Intervención del presidente Herrera en el debate de la comunidad

I.- Señora Presidenta. Señoras y Señores Procuradores:

• Desde el anterior Debate de Política General, estas Cortes han aprobado dos Leyes muy importantes e innovadoras en materia de CALIDAD DE LA POLITICA. La Ley de garantías de los informantes de hechos relacionados con posibles delitos contra la Administración Pública, y la Ley del Estatuto del Alto Cargo de la Administración de la Comunidad.

En particular, y además de otros contenidos, esta última incorpora una regulación muy completa de la figura del alto cargo. Con normas relativas a su nombramiento, idoneidad, obligaciones y limitación de mandatos; régimen de incompatibilidades, actividades compatibles, y conflicto de intereses; código ético y de austeridad, y registro de bienes y actividades; cese y obligaciones y limitaciones derivadas del mismo.

En este último punto, el artículo 12 de esta Ley establece con carácter general que es la apertura de juicio oral la que debe determinar el cese, en ejercicio de su responsabilidad política, del alto cargo que esté incurso en una investigación judicial por delitos contra la Administración Pública.

Considero que esta clara previsión legal nos exige a todos una reflexión y una dosis de serenidad cuando desgraciadamente se producen, como ocurre ahora, actuaciones judiciales por posibles casos de corrupción que afectan a altos cargos o a ex altos cargos de la Junta, hechos que causan una justificada alarma social y política.

Los Juzgados de Instrucción 2 y 4 de Valladolid tienen abiertas sendas Diligencias Previas de investigación sobre una serie de hechos que pudieran ser constitutivos de delito, en relación respectivamente con la compra de un edificio para uso público y de suelo para uso industrial, y con la autorización de parques eólicos en Castilla y León.

En las últimas semanas, dicha investigación judicial se ha extendido a la persona que por designación mía fue miembro de la Junta entre 2001 y 2015, y principal responsable de su política económica, quien ha sido citado a declarar en los dos procedimientos en condición de investigado. Esto pone de manifiesto que en ambos casos las investigaciones están en curso. Que las mismas no han concluido. Y que desde luego no se ha producido esa “apertura de juicio oral” a la que se refiere el citado artículo 12 del Estatuto del alto cargo.

Respecto de dichas actuaciones judiciales, y en línea con lo que expresé en mi reciente comparecencia parlamentaria, lo que procede es reiterar varias cosas. En primer lugar, que nadie está por encima de la Ley, y menos aún en el ejercicio de responsabilidades públicas, en las que no cabe ninguna tolerancia con la corrupción. La total confianza en el Estado de Derecho y en la Justicia, desde nuestro interés como el que más de conocer cuanto antes la verdad de lo sucedido. El máximo respeto por todas esas actuaciones judiciales, por las decisiones que los Jueces vayan adoptando, y los procedimientos y garantías legales de las mismas. La voluntad de seguir colaborando proactivamente con la Justicia. Y la convicción de que la inmensa mayoría de los responsables políticos que ha tenido y tiene Castilla y León en todos estos años han sido y son unos honrados servidores públicos.

En este mismo ámbito de la calidad de la política, está en tramitación ante esta Cámara otra iniciativa que sin duda también la mejora, como es el Proyecto de Ley de Reconocimiento y Atención a las Víctimas del Terrorismo.

Además, a finales del verano aprobaremos el Anteproyecto de Ley de Diálogo Civil y Democracia Participativa, para el que hace un año solicitamos las aportaciones de los Grupos parlamentarios, y cuyo borrador está muy avanzado. Esta norma será un acicate a la participación de las organizaciones representativas de intereses sociales; regulará las iniciativas ciudadanas (incluyendo la iniciativa reglamentaria popular); y establecerá el régimen jurídico de las consultas populares en el ámbito de las competencias de la Junta. Asimismo, preverá el contenido e indicaciones para la elaboración de la Estrategia de Participación Ciudadana de Castilla y León.

Por otro lado, hemos cumplido el compromiso de enriquecer el Portal de Gobierno Abierto con un espacio destinado a mejorar la transparencia en la información relativa a nuestros servicios sanitarios. Asimismo, estamos entre las 10 Comunidades que cumplen las previsiones legales sobre publicación de los contratos en la Plataforma de Contratación Pública del Estado, como ha reconocido hace sólo unos días Transparencia Internacional. Y el Índice 2016 elaborado por esa Organización, y publicado en diciembre, otorgó a Castilla y León un sobresaliente en transparencia, con 94,4 puntos. En un plano más cualitativo, Transparencia Internacional valora que la información ofrecida a través de nuestro Portal de Gobierno Abierto tiene un alto nivel de calidad, tan sólo superado por tres Comunidades. Lo que sin duda nos exige mantener el esfuerzo por seguir mejorando en todas estas cuestiones.

• La segunda cuestión de interés político a la que debo hacer referencia es la relativa a la CULMINACIÓN DEL MODELO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. Un modelo eminentemente municipalista. Que pretende, por un lado, garantizar los servicios que presta la Junta, especialmente en el medio rural. Y por otro, favorecer que los pequeños municipios tengan capacidad de prestar de la forma más eficiente los servicios que las Leyes les encomiendan, a través de su asociación voluntaria.

Todas las normas que han ido desarrollando esta Ordenación se pactaron, en la pasada Legislatura, entre los dos Grupos mayoritarios de la Cámara. Y a comienzos de la actual, se acordó continuar avanzando en ese modelo con todos los Grupos que accedieron a las nuevas Cortes, como se firmó en julio de 2015.

Pues bien, tras un año de negociaciones, a finales de enero la Junta aprobó el Proyecto de Ley del Mapa de Unidades Básicas de ordenación y servicios del territorio de Castilla y León. Una Ley que debe ser la culminación del modelo, una vez aprobadas las tres Leyes anteriores (que regularon la propia Ordenación, la participación en los tributos de la Junta, y las Áreas Funcionales Estables), además del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Mancomunidades de Interés General. El Proyecto de Ley del Mapa de Unidades Básicas garantiza la continuidad de las mancomunidades ahora existentes. E introduce elementos de flexibilización que dan respuesta a las propuestas recibidas en las múltiples fases de participación a las que el texto se ha sometido. Antes de su remisión a esta Cámara, el Proyecto de Ley recibió una valoración muy positiva por todos los Grupos del Consejo Económico y Social.

Debemos ser conscientes de la especial trascendencia que tiene este Mapa de las Unidades Básicas. Primero, porque se dirige a las personas que más beneficios pueden obtener de la ordenación del territorio: las 900.000 que viven en el medio rural. Y segundo, porque permitirá desbloquear el camino para aprobar las Áreas Funcionales Estratégicas, y elaborar a partir de ellas el Plan Plurianual de Convergencia Interior, así como regular el Fondo autonómico de Compensación que ha de financiarlo. Todo ello con un objetivo común: hacer frente a los desafíos demográficos, económicos y sociales de las zonas más desfavorecidas de la Comunidad, o afectadas por circunstancias extraordinarias. Considero que tenemos la obligación de hacer un esfuerzo para culminar este proceso de Ordenación territorial, y abrir definitivamente el camino a estos proyectos, todos los cuales son claramente asuntos “de Comunidad”.

Mientras, y conforme a los compromisos asumidos, el Presupuesto 2017 ha incluido por primera vez, como Anexos, las actuaciones correspondientes al Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros de Castilla y León (por valor de 13,8 M€), así como al Plan de Dinamización Económica y Demográfica de la Provincia de Soria (por valor de 29,5 M€). Planes aquí consensuados, y cuyo desarrollo integra esfuerzos de las distintas Administraciones Públicas y de los agentes económicos y sociales.

