La Junta evalúa su respuesta a familias durante pandemia
El Consejo de Gobierno de la Junta ha analizado esta mañana el informe elaborado por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades en el que se evalúan las principales medidas de apoyo a las familias de Castilla y León.
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En el documento se pone de manifiesto, según ha resaltado el Gobierno regional en un comunicado, que las políticas impulsadas por este departamento del Ejecutivo autonómico han logrado ofrecer una respuesta eficaz y una atención adecuada a los más vulnerables ante las nuevas necesidades surgidas en el difícil año de la pandemia.
Uno de los principales instrumentos a disposición de las familias de la Comunidad es la Red de Protección, una herramienta que ha sido esencial para afrontar la crisis derivada de la emergencia sanitaria.
En su cartera de servicios figura la entrega de alimentos, cuya demanda creció de forma sustancial durante 2020.
El reparto ordinario –que atienden los Bancos de Alimentos, Cruz Roja y entidades encargadas de su distribución– prestó cobertura el pasado año a 92.881 personas, 7.081 más que en el ejercicio anterior, lo que supone un incremento del 8,25 por ciento.
Más abultada aún fue la demanda de reparto urgente de comida, un servicio que fue creado en 2013 para atender necesidades sobrevenidas y reforzado en el mes de marzo de 2020, ante la previsión de que el confinamiento y la situación sanitaria y social diera lugar a un repunte de solicitudes. Durante los meses más duros de la pandemia, se distribuyeron alimentos, productos de higiene y, puntualmente, medicamentos, para evitar desplazamientos de pacientes de riesgo al centro sanitario. Al finalizar el año, desde este servicio se había atendido a 21.583 familias, frente a las 166 que precisaron esta ayuda en 2019. Es decir, la demanda se multiplicó por 130.
Renta Garantizada de Ciudadanía
Otra de las medidas incluidas en la de Red de Protección es la Renta Garantizada de Ciudadanía –consagrada como derecho subjetivo en el Estatuto de Autonomía–, que al cierre de 2020 contaba con 11.526 titulares de la prestación y 26.529 beneficiarios.
Estas cifras son ligeramente inferiores a las contabilizadas en 2019 –cuando había 13.069 titulares y 30.007 beneficiarios– como consecuencia, fundamentalmente, de la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital (IMV).
La Junta ha recordado que el pasado noviembre fue aprobada en las Cortes una ley que modificaba la normativa reguladora de la Renta Garantizada para compatibilizar su percepción con el IMV y evitar así que ningún castellano y leonés cobre menos con la prestación estatal que con la autonómica.
Es la Junta la que, con sus fondos autónomos, asume ese coste para compensar económicamente a los beneficiarios.
Como complemento a la Renta Garantizada, el Gobierno autonómico está impulsando otras medidas para facilitar la inserción sociolaboral de los perceptores.
El pasado año se convocaron dos líneas de subvenciones. La primera, por un importe superior a los dos millones de euros cofinanciados por el Fondo Social Europeo (FSE), facilitó la contratación de 188 perceptores de la prestación autonómica en entidades sin ánimo de lucro y empresas. Y con la segunda, con un presupuesto de más de 1,9 millones de euros, 12.275 personas en situación de exclusión social participaron en los itinerarios integrados y personalizados de inserción que eran objeto de la convocatoria.
En cuanto a las medidas habilitadas para paliar la pobreza energética, el documento analizado hoy en Consejo de Gobierno detalla que el pasado año se evitó el corte de suministro de energía en 172 hogares. En este caso, esta cifra es la mitad de la contabilizada en un año ordinario, como 2018, si bien hay que tener en cuenta que con la declaración del estado de alarma se decretó la prohibición de interrumpir el abastecimiento de luz, gas y agua a los consumidores vulnerables y a personas en riesgo de exclusión social.
