Más de 73.000 viviendas inscritas ya en el Registro de Certificados de Eficiencia Energética
La cifra se ha multiplicado casi por cinco desde el año 2013
Sacyl refuerza la Medicina de Familia en la nueva convocatoria de formación MIR
El programa de voluntariado ambiental, secundado por casi 800 voluntarios en 2016
El Registro de Certificados de Eficiencia Energética de Castilla y León, gestionado por la Consejería de Economía y Hacienda, tiene inscritas 73.315 viviendas y edificios a fecha de 25 de julio, una cifra que se ha multiplicado casi por cinco desde 2013.
Es en este año cuando entra en vigor el Real Decreto 235/2013, por el que se hace obligatorio disponer de esta etiqueta para alquilar o vender cualquier inmueble, un requisito que hasta entonces sólo era exigible para nuevas construcciones. Casi el 89 % de estas acreditaciones se corresponden con pisos, bloques y chalés, de los que siete de cada diez han obtenido una calificación energética D o E en emisiones de dióxido de carbono.
La certificación de eficiencia energética es un procedimiento oficial que califica energéticamente un inmueble calculando tanto el consumo anual de energía necesario para cubrir su demanda en condiciones normales de ocupación y funcionamiento, como las emisiones de dióxido de carbono asociadas. Su tramitación está regulada en el RD 235/2013 de 13 de abril.
La normativa precisa que el certificado debe incluir valores de referencia y requisitos mínimos con el fin de que los propietarios o arrendatarios de una vivienda puedan comparar y evaluar su eficiencia energética. De esta forma, se avanza hacia el objetivo de la Unión Europea de conseguir edificios con un consumo energético casi nulo en 2020, recogido con carácter imperativo en la Directiva 2010/31/UE.
El Registro de Certificaciones de Eficiencia Energética de Castilla y León empezó a funcionar en enero de 2012, cuando esta etiqueta sólo era obligatoria para nuevas construcciones, y en mayo de 2013 se modificó el procedimiento de inscripción para adaptarlo a los nuevos preceptos legales, modificando la aplicación informática CEREN para la tramitación telemática de los certificados, tanto para obras nuevas como para los relativos a edificios ya existentes, siendo posible su expedición, modificación, actualización, renovación y anulación por internet.
En 2012, sólo existían seis inmuebles en el Registro autonómico, una cifra muy baja que se explica tanto por el desconocimiento de la obligatoriedad de la inscripción de estos certificados como por el hecho de que este trámite sólo fuera obligatorio para la obra nueva en un ejercicio de crisis de la actividad inmobiliaria y de construcción.
El número de registros empieza a aumentar progresivamente en 2013, especialmente desde la publicación del RD 235/2013 a mediados de abril, y alcanza los 15.025. Al año siguiente se bate el récord de registros, con casi 27.975 nuevas entradas y 43.000 certificados a 31 de diciembre de 2014.
Las altas se han mantenido a buen ritmo durante 2015 (con más de 18.638 certificados incorporados) y esta tendencia continúa en los primeros meses de 2016, en los que el Registro está añadiendo una media de 1.600 etiquetas mensuales.
Certificados expedidos por provincias
De esta forma, se ha llegado a 73.315 certificaciones definitivas a finales de julio, de las que 4.191 se han emitido en la provincia de Ávila; 10.675 en Burgos; 13.803 en León; 4.873 en Palencia; 12.255 en Salamanca; 4.949 en Segovia; 2.153 en Soria; 16.929 en Valladolid y 3.391 en Zamora.
Las diferencias numéricas interprovinciales son coherentes con el padrón de habitantes de cada territorio y con la actividad económica predominante, aspectos que inciden en la construcción de viviendas nuevas, la rehabilitación de las existentes o una mayor tendencia al alquiler.
En cuanto a la tipología de edificios que cuentan con certificación definitiva, cabe destacar que casi el 89 por ciento son viviendas (65.055 en total), ya sean bloque, individual en bloque, unifamiliar, unifamiliar aislada, adosada o pareada. El 11 por ciento restante (8.260 inmuebles) son edificios de uso terciario, donde se incluyen locales, oficinas, hoteles y residencias y centros docentes y sanitarios, entre otros.