Respecto del conjunto de las Entidades Locales de Castilla y León, el Presupuesto 2017 ha dotado también, con una cuantía global de 62,4 M€, los dos Fondos previstos por la Ley que regula la participación de aquéllas en los ingresos tributarios de la Comunidad. En la Investidura comprometimos 250 M€ para la Cooperación económica general con las Corporaciones Locales a lo largo de la Legislatura. En el ecuador de la misma ya hemos dedicado casi 150 M€, esto es el 60% de aquella cantidad. En 2017, el conjunto de la Cooperación económica con las Entidades Locales, la general más la sectorial, alcanzará los 287,6 M€, lo que supone un crecimiento superior al 20% sobre 2016 que expresa claramente nuestra apuesta municipalista. Y nos carga de razón para seguir muy atentos la actividad del grupo de trabajo específico que está analizando la futura reforma de las Haciendas Locales, que siempre hemos defendido que debía impulsarse en paralelo a la reforma del sistema de financiación autonómica, y tener especialmente en cuenta las necesidades de los pequeños municipios.

Además, en los próximos meses remitiremos a estas Cortes el Proyecto de Ley de creación de la Conferencia de Alcaldes y Presidentes de Diputación de Castilla y León, cuya tramitación ya está iniciada. Un Proyecto que también incluirá la regulación del Estatuto del Concejal, cuyo contenido fue consensuado con el PSOE y la Federación Regional de Municipios y Provincias al finalizar la pasada Legislatura.

• Dentro de este mismo apartado de asuntos políticos, abordaré ahora las RELACIONES INSTITUCIONALES, comenzando por las mantenidas con el Estado.

A este respecto, destaca la celebración de la Conferencia de Presidentes a mediados del pasado mes de enero. Sobre la posición que allí mantuvimos, se habló previamente con los Grupos. Y de su contenido y los acuerdos alcanzados en ella di cuenta al Pleno en la comparecencia del 7 de febrero. El recordatorio de algunos de ellos me permite volver a fijar la posición de la Junta sobre algunas cuestiones de especial trascendencia.

-  El acuerdo más importante alcanzado en la Conferencia fue, sin duda, el referido a la reforma de la financiación autonómica. Un acuerdo en el que se recogieron expresamente, como principios del nuevo modelo, los de solidaridad, suficiencia, equidad, transparencia, corresponsabilidad fiscal, y garantía de acceso de los ciudadanos a los servicios públicos en función del coste efectivo de los mismos en cada lugar. Todos ellos coherentes con la posición pactada entre nosotros el 13 de abril de 2016. El acuerdo, que reconoce asimismo las peculiaridades financieras de la Sanidad, y que abre tímidamente la puerta a la incorporación de la Dependencia al nuevo modelo, busca el consenso a través de la multilateralidad, y permite que todas las Comunidades participemos, desde el inicio, en el diseño del nuevo sistema. A tal fin, se constituyó una Comisión de Expertos, en la que acordamos nos representara don Jaime Rabanal, quien nos viene informando del desarrollo de los trabajos a través del grupo de apoyo creado al efecto. Está previsto que la Comisión presente, a principios de agosto, un informe sobre las líneas generales de la reforma del modelo. A partir de ahí, llegará el momento de iniciar el debate en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y de culminarlo en las Cortes Generales a través de la aprobación en su caso de la correspondiente norma con rango de Ley. Será en esos ámbitos donde todos deberemos insistir en la defensa de los intereses de Castilla y León, de conformidad con la posición de Comunidad alcanzada y firmada en abril de 2016.

- Otro acuerdo destacable de la Conferencia de Presidentes, en cuya formulación Castilla y León tuvo un protagonismo esencial, fue el referido a la elaboración de una Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico. Un acuerdo que recogió la posición de las Comunidades que venimos colaborando más intensamente para dar respuestas a esta grave y difícil cuestión, porque sufrimos esa problemática con especial intensidad. Veníamos reclamando para ella la consideración de “problema de Estado”, pues la pérdida de población, y en particular el saldo vegetativo negativo con mayor número de defunciones que de nacimientos, es un problema ya del conjunto de España en los últimos años. En la Conferencia se fijó el compromiso de que esa Estrategia Nacional esté aprobada en 2017. Para impulsarlo, el Gobierno creó la figura del “Comisionado para el Reto Demográfico”, con quien ya venimos colaborando. Al igual que estamos participando en el grupo de trabajo constituido al efecto.

Al mismo tiempo, continuamos impulsando el Foro de Comunidades con Desafíos Demográficos, que ha celebrado un nuevo encuentro esta misma semana. Y seguimos avanzando en nuestra Agenda para la Población. El pasado 16 de junio volvió a reunirse el Consejo de Políticas Demográficas de Castilla y León, al que han elevado sus propuestas los cuatro grupos de trabajo formados, que han actualizado la Agenda con 55 nuevas medidas. Todo ello desde la consideración de la importancia que para luchar contra este problema tienen tanto la consolidación de un periodo estable de crecimiento económico y de creación de empleo, como la culminación de nuestro modelo de Ordenación del territorio.

- Finalmente, un tercer aspecto muy importante también abordado por la Conferencia de Presidentes fue el relacionado con la Función Pública, aprobándose una iniciativa dirigida a permitir unas mayores tasas de reposición, y a reducir las altas tasas de interinidad generadas durante la crisis. En base a ello, a lo establecido en el Presupuesto del Estado para este año, y a los compromisos con los Sindicatos de la Función Pública, nuestra Oferta Pública de Empleo en 2017 superará las 2.000 plazas, de las que el 90% serán para Sanidad y Educación, y que se unirán a las 3.100 plazas ya convocadas en la Oferta de 2016. Además, en los próximos tres años se convocarán 5.700 plazas ocupadas por personal interino, con el fin de dar una mayor estabilidad a los trabajadores del sector público.

Entrando en otros aspectos de carácter institucional, la Junta presentó en septiembre el III Plan Director de Cooperación para el Desarrollo, que tiene como prioridad transversal el enfoque en derechos humanos. Y en enero aprobó la II Agenda de Acción Exterior de Castilla y León, en la que se define el marco estratégico para la planificación y coordinación de toda la actividad de la Junta en el exterior.

Cabe reseñar también el trabajo hecho en el marco de la Macrorregión “Regiones del Sudoeste Europeo” que compartimos con Galicia, Asturias, las Regiones Norte y Centro de Portugal, y que se ha ampliado desde hace unos meses con la adhesión de Cantabria. En el comité de seguimiento celebrado en abril se sentaron las bases para la elaboración de la Estrategia Macrorregional, que será coordinada por Castilla y León, y que antes de final de año se elevará para su aprobación en el seno de la Macrorregión. Entre sus prioridades estará la Red Transeuropea de Transportes, la excelencia universitaria, los desafíos demográficos, la competitividad industrial, el aprovechamiento conjunto de las oportunidades financieras de la UE, el turismo histórico, de naturaleza y jacobeo, y el intercambio de buenas prácticas.

• Para finalizar este apartado de asuntos políticos, quiero hacer una breve referencia a nuestra POLÍTICA PRESUPUESTARIA Y FISCAL. Que desde luego tiene un contenido netamente económico, pero que también es la clave de muchas decisiones que van más allá, y afectan al conjunto de competencias de la Comunidad.

