La Junta da nuevo paso para flexibilizar la PAC y reclama al Ministerio cambios inmediatos
La Junta de Castilla y León ha dado hoy un nuevo paso en su estrategia de defensa de una Política Agraria Común más flexible, más sencilla y más adaptada a la realidad de las explotaciones agrarias.
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La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, ASAJA de Castilla y León, la Alianza por la Unidad del Campo UPA-COAG y la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) han respaldado hoy una posición conjunta para reclamar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la modificación de determinados requisitos de los ecorregímenes de la PAC, con el fin de facilitar su cumplimiento y reducir las cargas que soportan agricultores y ganaderos.
El acuerdo ha quedado formalizado mediante una declaración conjunta suscrita por todas las organizaciones profesionales agrarias representativas del sector y por la Consejería, trasladándose posteriormente al Ministerio a través de una carta firmada por el consejero, Joaquín Antonio Pino, en la que se solicita la puesta en marcha inmediata de las modificaciones normativas necesarias para que estas medidas puedan aplicarse ya en la campaña 2027.
La declaración conjunta firmada hoy evidencia el amplio consenso existente en Castilla y León en torno a la necesidad de revisar determinados aspectos de los ecorregímenes. Las organizaciones profesionales agrarias y la Consejería comparten el criterio de que los objetivos ambientales de la PAC deben mantenerse, pero mediante requisitos proporcionados, aplicables y compatibles con la rentabilidad de las explotaciones.
Las propuestas remitidas al Ministerio persiguen un objetivo claro: mantener los compromisos ambientales exigidos por la PAC, pero permitiendo que puedan cumplirse de una manera más racional, más sencilla y mejor adaptada a las condiciones agronómicas de cada explotación.
Entre otras medidas, se plantea que las explotaciones que combinan secano y regadío puedan computar conjuntamente las superficies acogidas a la práctica de rotación con especies mejorantes, permitiendo que los agricultores sitúen estos cultivos allí donde resulten más adecuados desde el punto de vista productivo y agronómico. Asimismo, se solicita eliminar la obligación de dedicar un porcentaje específico a cultivos de leguminosas, manteniendo el requisito global de especies mejorantes pero dejando libertad al agricultor para elegir aquellas que mejor se adapten a su explotación.
La propuesta también reclama que los barbechos puedan reconocerse directamente como espacios de biodiversidad, sin necesidad de imponer nuevas actuaciones o costes adicionales para acceder a las ayudas correspondientes.
La Junta reclama cambios en la regulación estatal
La Consejería ha subrayado que esta iniciativa responde a una estrategia sostenida de simplificación y flexibilización de la PAC.
La Junta ha venido aprovechando todas las posibilidades que ofrece la normativa para facilitar la gestión de las explotaciones agrarias y reducir cargas administrativas, al tiempo que plantea al Ministerio aquellas modificaciones que, por exceder del ámbito competencial autonómico, requieren cambios en la regulación estatal.
En este sentido, la Dirección General de Política Agraria Comunitaria declaró recientemente la existencia de circunstancias excepcionales derivadas de la elevada presencia de topillo campesino en distintas zonas de la Comunidad, atendiendo a las recomendaciones científico-técnicas formuladas para el control de la plaga y la protección de la actividad agraria.
Como consecuencia de dicha situación excepcional, la Junta aprobó un primer paquete de medidas de flexibilización de los ecorregímenes para la campaña 2026/2027. Entre ellas, se redujo al 25 % la superficie exigida para el cumplimiento de la práctica de rotación con especies mejorantes, se permitió que las superficies de barbecho posteriores a leguminosas computaran a efectos del porcentaje de rotación y se autorizó la realización de labores verticales en superficies acogidas a siembra directa cuando resultara necesario para aplicar las recomendaciones de control del topillo campesino.
La Junta de Castilla y León amplía ahora estas medidas mediante una nueva resolución de la Dirección General de Política Agraria Comunitaria, dando un paso adicional en la flexibilización de los ecorregímenes al extender a la siembra directa la reducción al 25 % de la superficie sometida a rotación y permitir igualmente el barbecho posterior a leguminosas.