Finalmente, dentro de la Red de Protección se presta un servicio integral de apoyo a personas en riesgo de desahucio. Todas las familias que han recurrido a él –527 durante el pasado año– han recibido atención profesional y soluciones individualizadas y adaptadas a sus capacidades económicas.
Servicios para facilitar la conciliación
El informe confeccionado por el departamento que dirige Isabel Blanco examina también la eficacia de las medidas dirigidas a facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
Una de ellas es la red de centros infantiles de Castilla y León de 0 a 3 años, que a finales del pasado año contaba con 32.739 plazas, de las que el 46,6 % son públicas y el 53 % privadas. Además, casi cuatro de cada diez se encuentran en el medio rural. La cobertura de plazas para pequeños de 0 a 3 años alcanza en Castilla y León el 53,1 %, más de 20 puntos por encima de las recomendaciones europeas.
De forma complementaria, el programa Crecemos –en el que colaboran la Junta, las diputaciones provinciales y los ayuntamientos– ofrece cobertura a menores de 0 a 3 años en municipios del ámbito rural con una demanda inferior a 15 plazas donde no existe ningún otro recurso. En la actualidad existen 260 centros con 3.695 plazas atendidas por 400 profesionales.
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades también reforzó el pasado año Conciliamos, una iniciativa para facilitar que los padres puedan compaginar su actividad profesional con el cuidado de sus hijos de entre 3 y 12 años. El programa se extendió a municipios con una población desde 3.000 habitantes, se amplió al mes de agosto y se implantó servicio de comedor y de tardes para aquellas familias que lo necesitaran. También se adaptó a las circunstancias y a la normativa sanitaria, reduciendo la ratio de niños por monitor de 15 a 8. La pandemia redujo a 5.294 los menores usuarios del servicio –frente a los 8.860 niños que participaron en sus actividades en 2019–, que no estuvo operativo en Semana Santa debido al confinamiento. No obstante, el programa se celebró en 48 localidades –14 más que un año antes– y en 53 centros –12 más que en 2019–.
Ayudas directas y deducciones fiscales
Las ayudas en materia de conciliación que anualmente venía convocando el área de Familia e Igualdad de Oportunidades, en el marco de los acuerdos del Diálogo Social, se reforzaron también con el estallido de la emergencia sanitaria, dentro del plan de medidas extraordinarias para la protección de trabajadores, empresas, familias y personas vulnerables. Se amplió el crédito disponible y se flexibilizaron los requisitos de acceso a estas subvenciones para favorecer tanto las reducciones de jornada, como las excedencias por cuidado de hijos. El pasado año, se concedieron 358 ayudas por más de 408.000 euros en la primera modalidad y 186 por más de 192.500 euros para el segundo de los supuestos.
A ello hay que añadir las 1.223 ayudas directas por una cuantía de casi 895.000 euros otorgadas para financiar los gastos de guarderías de las familias que no se pudieron acoger a la bonificación sobre el IRPF que aplica la Junta en el tramo autonómico por no haber presentado declaración de la renta o por superar los niveles de ingresos previstos en su regulación.
A este respecto, el informe constata también que la Junta mantiene el catálogo de beneficios fiscales de apoyo a las familias, donde se incluyen desgravaciones por nacimiento, parto múltiple y adopción; familias numerosas y cuidado de hijos, entre otras.
Mediación para la resolución de conflictos
Otra de las herramientas de ayuda a las familias más vulnerables es el servicio de mediación –de carácter gratuito–, un instrumento extrajudicial y voluntario de resolución pacífica de conflictos en el ámbito familiar, que se concreta en la intervención de un profesional neutral e imparcial en los procesos de ruptura de la convivencia, separación o divorcio. Este servicio se activó en once ocasiones en 2020.
Del mismo modo, se impulsó la mediación familiar intrajudicial a través de un convenio de colaboración entre la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, el Consejo General del Poder Judicial y el Colegio de Abogados de Valladolid, que se viene desarrollando en los juzgados y tribunales de Valladolid. A este servicio recurrieron 197 familias el año pasado.