- En primer lugar, la decisión de retrasar la aprobación del Presupuesto 2017 al momento en que hemos dispuesto de datos seguros del Presupuesto del Estado para este año (previsiones macro, límites de déficit y deuda, entregas a cuenta y transferencias, retribuciones públicas), nos ha permitido disponer de unas cuentas más expansivas. Hemos podido incorporar las nuevas cifras sobre entregas a cuenta del modelo de financiación, que sólo nos fueron comunicadas en abril, y mejorar así el techo de gasto inicialmente previsto. Con una disponibilidad de gasto no financiero efectivo para las Consejerías de 8.003 M€, 375 más que en 2016, con un aumento del 4,9% (que se suma al ya experimentado en 2015 y 2016. Casi el 80% de todo ese gasto se concentra en las tres Consejerías más sociales (6.379 M€), lo que expresa bien la prioridad que la Junta otorga al gasto social.

- Lo anterior es perfectamente compatible, en segundo lugar, con el cumplimiento de las obligaciones de control del déficit. Castilla y León cumplió en 2016 sus compromisos a este respecto, con un déficit, inferior al límite del -0,7% fijado. En 2017, deberemos cumplir un objetivo del -0,6% del PIB. Que representa un esfuerzo menor que en ejercicios pasados, pero un esfuerzo que hay que hacer, y que seguirá teniendo repercusiones positivas tanto para nuestra Comunidad como para el conjunto de España.

- Algo similar sucede, en tercer lugar con el recurso al endeudamiento, para el que en 2017 tenemos el límite del 19,8% del PIB. Castilla y León se mantiene entre las Comunidades menos endeudadas. El ahorro en intereses de la deuda libera recursos que pueden destinarse a políticas de gasto social. A su vez, la correcta gestión de los recursos públicos nos ayuda a tener el mismo rating que el Reino de España, y con ello a encontrar financiación en los mercados a tipos similares a los del Tesoro. Y está contribuyendo también a tener muy controlado nuestro período medio de pago a proveedores, que fue de 3 días el pasado mes de mayo, lo que nos sitúa entre las Comunidades con mejor media. Todo ello sin perjuicio de lo esencial: contar con un nuevo modelo de financiación que supere las insuficiencias gravísimas del actual, y nos permita no acudir en el futuro a un recurso como la deuda pública que debería ser extraordinario.

- Por último, la Junta viene apostando con su política fiscal por construir un entorno lo más favorable posible para familias y empresas. En este año 2017, nuestra Comunidad:

• Tiene la segunda menor tarifa autonómica del IRPF de toda España, tras las reducciones aprobadas en 2015 y 2016.
• Ha reducido nuevamente la carga impositiva del Impuesto de Sucesiones para las familias, elevando la exención de 250.000 a 300.000 €. Una reducción con la cual más del 90% de contribuyentes no tributará al heredar de familiares directos.
• Está recaudando, por sexto año consecutivo, el Impuesto sobre el Patrimonio, que exige un mayor esfuerzo tributario a los que más tienen, y presenta por tanto un efecto netamente redistributivo.
• Ha introducido mayores beneficios fiscales para la vivienda en el medio rural, y para la inversión en empresas que creen empleo, hasta conformar un cuadro de beneficios por importe de 281 M€ en el presente ejercicio.
• Y sigue siendo la Comunidad que menos tributos propios ha desarrollado: únicamente dos.

Se trata de una política fiscal que es posible gracias a la mejora de la situación económica y del empleo. Y que a su vez contribuye a la misma, favoreciendo la demanda y el consumo internos, lo que sin duda está siendo una de las claves de la actual recuperación. Enlazo así con el segundo apartado de esta intervención, que va a referirse como ya les anuncié a las materias económicas y laborales.

II.- Señora Presidenta. Señoras y Señores Procuradores:

La creación de puestos de trabajo y el aumento de su calidad son los objetivos últimos de nuestras políticas económicas y de empleo. Venimos acordando sus principales líneas en el marco del Diálogo Social, tanto en las cuestiones específicamente laborales, como en las relativas a la competitividad e innovación empresarial.

Más difícil había sido alcanzar acuerdos políticos en estas materias. Por eso es una buena noticia que el pasado 29 de marzo hayamos sido capaces de suscribir un PACTO POR LA REINDUSTRIALIZACION DE CASTILLA Y LEÓN.

La INDUSTRIA está siendo el gran motor de nuestra economía en la salida de la crisis. Tiene más peso aquí que en la media de España. Sus datos al cierre de 2016 han sido muy positivos. Con el mayor incremento porcentual de producción industrial. Con una contribución esencial al récord de exportaciones. Y sobre todo con 13.500 nuevos ocupados, hasta alcanzar los 167.700. Uno de sus sectores claves, la AUTOMOCIÓN, atraviesa por un excelente momento. Con planes industriales y acuerdos sociales en todas nuestras plantas de montaje. Y con planes estratégicos en las más importantes empresas de componentes.

El Pacto por la Reindustrialización firmado pretende reforzar el sector a través del Plan Director de Promoción Industrial, recientemente aprobado. Con objetivos compartidos por todos, como que la industria manufacturera suponga el 20% del VAB de la Comunidad en 2020, y que logremos un mayor equilibrio en su distribución territorial. Para ello, estima un impacto presupuestario de 836,6 M€.

El Pacto fija objetivos ambiciosos en I+D+i, a la que deberemos dirigir el 3% de todo el gasto no financiero de las Consejerías en 2019. Ahora estamos en el 2,75%, tras el fuerte incremento en Ciencia y Tecnología del nuevo Presupuesto.  Para el 2020, el compromiso es alcanzar un mínimo de 350 M€ de recursos públicos presupuestarios y extrapresupuestarios, lo que sería nuestra contribución a un gasto en innovación, publico más privado, equivalente al 3% del PIB regional.

También en esta área, aprobamos la Estrategia de Emprendimiento, Innovación y Autónomos. Con ella pretendemos retener y atraer a personas formadas, creativas e innovadoras; acelerar la transformación y adaptación tecnológica de las empresas, impulsar la industria 4.0, y favorecer que todo el emprendimiento nazca vinculado a la innovación.

Para ello, se ha puesto en marcha la Red de Emprendimiento, de la que ya forman parte más de 100 entidades e instituciones del ámbito de la ciencia y la innovación. En el marco de la misma, este verano firmaremos un convenio con el INCIBE y el Ayuntamiento de León, para potenciar nuestra especialización en Ciberseguridad, en paralelo a la revisión intermedia de nuestra RIS 3 o Estrategia de Especialización Inteligente.

El Pacto de Reindustrialización recoge también la necesidad de seguir mejorando la financiación empresarial. A este respecto, disponemos ya del balance de resultados de nuestra Lanzadera Financiera, que está demostrando su utilidad para nuestro tejido empresarial. Desde su creación en enero de 2016 ha resuelto favorablemente más de 5.000 solicitudes, facilitando financiación por 751 M€, y con una inversión inducida de más de 1.500 M€. A ello cabe añadir las distintas líneas de apoyo empresarial en el Presupuesto 2017, dotadas con 223,6 M€, un 26% más que el año anterior.

Vinculado a esa mejora en la financiación, el Pacto se refiere también al crecimiento empresarial. Un objetivo al que vamos a destinar hasta el año 2020, aparte de los recursos de la Lanzadera, varias líneas nuevas cofinanciadas por FEDER: una de ayudas directas, dotada con 49,6 M€; y dos fondos de garantía, por un importe conjunto de 81 M€.  Asimismo, hemos puesto en marcha un Plan de Crecimiento Innovador, que cuenta con una financiación de 75 M€ del Banco Europeo de Inversiones, con la colaboración de la Asociación Empresa Familiar de Castilla y León, y con la gestión de Sodical.

