó también la mejora en los datos de criminalidad y esclarecimiento de delitos en Castilla y León como así demuestran las cifras: la comunidad registró a finales de 2021 una tasa de criminalidad de 31,1 delitos por cada mil habitantes. Descendió 7 décimas con respecto a la tasa de 2019, año de referencia antes de la pandemia, cuando se situaba en el 31,8.
En palabras de Barcones, “somos la cuarta comunidad autónoma más segura de España cuando por nuestra extensión y por la situación de despoblación de muchos de nuestros pueblos, la tarea de prevenir los delitos es mucho más difícil. Solo tienen tasas más bajas de delincuencia Extremadura, Asturias y La Rioja”.
De igual forma, el porcentaje de infracciones penales esclarecidas en Castilla y León alcanza en 2021 el 40,1%, frente al 38,5% de 2019, es decir, señaló la delegada, que “nuestra Policía y nuestra Guardia Civil son cada vez más eficientes. Y eso que el aumento exponencial de las estafas informáticas dificulta enormemente mantener este nivel de esclarecimientos que se acerca a la mitad de los delitos que se cometen”.