Estas actuaciones evidencian la voluntad de la Junta de aprovechar al máximo todas las posibilidades de flexibilidad previstas en la normativa para facilitar la actividad de agricultores y ganaderos, reducir cargas innecesarias y permitir que las decisiones agronómicas respondan a las necesidades reales de cada explotación.
Una prioridad política desde el inicio de la legislatura
La flexibilización de la PAC y la reducción de cargas burocráticas constituyen una de las principales líneas de actuación impulsadas por la Consejería desde el inicio de la legislatura. La Junta de Castilla y León ha trasladado de forma constante al Ministerio de Agricultura y a las instituciones europeas la necesidad de adaptar las exigencias administrativas de la política agraria a la realidad productiva de las explotaciones y de reforzar la capacidad de decisión de agricultores y ganaderos.
Esta posición se ha traducido en actuaciones concretas para aprovechar todas las posibilidades de flexibilidad que permite la normativa vigente, facilitar el acceso a las ayudas y reducir obligaciones que, con frecuencia, generan costes y rigideces sin aportar beneficios proporcionales para las explotaciones.
Tanto las propuestas remitidas hoy al Ministerio como las medidas de flexibilización aprobadas por la Junta responden a un mismo planteamiento: mantener los objetivos ambientales de la PAC, pero alcanzarlos mediante reglas más sencillas, proporcionadas y adaptadas a la diversidad agronómica de los territorios.
La Junta de Castilla y León viene defendiendo que la sostenibilidad ambiental, la producción de alimentos y la rentabilidad de las explotaciones no son objetivos incompatibles, sino realidades que deben avanzar de forma equilibrada.
Por ello, considera que los agricultores y ganaderos, como mejores conocedores de las necesidades de sus explotaciones, deben disponer de un mayor margen para decidir cómo organizar cultivos, rotaciones y alternativas productivas dentro del marco general establecido por la normativa.
En este sentido, el consejero, Joaquín Antonio Pino, ha defendido reiteradamente que la PAC debe incentivar la actividad productiva y la conservación del medio natural sin imponer requisitos excesivamente rígidos o alejados de la realidad del campo. La Junta seguirá promoviendo un modelo basado en la confianza en los profesionales agrarios, en la simplificación administrativa y en la eliminación de trabas innecesarias que dificultan el desarrollo de la actividad agraria.
Reducción de cargas burocráticas
La posición trasladada hoy al Ministerio y respaldada por las organizaciones profesionales agrarias parte de una idea compartida: la competitividad del sector no se mejora multiplicando obligaciones administrativas, sino permitiendo que agricultores y ganaderos dediquen más tiempo a producir y menos tiempo a cumplir trámites.
Por ello, la Consejería continuará impulsando todas las medidas de simplificación y flexibilización que se encuentren dentro de sus competencias, al tiempo que seguirá trasladando al Gobierno de España la necesidad de revisar aquellos requisitos de la PAC que generan costes, rigideces o limitaciones innecesarias para las explotaciones.
Con estas actuaciones, la Junta reafirma su apuesta por una política agraria basada en la confianza en los profesionales del campo, en la reducción de cargas burocráticas y en la búsqueda de soluciones prácticas que permitan compatibilizar la sostenibilidad ambiental con la rentabilidad de las explotaciones.
“La sostenibilidad ambiental y la viabilidad económica no son objetivos incompatibles. Al contrario, la mejor garantía de conservación del territorio, del paisaje y del medio rural es que existan explotaciones agrarias rentables, profesionales y con capacidad para seguir produciendo. El agricultor y el ganadero necesitan reglas claras, objetivos alcanzables y libertad para gestionar su explotación. Y ahí Castilla y León lleva toda la legislatura defendiendo exactamente la misma posición: utilizar todas las competencias disponibles para simplificar, flexibilizar y poner la administración al servicio de quienes viven del campo” ha señalado el consejero