Además del Pacto de Reindustrializacion, otra materia en la que hemos seguido trabajando ha sido la de reducción de cargas. El año pasado revisamos los 10 procesos de creación e instalación de empresas con mayor impacto en la Comunidad, para suprimir autorizaciones, reducir plazos y eliminar trámites. Este año se ha remitido a las Cortes el Proyecto de Ley de Reducción de Cargas Administrativas, que supondrá un ahorro a las empresas cercano a 7 M€ anuales. Estamos tramitando un Decreto que suprimirá la licencia ambiental en más de 70 actividades, lo que reducirá de dos meses a un día los plazos de tramitación. Y ya funciona en las Delegaciones Territoriales de la Junta el Servicio unificado de apoyo empresarial.

         En materia de suelo industrial y tecnológico, el balance de las medidas de incentivo que se pusieron en marcha en abril de 2016 está siendo muy positivo. En los últimos doce meses han sido enajenadas 81 parcelas, por un importe de 5,8 M€, y hay solicitudes en trámite por otros 3,4 M€. Pueden favorecer la creación de cerca de 700 nuevos puestos de trabajo. Además, el Presupuesto 2017 contiene recursos por casi 24 M€ para nuevas inversiones, entre ellas las necesarias para el desarrollo de los parques de proveedores de automoción en Villamuriel de Cerrato y en Valladolid.

Por último, en materia de internacionalización, nuestras exportaciones crecieron un 9,5% en 2016, marcando un nuevo récord de casi 17.200 M€. La buena marcha del comercio exterior en los últimos años nos permite tener una economía más abierta, con una creciente diversificación de destinos, y una menor dependencia de la automoción. A través del Plan de Internacionalización que estamos ejecutando, seguiremos priorizando la presencia en mercados líderes en crecimiento, la formación de capital humano en comercio exterior, y la captación de inversiones.

         Señorías: analizados así los factores de competitividad empresarial, haré a continuación una breve referencia a los principales sectores productivos de nuestra economía. Comenzando por la AGRICULTURA, la GANADERÍA y la AGROINDUSTRIA.

El sector primario tuvo un notable crecimiento en 2016, y contribuyó como el que más a la buena marcha de nuestra economía. Ahora atraviesa unos momentos muy difíciles. Una climatología del todo adversa está haciendo de la actual campaña una de las más afectadas de los últimos 25 años, con muy importantes y extendidas pérdidas en la mayor parte de nuestras producciones. Por esa razón, escuchando y explicándola a las Organizaciones Agrarias, hemos articulado una actuación especial en colaboración con el Ministerio de Agricultura, que supondrá un gasto extraordinario en nuestro campo de 145 M€ (2017-2022), con medidas y aportaciones tanto del Estado como de la Junta, que deben permitir que el sector cuente en Castilla y León con más de 1.900 M€ para afrontar la próxima campaña.

La pasada semana hemos declarado la situación excepcional de la campaña agrícola 2017, y dispuesto la aplicación de un paquete de medidas. Entre ellas:

 -  medidas de ahorro: en módulos del IRPF, cánones de riego, y tasas públicas;

• ayudas para suministro de agua a explotaciones ganaderas en régimen extensivo de aprovechamiento de pastos;
• y ayudas para la suscripción de seguros agrarios.

Además, el sector contará con apoyos para disponer de la liquidez necesaria, a través de:

• el cobro anticipado de las ayudas de la PAC a partir del mes de agosto, con la colaboración de las entidades financieras;
• la habilitación de hasta 920 M€ en préstamos garantizados y sin intereses para los agricultores y ganaderos profesionales que tengan suscrito un seguro agrario, con apoyos especialmente intensos para jóvenes y para la Comarca de El Bierzo;
• y el aplazamiento de cuotas de la Seguridad Social que acuerde el Estado.

Por lo que se refiere al trabajo realizado dentro de la política agraria en los últimos meses, quiero destacar cuatro aspectos:

1º.- La extensión del modelo de Plataformas de Competitividad, que busca un mayor equilibrio entre los distintos eslabones de la cadena de valor agroalimentaria: producción, transformación, distribución. En este periodo hemos puesto en marcha las Plataformas del Ovino, de El Bierzo, y del sector Vitivinícola. En próximas semanas formalizaremos la de la Remolacha Azucarera. Además, han recibido un fuerte impulso las herramientas horizontales de este modelo de trabajo. Hemos creado el Defensor de la Cadena Alimentaria, y la Comisión de Política Agraria y Agroalimentaria. Y en los próximos meses, vamos a crear el Observatorio de Precios.

2º.- La aprobación del Mapa de Infraestructuras Agrarias, en el horizonte 2014-2020 del actual periodo de programación europea. Con la colaboración del Estado, va a impulsar nuestros objetivos de Legislatura en materia de regadíos e inversiones en zonas de concentración parcelaria. El desarrollo de ese Mapa va a suponer una inversión superior a 600 M€, de la que se beneficiarán 19.000 explotaciones agrarias, incidiendo también en objetivos demográficos y medioambientales.

3º.- El desarrollo de la Ley Agraria. Tras la aprobación ya de siete Decretos, otros tres verán la luz en los próximos meses: el de Concentración Parcelaria, el de Calidad Alimentaria, y el de Artesanía Alimentaria.

Y 4º.- La incorporación de jóvenes y mujeres. Con convocatorias que permitirán incorporar 5.000 jóvenes en el horizonte 2020. Y con un incremento importante de la participación femenina en las líneas de ayudas a la modernización de explotaciones agrarias.

La AGROINDUSTRIA sigue demostrando un gran dinamismo, con una importante aportación a la buena marcha general de nuestro sector industrial. Se verá también beneficiada por el Pacto de Reindustrialización. Las Universidades de Castilla y León van a adherirse este verano a nuestro Mapa de Investigación Agraria y Agroalimentaria. En el segundo semestre del año se pondrá en marcha un instrumento financiero de garantía para las empresas del sector, dotado con 22 M€, que permitirá garantizar operaciones por 110 M€. Y en los próximos meses dispondremos del informe de resultados de la Estrategia “Futura Alimenta”, a la vista del cual impulsaremos la Plataforma de Competitividad de la Industria Agroalimentaria.

Por otro lado, también en los próximos meses comenzaremos la elaboración de una Agenda Agroalimentaria en el horizonte de 2050, que significará un esfuerzo de reflexión de futuro, y un proceso de posicionamiento de nuestra agroindustria en el contexto de tendencias y desafíos descritos por la FAO en su reciente informe sobre “El futuro de la alimentación y la agricultura”. El reto es el de mejorar a largo plazo la productividad y sostenibilidad de las producciones dentro del escenario de profundos cambios demográficos, económicos y tecnológicos que vivimos.

Por último, continuaremos reforzando “Tierra de Sabor” con la puesta en marcha de la Plataforma web para la comercialización de los productos acogidos a nuestra marca de calidad. Que además está avanzando en su especialización a partir de la Estrategia “+ Sabor”.

En cuanto a las RAMAS ENERGÉTICAS de nuestra industria, es obligado referirse a las iniciativas que seguimos impulsando para defender el carbón autóctono, desde las razones mismas de su actual y real contribución a la generación de energía en España ante la insuficiencia demostrada por otras fuentes. Las razones de seguridad del suministro y menor dependencia exterior.

