La Junta es la octava administración autonómica más saneada
Según los datos publicados por el Banco de España
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La deuda viva de Castilla y León se ha situado al cierre del primer trimestre de 2016 en 10.582 millones de euros, una cantidad equivalente al 19,4 por ciento de su Producto Interior Bruto (PIB), lo que permite a la Comunidad consolidarse como la octava más saneada del país.
Los datos publicados hoy por el Banco de España revelan que la Junta de Castilla y León es una de las cinco que ha reducido el peso relativo de su deuda con respecto al término de 2015, lo que amplía hasta 4,9 puntos su diferencial con la ratio media nacional, que alcanza el 24,3 por ciento.
Nueve comunidades autónomas presentan una deuda viva mayor que Castilla y León en relación con el tamaño de sus respectivas economías. Son Valencia, Castilla-La Mancha, Cataluña, Baleares, Murcia, Cantabria, Andalucía, Aragón y Extremadura.
La estadística del supervisor bancario evidencia que la Comunidad ha logrado mantener una posición relativa favorable en los años en los que la situación económica ha obligado a las administraciones públicas a incurrir en un mayor endeudamiento, una fuente extraordinaria de financiación que la Junta ha manejado siempre con responsabilidad y prudencia.
De hecho, Castilla y León es responsable del 4,01 por ciento del conjunto de la deuda vida de todas las autonomías, que asciende a 264.174 millones en términos del Sistema Europeo de Cuentas (SEC).
En el comienzo del año, el endeudamiento se ha incrementado en cifras absolutas en todas las comunidades a excepción de Canarias y Valencia, territorio este último que mantiene congelado el importe.
Deuda viva
En concreto, la deuda viva conjunta se ha elevado en 2.717 millones de euros en el primer trimestre respecto al último de 2015 –un 1,04 por ciento en términos relativos–, de los que sólo 25 millones de euros corresponden a Castilla y León, lo que supone un aumento del 0,23 por ciento, cuatro veces menos que la media.
Este porcentaje sitúa a nuestra comunidad como la tercera en la que menos ha crecido el endeudamiento intertrimestral, por detrás de Cataluña y Castilla-La Mancha, y sin tener en cuenta a Valencia y a Canarias.
El Banco de España incluye en su cómputo el endeudamiento concertado por las comunidades a través de los mecanismos de financiación puestos en marcha por el Gobierno a partir de 2012, es decir, el Fondo de Pago a Proveedores (FFPP) y los compartimentos del Fondo de Facilidad Financiera (FFF) y del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).
En la deuda viva atribuida a Castilla y León sólo se incorporan los créditos con cargo al FFF, que la Junta formalizó en 2015 por importe de 2.053 millones de euros, y que se han destinado preferentemente al pago a proveedores y, en una cuantía menor, a financiar la cuota correspondiente de las liquidaciones negativas de 2008 y 2009 y a cubrir amortizaciones del ejercicio.
El aumento del endeudamiento registrado por nuestra Comunidad en este primer trimestre obedece, principalmente, a las disposiciones efectuadas en enero del resto del préstamo de Facilidad Financiera.
El Banco de España también suma en su estadística las operaciones de ‘factoring’ sin recurso, es decir, la cesión a instituciones financieras de algunos créditos comerciales frente a las administraciones públicas y préstamos para proyectos de colaboración público-privada.
La primera modalidad suma hasta marzo 168,4 millones, mientras que por el segundo concepto se contabilizan 299 millones de euros.
Préstamos a las empresas
Asimismo, en el montante que alcanza el pasivo de Castilla y León al cierre del primer trimestre está incluida una partida de 459,3 millones, que son los préstamos formalizados por la Junta para apoyar a las empresas y financiados en su mayoría por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), por lo que se recuperan para la arcas autonómicas tanto el capital como los intereses correspondientes.
Si se atiende a la titularidad de los 10.582 millones de euros que alcanza el endeudamiento de la Comunidad, el 95 por ciento corresponde a la Administración; el 4 por ciento recae en las universidades y entes públicos de derecho privado y sólo el 1 por ciento es responsabilidad de las empresas públicas.
Estas cifras son las que se consideran a efectos del Sistema Europeo de Cuentas, metodología que excluye del cómputo total los créditos contraídos por las empresas públicas que realizan actividades de mercado.
Su deuda ascendía en marzo a 168 millones de euros, el 0,3 % sobre el PIB, una décima inferior a la ratio del conjunto de comunidades.
Por lo tanto, la suma de la deuda que computa el SEC (10.582 millones de euros) y la que no (168 millones de euros) asciende a 10.750 millones de euros, una cifra equivalente al 19,7 por ciento del PIB.
El endeudamiento global del sector público de Castilla y León representa el 4 por ciento del contabilizado en el total autonómico, que alcanza los 269.060 millones de euros (el 24,7 por ciento en términos relativos).
La cartera de deuda de Castilla y León en términos del Sistema Europeo de Cuentas está concertada íntegramente en moneda euro y diversificada, tanto por la modalidad de las operaciones –el 75 por ciento son préstamos y el 25 por ciento emisiones–, como por la procedencia de los prestamistas, con predominio de los nacionales. El Fondo de Facilidad Financiera es uno de los principales proveedores financieros de la Comunidad, tras la deuda instrumentada en títulos valores.
