Junta y corporaciones refuerzan recursos para erradicar chabolismo
Erradicar el chabolismo en Castilla y León a través de actuaciones integrales para que todas las personas tengan igualdad de oportunidades y puedan salir de la exclusión social es el principal objetivo del acuerdo suscrito hoy entre la Junta y la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León.
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La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades apuesta por incrementar la participación de la comunidad gitana en los órganos de participación en el ámbito de los Servicios Sociales y, en 2017, se constituyó un grupo de trabajo a tal efecto en el Consejo de Servicios Sociales.
Una de las primeras iniciativas de ese grupo de trabajo fue la elaboración del primer informe sobre la situación de la población gitana en Castilla y León, que refleja tanto las principales necesidades de esta comunidad como los importantes avances sociales que ha experimentado en los últimos años, entre ellos los avances en materia de vivienda.
Aunque los datos de este informe señalan que el chabolismo en Castilla y León es residual, se quiere dar respuesta a esta realidad para erradicar en los próximos años los últimos asentamientos existentes, que afectan fundamentalmente a población gitana.
En Castilla y León existían en 2007 cerca de 160 chabolas, número que se ha reducido una tercera parte en 2015, con 45.
En todo caso, el chabolismo también es una excepción dentro de la propia población gitana, ya que en Castilla y León viven más de 25.000 personas gitanas y el 99 % habitan en viviendas, ocupando alrededor de 5.300.
La Junta y la FRMPCyL se unen ahora para poner en marcha un programa de actuaciones que supone un nuevo paso contra la exclusión social y que da una respuesta integral a los últimos restos del chabolismo en la Comunidad.
Lucha contra la pobreza y la exclusión social
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, ha subrayado que la lucha contra la exclusión y la pobreza es una prioridad para la Junta de Castilla y León.
En virtud del acuerdo firmado hoy, la Consejería coordinará un proceso por el que se determinará la existencia de situaciones de vulnerabilidad de las familias que habitan en chabolas, especialmente cuando haya presencia de menores, todo ello en colaboración con los ayuntamientos que se adhieran al programa y con las entidades del tercer sector que trabajan en favor del pueblo gitano.
La Consejería, como entidad responsable de la Red de Protección, pone a disposición de las personas y familias en situación de vulnerabilidad un amplio conjunto de medidas, servicios y ayudas dirigidas a asegurar la cobertura de las necesidades más básicas, entre ellas la vivienda.
Unas ayudas y prestaciones que se ponen a disposición de este protocolo y entre las que se pueden encontrar las Ayudas económicas de emergencia (en 2017 beneficiaron a cerca de 30.000 personas de estas ayudas); la Prestación económica frente a situaciones de deuda hipotecaria (se concedieron 937 en 2017); la Prestación económica frente a situaciones de deuda por alquiler habitual (más de 9.000 ayudas concedidas en 2017); la Prestación para el pago de suministros energéticos en el hogar (más de 10.000 ayudas en 2017 concedidas), o los convenios suscritos con las compañías energéticas para evitar el corte del suministro a los hogares vulnerables en esta materia (del que se beneficiaron 537 familias en 2017).
Familia e Igualdad de Oportunidades trabaja con las entidades locales para desarrollar todo este trabajo gracias al Acuerdo Marco de cofinanciación de los Servicios Sociales.
Junto a esto, existe una estrecha colaboración con las entidades del tercer sector que trabajan por la población gitana para el desarrollo de programas de atención, inclusión y empleo para lograr la inserción social que el pasado año beneficiaron a 15.000 personas y a los que la Junta destinó 900.000 euros.
Estas actuaciones se desarrollaron a través de los Programas de inclusión social, de formación y desarrollo integral, los Itinerarios de inserción y contratación de perceptores de Renta Garantizada de Ciudadanía, y actuaciones diversas de apoyo a la escolarización y al éxito escolar y de búsqueda activa de empleo.
Apoyo a la vivienda
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente, mediante la firma de este protocolo, se compromete a aportar los medios materiales y económicos precisos para conseguir erradicar definitivamente el chabolismo. Suárez-Quiñones ha recordado las líneas de trabajo de la Consejería, como el Programa de prevención de la marginalidad, que se inició en el año 2000 y mediante el cual se han firmado 23 convenios en 12 ciudades con una inversión total que asciende a los 22,6 millones de euros, financiados al 50 % por la Junta y los Ayuntamientos.
El Plan de Rehabilitación Integral de Castilla y León incluía como uno de los ejes de actuación de intervención las acciones de erradicación de la infravivienda y el chabolismo, lo que ha tenido continuidad en la Estrategia de Regeneración Urbana, que propone la necesidad de intervención en los espacios urbanos más vulnerables desde el punto de vista social y urbanístico, siendo el chabolismo la expresión más extrema de la infravivienda.
La política de realización de Áreas de Regeneración y Renovación Urbanas en la Comunidad, que condensa una inversión de 300 millones de euros en los últimos años, ha pretendido también evitar los escalones de calidad en las ciudades, así como que haya zonas de segregación social donde la vulnerabilidad de las personas con menos recursos se convierta, en un bien básico como es la vivienda, en un elemento de desigualdad.
Por otro lado, Fomento y Medio Ambiente propone alternativas al chabolismo y apuesta por la vivienda social a través de la creación del parque público de alquiler social, donde se incluyen viviendas destinadas a familias con situaciones económicas y sociales difíciles. El parque público de Castilla y León se ha duplicado durante la legislatura y cuenta con casi 2.000 viviendas en la actualidad, una cifra que se ha alcanzado gracias a la incorporación de viviendas procedentes de la propia Junta, de la Sareb, de convenios con ayuntamientos y obispados y las construidas por Somacyl, en régimen de alquiler con opción a compra. Las ayudas al alquiler social constituyen otra de las líneas de trabajo de vivienda social que desarrolla la Consejería.
En lo referente al protocolo firmado hoy y a la Federación Regional de Municipios y Provincias, esta entidad se compromete a llevar a cabo las actuaciones necesarias para impulsar acciones de información y colaboración entre los ayuntamientos en los que existan asentamientos chabolistas para que conozcan la existencia de este protocolo y poder lograr así una gestión coordinada de la atención a las personas o familias que habiten en tales.