Reivindicamos que se revisen con más realismo y compromiso las anteriores previsiones, y se fije para el carbón autóctono una cuota al menos del 4% en el mix energético nacional. Ello exige como condición necesaria que las centrales térmicas continúen operativas, para lo que debe asegurarse la ejecución de los ajustes y mejoras que impone la Directiva europea de emisiones. Apoyamos la intención del Gobierno de la Nación de endurecer legalmente las condiciones para que las centrales térmicas sean cerradas, algo que no puede depender únicamente de decisiones empresariales, cuando lo que se pone en juego es la competitividad del país, su mayor o menor dependencia energética, y el interés de la economía de las propias familias y empresas. Por último, es también muy conveniente lograr una estabilidad de contratos a largo plazo entre las eléctricas y los suministradores locales de carbón. Por lo que seguimos insistiendo en que se recupere la “obligación de servicio público” para el uso de carbón autóctono que estuvo vigente entre 2011 y 2014.

En cuanto a las alternativas para las comarcas mineras, en octubre firmamos con el Gobierno el Convenio Marco para el impulso económico de los municipios mineros, con 28 obras de infraestructuras y restauración cuya realización hay que concretar en los correspondientes convenios específicos. Por nuestra parte, estamos desarrollando el citado Plan de Dinamización de los Municipios Mineros, que en 2016 comprometió ya actuaciones por importe superior a 37 M€.

Por último, antes de finalizar este año presentaremos una Estrategia para el fomento de las energías renovables para usos térmicos, dirigida a potenciar el uso de la biomasa, la energía geotérmica, y la energía solar para usos térmicos.

El SECTOR SERVICIOS creció un 2,9% en 2016, y se ha acelerado en el primer trimestre de este año hasta el 3,3%. Dentro de él, me voy a detener brevemente en el Comercio y el Turismo.

El COMERCIO es un sector que atraviesa todavía dificultades, pero que ya se está beneficiando de la recuperación de la demanda interna y del consumo de los hogares. Estamos ejecutando la nueva Estrategia para el COMERCIO. En enero constituimos la Red de Agentes de Comercio Interior, mediante acuerdo entre la Junta y 21 Diputaciones y Ayuntamientos, con el objetivo de incidir en la mejora de la competitividad del sector. Una Red que ya está trabajando en el diseño y puesta en marcha del “Portal del Comerciante”, que permitirá a los empresarios y emprendedores del comercio obtener información y asesoramiento, formarse y realizar trámites con una completa flexibilidad.

Por otro lado, acabamos de hacer público el Anteproyecto de Ley de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Castilla y León, que creará una institución cameral de ámbito autonómico. Regulación que ha merecido el apoyo casi unánime de las actuales Cámaras.

Por lo que se refiere al TURISMO, 2016 conoció cifras nunca antes alcanzadas: más de 7 millones de viajeros (de los que 1,6 fueron extranjeros), y más de 12 millones de pernoctaciones. Castilla y León reforzó su primera posición nacional en Turismo Rural. Y el empleo turístico alcanzó su máximo histórico, con más de 70.000 afiliados al cierre del año. Entre enero y mayo de 2017 los datos siguen siendo excelentes, con aumentos en viajeros y en pernoctaciones en torno al 15% sobre el ejercicio anterior.

En esta área, y mediante sendos Decretos, hemos aprobado la regulación de las viviendas de uso turístico, y de los alojamientos en la modalidad de camping. Asimismo, hemos aprobado el Plan Integral de Accesibilidad Turística, con una importante participación del colectivo de personas con discapacidad, y con el objetivo de impulsar un “turismo para todos”. Y en los próximos meses difundiremos ese nuevo producto turístico que es la Ruta de los Conjuntos Históricos. Pues es evidente que hay grandes sinergias entre el turismo y la CULTURA.

En el plazo de un año elaboraremos un Plan específico para los Caminos de Santiago, dotado con 4 M€ hasta 2020, con el objetivo de mejorar su señalización, la rehabilitación de zonas urbanas, la limpieza de caminos, y su promoción.

Seguiremos aprovechando las grandes conmemoraciones culturales. En 2017 estamos participando en las del 2.150 aniversario del Cerco de Numancia; el milenario del Fuero de León; varios acontecimientos relativos a los reinados de Fernando III y Carlos I; el segundo centenario del nacimiento de Zorrilla; y el quinto de la Reforma Protestante y del nacimiento de Francisco de Enzinas. Asimismo, se está celebrando la edición de Las Edades del Hombre en Cuéllar, que en 2018 tendrán su sede en Aguilar de Campoo.

Trabajamos con la Universidad de Salamanca en la preparación de su VIII Centenario. A finales de año, está previsto que dicha Universidad licite el proyecto del Centro Internacional del Español, que contará con financiación de la Junta, y estará dedicado al estudio, la investigación y promoción de todos los aspectos relacionados con la lengua española, la literatura en español, y su enseñanza. No olvidamos que nuestra lengua es una seña de identidad, y un importante recurso para el desarrollo económico. Para lo que durante la vigencia del II Plan del Español hemos subvencionado 220 proyectos relacionados con la creación de empresas y la innovación en el sector.

Señorías: las grandes líneas de nuestras POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO se han venido pactando en el marco del Diálogo Social, y ahora se encuentran en la Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos, e Igualdad y Conciliación en el Empleo 2016-2020.

En el ecuador de esta IX Legislatura nuestros objetivos en esta materia deben ser tres: continuar el proceso de creación de empleo que está viviendo nuestra sociedad; mejorar la calidad de dicho empleo; y conseguir que la recuperación llegue a todos los hogares. A ello pretende contribuir esa Estrategia Integrada, y su concreción anual: el Plan de Políticas de Empleo 2017.

Dicho Plan tiene este año una dotación de 144,4 M€. Seguimos siendo una de las pocas Comunidades que destina recursos autónomos propios a sus políticas activas. Sus aspectos más destacables son:

1º. El refuerzo del Plan de Empleo Local, que en 2017 cuenta con 51,3 M€ (+28%), y supondrá más de 6.000 empleos, con los siguientes rasgos:

- Mantiene la orientación dada en 2016 hacia un empleo más productivo y dinamizador de la economía local, apoyando sectores como el turístico, forestal, minero y agrario. Y con una apuesta social, a través de convocatorias específicas para personas con discapacidad, perceptores de Renta de Ciudadanía, y Jóvenes del Sistema de Garantía Juvenil.

- Prioriza los proyectos con mayor complementariedad de fondos por las Entidades Locales, con fórmulas para apoyar más contratos conforme la Entidad asuma una mayor participación presupuestaria.

- Mantiene la apuesta por un empleo de calidad (con carácter general, contratos a tiempo completo y por 6 meses). Y la refuerza al especificar que las contrataciones han de realizarse en puestos no estructurales, pero con las mismas retribuciones que el personal de plantilla.

2º. El impulso del Plan de Empleo Joven, que en 2017 cuenta con 41 M€ (+13%). Esta dotación incluye los fondos del Programa Operativo de Empleo Juvenil, con medidas para jóvenes de hasta 30 años en el marco del sistema de la Garantía Juvenil, y otras medidas para cubrir la franja hasta los 35 años con fondos autónomos. 

- Establece un completo elenco de medidas para este colectivo: programas mixtos de formación y empleo, ayudas para establecerse como autónomos, fomento de la contratación por cuenta ajena, medidas personalizadas de inserción laboral, prácticas en otros países y acciones formativas, apostando por la Formación Profesional Dual.

- Y contempla líneas especiales dirigidas a jóvenes con discapacidad, jóvenes en riesgo de exclusión social, y jóvenes provenientes del sistema de protección y reforma.

3º. Un renovado Plan de Protección frente a Crisis Empresariales, dotado con 7,55 M€. Aunque estas crisis han descendido respecto de anteriores años, siguen siendo motivo de gran preocupación. Por eso, se mantienen todas las líneas de protección ya existentes (la más relevante, las ayudas a trabajadores mayores de 55 años en casos de procedimiento concursal o insolvencia empresarial). Y además se añaden otras novedades.

4º. La apuesta por otros aspectos sociales:

- Se amplía el plazo de solicitud del Programa Personal de Integración y Empleo (PIE), y se prevén campañas específicas de difusión para que proteja a un mayor número de personas desempleadas.

- Se recogen medidas de empleo con apoyo para favorecer la inserción de personas con discapacidad, incentivando la incorporación en la empresa de preparadores de apoyo a los trabajadores con una discapacidad severa.

- Y se establecen acciones específicas para el empleo femenino, previendo una línea para propiciar la reincorporación al mercado laboral de las mujeres tras agotar periodos de excedencia.

Finalmente, en materia de empleo, quiero hacer una referencia especial a los TRABAJADORES AUTÓNOMOS. Que tienen un peso muy elevado en Castilla y León, con casi 5 puntos más de presencia que en la media de España. Es un colectivo de en torno a 200.000 personas, en el que al comenzar abril de 2017 había en Castilla y León más de 5.500 afiliados a la Seguridad Social con menos de 6 meses de antigüedad. Los efectos de la recuperación están tardando más en llegar a ellos, entre otros factores porque su presencia es escasa en la industria, el sector que antes la inició. Sin olvidar tampoco las mayores oportunidades que han ido surgiendo en el ámbito del empleo por cuenta ajena.

Un reciente informe de la Federación de Autónomos ATA señala que en Castilla y León en 2016 fueron 22.265 los autónomos que emplearon trabajadores por cuenta ajena, 457 más que en 2015. Generaron 1.568 nuevos puestos de trabajo asalariados, hasta alcanzar casi los 45.000 ocupados por cuenta ajena dependientes de ellos. Según ese mismo informe, el 77,3% de los autónomos de Castilla y León ha consolidado su actividad y tiene más de 3 años de antigüedad. Unos datos positivos, a los que apoya la Estrategia de Emprendimiento, Innovación y Autónomos, con una dotación de 90,4 M€ para ellos.

Además, hemos creado la Oficina del Egresado Emprendedor, que va a operar en todos los Campus universitarios públicos, mediante protocolo suscrito con las propias Universidades y la asociación de seniors SECOT. El objetivo es ayudar a crear empresas a los recién titulados, y a los alumnos de los últimos cursos, con unos 30.000 destinatarios potenciales.

Por último, en el segundo semestre de este año, remitiremos a las Cortes el Proyecto de Ley de Cooperativas, que facilitará el funcionamiento de estas entidades de economía social.

Paso con ello al tercer y último apartado de mi intervención, precisamente referido a las cuestiones sociales.

III.- Señora Presidenta. Señoras y Señores Procuradores:

 Nuestros servicios públicos han confirmado en el último año su buena valoración. Es un honor para la Comunidad. Es algo que nos debe satisfacer a todos. Y sobre todo es algo que debemos agradecer a los verdaderos protagonistas de esos buenos resultados: los excelentes profesionales de los servicios públicos.

La SANIDAD es desde hace 15 años la gran prioridad presupuestaria de la Junta. En 2017 cuenta con una dotación de 3.474 M€. Lo que va a suponer una financiación sanitaria de 1.467 euros por habitante, máximo histórico, y una de las cifras más altas de todas las Comunidades.

La prioridad que hemos otorgado a este servicio nos permitió, en los momentos más duros de la crisis, no sólo no cerrar ningún centro, sino abrir nuevos, e incorporar prestaciones a la cartera de servicios.

Esa prioridad explica que seamos la Comunidad con mejores ratios de profesionales de Atención Primaria, como ha confirmado el muy reciente Informe del Sistema Nacional de Salud 2016 del Ministerio de Sanidad. Somos la única Comunidad española que supera la media de médicos de Atención Primaria de la Unión Europea.

Y esa prioridad nos está llevando a retomar importantes inversiones en nuestro Sistema Sanitario Público. Con actuaciones en los próximos meses para la construcción o ampliación de 19 centros de salud, y para la renovación del equipamiento en este ámbito. Y acciones sobre las infraestructuras hospitalarias: con la finalización de la ampliación del Hospital Provincial de Zamora; la concentración de una anualidad de 38 M€ en el Complejo de Salamanca; el inicio de la construcción del nuevo Hospital de Palencia y de la segunda fase del Hospital de Soria; y la licitación del proyecto del nuevo Hospital de Aranda de Duero.

Seguimos impulsando la renovación de las tecnologías hospitalarias. El reciente Convenio con la Fundación Amancio Ortega nos va a permitir anticipar la actualización de la tecnología de diagnóstico por imagen y los equipos de radioterapia. Nuestro objetivo es consolidar las actuales “unidades de referencia” de oncología radioterápica. Y promover futuras “unidades satélite”, de acuerdo con los criterios científicos y profesionales, para su puesta en marcha de forma ordenada a partir de finales de 2018. Incorporaremos también la cirugía robótica mínimamente invasiva en los principales hospitales.

Por otro lado, seguimos impulsando cambios de fondo en nuestro Sistema Sanitario, para mantener su elevado nivel de calidad:

• El verano pasado se aprobó el IV Plan Salud de Castilla y León, que plantea un enfoque de la Sanidad más integral y más conectado con los Servicios Sociales.
• Seguimos desarrollando la Estrategia del Paciente Crónico, en cuyo marco vamos a aprobar las Directrices del nuevo modelo integrado de atención socio-sanitaria para personas con discapacidad por enfermedad mental. También vamos a desarrollar el Plan de Cuidados Paliativos 2017-2020, que acabamos de presentar esta misma semana.
• Para mejorar la continuidad asistencial y la eficiencia del Sistema, han iniciado su andadura seis Gerencias integradas (que gestionan los recursos y prestaciones tanto de Atención Primaria como de Atención Especializada). Se han puesto en marcha 15 Unidades de gestión clínica, y está prevista la constitución de nuevas unidades en función de las propuestas de los propios profesionales. Se han formalizado “alianzas estratégicas” en cuatro hospitales, como fórmula para favorecer la colaboración entre centros. Y en el segundo semestre del año se pondrá en funcionamiento el nuevo modelo de coordinación en red para la atención a las enfermedades raras.
• La receta electrónica ya está extendida en toda la Comunidad. Este verano será interoperable con los sistemas de otras Comunidades Autónomas. Y el sistema de recordatorio de citas a través de SMS está implantado en los 14 complejos asistenciales de Castilla y León.

Los sistemas sanitarios públicos son instituciones complejas y sometidas a fuertes tensiones, debido al infinito valor de los objetivos a los que sirven: nuestra propia salud y nuestra propia vida. Entre esas tensiones, en todos los sistemas públicos destacan las referidas a las listas de espera.

La evaluación hecha el pasado mes de marzo de los primeros 12 meses de desarrollo del Plan “PERYCLES”, de Control y Reducción de las Listas de Espera, ha puesto de manifiesto que los pacientes más graves (calificados como de “Prioridad 1”) esperan en nuestra Comunidad una media de 10 días para ser operados, sin que ninguno supere los 30 días. Con carácter global, en el último año se había reducido la lista de espera quirúrgica en 4.150 pacientes, es decir un 12,5%. Y se había producido un ligero descenso en la demora media. Todo ello favorecido por el incremento de la actividad quirúrgica pública, que permitió también reducir la actividad concertada.

El SISTEMA EDUCATIVO de Castilla y León ha recibido en estos últimos meses el más alto respaldo. Según la evaluación internacional PISA de la OCDE, en matemáticas ocupamos el duodécimo lugar del mundo; en ciencias, el sexto; y, en lectura, el cuarto lugar del mundo. Razones de peso para que algunos de los rasgos que han hecho posibles tales resultados pudiesen formar parte de ese necesario pacto educativo que se está intentando en el ámbito nacional, pero del que no se atisba de momento un desenlace satisfactorio.

Nuestra obligación es seguir consolidando y mejorando la elevada calidad y equidad de nuestro modelo educativo. El Presupuesto 2017 destina a ello 1.976 M€. Recursos con los que se impulsarán actuaciones de mejora de la calidad, como el nuevo modelo de bilingüismo que comenzará a implantarse en el curso 2017/2018 en Educación Infantil y Primaria, y que exigirá una mayor dotación de medios personales y pedagógicos.

Reforzamos también nuestro Plan de Inversiones, sobre el que existe el compromiso de destinar en 2017 al menos 35 M€ a infraestructuras educativas.

En materia de equidad, abordaremos medidas como las que se contienen en el II Plan de Atención a la Diversidad, aprobado hace tan sólo unos días. En cuyo marco, en los próximos meses (ya para su implantación en el curso 2018/2019) vamos a impulsar dos actuaciones novedosas. Un Decreto que mejorará la situación del alumnado con necesidades de atención sanitaria. Y una Orden que favorecerá a los centros con alta concentración de minorías étnicas y culturales, o con alta situación de vulnerabilidad. Estos “Centros 20/30” se verán favorecidos con medidas de flexibilidad normativa, dotación de medios personales, compensación e innovación educativa, y apoyo institucional.

Continuamos la senda de mejora de la accesibilidad de las familias a los libros de texto. El programa “Releo Plus” beneficiará el próximo curso a todos los alumnos de enseñanzas obligatorias cuyas familias tengan ingresos inferiores a 2 veces el IPREM. “Releo Plus” es la combinación del programa de reutilización “Releo”, actualmente extendido a todos los centros públicos y concertados, y de un sistema de ayudas económicas, por importe de 240 € en Primaria y 310 € en Secundaria, que se han resuelto ya en este mes de junio, y que se abonarán antes de final de año, mejorando de manera notable la gestión anterior.

Hemos consolidado las mejores condiciones introducidas en los últimos años, de la mano del Diálogo Social, tanto en el servicio de comedor escolar, como en los programas “Madrugadores” y “Tardes en el Cole”.

Seguimos desarrollando el Programa “PAR” contra el acoso y la intimidación. Y vamos a iniciar, dentro de él, un Protocolo específico para la prevención del ciberacoso y el mal uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, que desarrollaremos en los próximos meses para su implantación en el curso 2018/2019.

Los objetivos de empleabilidad han recibido un nuevo impulso con el Decreto regulador de la Formación Profesional Dual. A partir del mes de septiembre se pondrá en marcha, ya bajo la nueva regulación, esta fórmula, que implica un curso completo a mayores de prácticas en empresas, y un fuerte compromiso con el sistema educativo por parte de estas.

Ya en el ámbito de la Educación Superior, el año pasado suscribimos sendos acuerdos con las Universidades de Castilla y León, públicas y privadas, para la racionalización de los estudios de grado y postgrado que imparten, acuerdos que están desarrollándose en sus diversos aspectos.

El Diálogo Social se ha extendido por primera vez este año al ámbito universitario, al haberse alcanzado un pacto que consolida nuestro sistema de becas, complementarias a las estatales. Y que fija un horizonte para la progresiva equiparación de las tasas universitarias a la media de España, continuando con su congelación en el próximo curso, y con el compromiso de comenzar a reducirlas en el siguiente.

En relación con la investigación, la Consejería de Educación va a impulsar dos nuevas líneas para los próximos tres años: una, dotada con 3,6 M€, dirigida a proyectos de investigación no aplicada; otra, destinada a apoyar la “escalera de excelencia” de nuestros equipos más punteros, por un importe de 15,6 M€. Además, la Agencia de Innovación Empresarial gestionará también una nueva línea de becas para la retención y retorno del talento investigador, con 3 M€ en el presente ejercicio.

Por último, en el ámbito universitario culmina este año el actual Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa, que procederemos a evaluar para el posterior impulso de nuevas actuaciones.

Los SERVICIOS SOCIALES de Castilla y León también han seguido evolucionando, con nuevos e importantes acuerdos del Diálogo Social.

Uno de ellos se refiere a la Red de Protección. Que en 2016 atendió a más de 184.000 personas, y que cuenta en 2017 con una dotación de 190 M€. Lo que hemos pactado es transformar esta Red, que surgió como herramienta coyuntural con motivo de la crisis, en un mecanismo estable y ordinario de atención a las personas vulnerables y, por tanto, de reducción de las desigualdades sociales. Para ello, se convertirá en la forma normalizada de trabajar de todos nuestros Servicios Sociales, en directa colaboración con el eficaz y profesional Tercer Sector de la Comunidad. Así, se integrarán en ella 11 prestaciones y programas que antes no incluía, pasando de 23 a 34.

Para arbitrar estos cambios, hemos acordado con los agentes sociales el texto del Anteproyecto de Ley de Ordenación y Funcionamiento de la Red de Protección, que en las próximas semanas remitiremos a las Cortes. Con él surgirán 4 nuevos derechos subjetivos, adquiriendo tal condición 1) el servicio de provisión inmediata de alimentos, 2) el servicio integral de apoyo a las familias en riesgo de desahucio, 3) la prestación económica frente a situaciones de deuda hipotecaria y 4) la prestación económica para alquiler de vivienda habitual.

Por último, el acuerdo firmado supone también impulsar un texto refundido que recogerá las sucesivas mejoras que ha recibido, a lo largo de la crisis, la regulación de la Renta Garantizada de Ciudadanía. Un derecho que benefició el año pasado a más de 38.000 personas, y al que los vigentes Presupuestos destinan 76,5 M€.

En materia de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, el pasado mes de febrero aprobamos su Plan Estratégico, que sitúa al empleo como principal herramienta para una plena inclusión.

Al cierre de 2016, los Centros Especiales de Empleo daban trabajo a 4.883 personas con discapacidad. Hemos cumplido el compromiso de mejorar la dotación para los nuevos contratos de personas con discapacidad en dichos centros, que hoy alcanza el 75% del salario mínimo interprofesional. Asimismo, hemos actualizado el Acuerdo sobre cláusulas sociales y reserva de contratación, y creado el “Banco de Buenas Prácticas”. En 2016, el 80% de la contratación de la Junta incorporó cláusulas sociales. Y se adjudicaron más de 6,4 M€ mediante reserva de contratos a centros especiales de empleo y empresas de inserción.

Además, están siendo muy eficaces los itinerarios personalizados para el empleo, que beneficiaron a cerca de 3.600 personas el año pasado, de las que casi 1.000 fueron contratadas. Todo ello ha contribuido a que en 2016 se haya registrado en Castilla y León la cifra récord de firma de contratos de personas con discapacidad, con más de 15.900.

En Atención a la Dependencia, coincidiendo con el X aniversario de la Ley, la gestión de Castilla y León recibió un nuevo espaldarazo de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes; y también un nuevo impulso en el Diálogo Social.

Castilla y León es de las pocas Comunidades que resuelve en el plazo de seis meses que establece la normativa estatal. Y nos hemos comprometido a reducir de forma progresiva dicho plazo, a razón de un mes por año, hasta alcanzar un promedio de tres meses. Además, hemos pactado la conversión de 419 plazas de personas válidas en plazas para personas dependientes en las residencias de la Junta. Y hemos consensuado el contenido de la Orden reguladora de la acreditación de la Ayuda a Domicilio, que supondrá un acicate a la calidad de este servicio.

Recientemente hemos aprobado también la Estrategia de Prevención de la Dependencia para Personas Mayores y de Promoción del Envejecimiento Activo. Y vamos a dar un renovado impulso a la prestación de asistencia personal, en colaboración con el CERMI, mediante la regulación de su acreditación y otras novedades que han sido debatidas en el Congreso Internacional celebrado en Castilla y León esta misma semana. El Presupuesto 2017 contempla 553 M€ para la atención global a la dependencia.

En el área de MUJER, está en sus últimas fases de tramitación la Agenda de Igualdad, que apostará con fuerza por el empleo femenino y por la reducción de la brecha salarial. Y las oficinas de farmacia se han adherido como agentes de detección y prevención al modelo integral “Objetivo Violencia Cero”, en un año que está siendo muy grave y doloroso en el conjunto de España en materia de violencia hacia las mujeres.

En relación con los JÓVENES, aparte de lo dicho en sede de empleo juvenil, estamos a punto de aprobar la Estrategia de Impulso Joven 20/20. Y vamos a poner en marcha un nuevo modelo de información juvenil.

Por último, tras haber cumplido el compromiso de financiar 280 plazas en 16 nuevos centros, vamos a seguir incrementando el número de plazas para niños de 0 a 3 años en el medio rural.

Señorías: para concluir me referiré a otras actuaciones que también tienen la naturaleza de servicios públicos básicos, pertenecientes en este caso al ámbito del Fomento y el Medio Ambiente.

La política de VIVIENDA también ha concitado estos últimos meses un nuevo Acuerdo del Diálogo Social. Ante la prórroga a 2017 del Plan Estatal de Vivienda, acordamos la suscripción de una adenda al Convenio con el Estado. Lo que nos ha permitido convocar ayudas al alquiler por 14,7 M€, sin umbral mínimo de ingresos, y ayudas a la rehabilitación edificatoria y a la renovación y regeneración urbana por 7,3 M€.

En el aspecto social, cabe destacar la incorporación de nuevos beneficios fiscales este año para la vivienda en el medio rural. El Parque Público de Vivienda en Alquiler ha crecido hasta superar las 1.600. Y nuestro servicio de apoyo a familias en riesgo de desahucio lleva atendidas desde su creación casi 5.000 familias, con más de 13.200 personas que han mantenido su hogar.

Por otro lado, el Programa de Depuración de aguas evoluciona a buen ritmo. Se han licitado ya actuaciones por algo más de la mitad de los 75 M€ previstos para el conjunto de la Legislatura. Y hemos seguido avanzando en la depuración de aguas en nuestros espacios naturales, muy importante para unos pequeños municipios a los que apoyamos con la correspondiente inversión, y también cofinanciando la posterior explotación.

Además, a mediados de marzo, el Consejo de Gobierno informó el Anteproyecto de Ley de Transporte de Viajeros por Carretera, que adaptará la regulación a nuestro modelo de ordenación del territorio, reconocerá legalmente el transporte a la demanda, y recogerá un catálogo de derechos de los usuarios que la Administración se responsabilizará de tutelar. En estos meses hemos seguido extendiendo el transporte de uso compartido, con 195 nuevas rutas que hacen un total de 460, y benefician a más de 1.500 localidades. Asimismo, se encuentran en marcha las acciones de reforma y modernización de estaciones de autobuses que en su momento anunciamos.

Finalmente, la prevención y lucha contra los incendios forestales constituye una prioridad de la Junta, especialmente en un año como el actual, con escasas precipitaciones y temperaturas excepcionalmente altas. Contamos para ello con un amplio operativo, en coordinación y cooperación con el resto de Administraciones Públicas, integrado por un total de 4.350 profesionales y dotado, también, con nuevas herramientas técnicas. Desde el año 2016, además, la prevención de incendios se está viendo favorecida por la inclusión en el Plan de Empleo Local de una convocatoria específica de empleo verde.

Señora Presidenta. Señoras y Señores Procuradores:

He intentado concentrar en esta intervención los que considero son los principales objetivos y prioridades, los datos y cifras esenciales, las iniciativas y proyectos más importantes, que dibujan la situación actual de la Comunidad, y su inmediato futuro, que hoy se someten a este Debate que celebramos en el ecuador de la actual Legislatura autonómica.

Sobre todos ellos vamos a seguir insistiendo. También desde la rendición de cuentas y el control parlamentario de la acción de Gobierno, pues hay que recordar que precisamente una de las novedades introducidas por la Ley 3/2016, que regula el Estatuto del Alto Cargo de la Administración de la Comunidad, es la que obliga a los Consejeros de la Junta, una vez finalizado el segundo año de Legislatura, a solicitar su comparecencia ante la correspondiente Comisión de las Cortes para informar del grado de cumplimiento de los objetivos de su departamento para toda ella.

En coherencia con el Programa de Gobierno con el que recibí la Investidura de estas Cortes ahora hace dos años, considero vitales las políticas e iniciativas que nos permitan mantener en los próximos años la tendencia de crecimiento de nuestra economía que estamos viviendo desde hace tres años. Favoreciendo y facilitando así todos los esfuerzos que en esa dirección están realizando las familias y empresas de la Comunidad, nuestros trabajadores, emprendedores y autónomos.

Sólo ese crecimiento estable confirmará a su vez la tendencia positiva de creación de más y de mejor empleo. La generación de nuevas oportunidades en nuestra tierra. Incluso la mejora de nuestros graves problemas demográficos. Y con todo ello, lograremos una recuperación que sea para todos. Que llegue a todos. Que corrija desigualdades y desequilibrios. Que no expulse a nadie. Y que incluya e integre a todos aquellos que todavía sufren la realidad o el riesgo de la exclusión y de la pobreza derivados de la crisis que hemos vivido.

Ese crecimiento estable es a su vez la garantía de los recursos públicos que son imprescindibles para mantener y mejorar la calidad y la equidad de los grandes servicios públicos de titularidad autonómica, que son al final los que explican y justifican nuestra propia existencia como Comunidad. Nuestro servicio a ella y a los castellanos y los leoneses. Algo que también debemos conseguir con equilibrio entre los ciudadanos de nuestras ciudades y los de nuestro amplio medio rural. Culminando la ordenación territorial que asegure también a estos últimos la presencia próxima de esos grandes servicios autonómicos, así como la autonomía y capacidad de actuar de sus Ayuntamientos.

Y todo ello, apostando siempre por la vía del diálogo y el acuerdo. Político, social y civil. Que nos permitan, por encima de todas las diferencias y las discrepancias, tender puentes, trabajar conjuntamente, y acercar posturas entre unos y otros en la búsqueda de las mejores soluciones para lo que nos une: el mejor futuro de Castilla y León.

Muchas gracias.