Instan a completar ordenación del territorio en ámbito rural
El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, ha instado a la Junta a completar la ordenación del territorio en el ámbito rural.
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Amilivia ha comparecido ayer tarde en la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento autonómico para presentar el informe de análisis de los efectos de la Ley 7/2013 de Ordenación de Servicios y Gobierno del Territorio de Castilla y León en la prestación de servicios por las entidades locales.
La fiscalización sobre los efectos de la nueva ordenación del territorio es carácter operativo, orientada a plantear recomendaciones para la mejora de los servicios de las administraciones públicas, es decir, la eficiencia en la gestión.
Amilivia ha sburayado la recomendación del Consejo de Cuentas dirigida a las Cortes de Castilla y León en el sentido de que estas deberían concluir la ordenación del territorio en el ámbito rural con la aprobación de la ley que incluya el mapa de las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio (UBOST) rurales, que es condición necesaria para avanzar en la implantación de las medidas previstas en la Ley 7/2013 de Ordenación de Servicios y Gobierno del Territorio en la prestación de servicios por las entidades locales, la LORSERGO.
Así, esta auditoría ha comprobado la eficacia de las actuaciones para potenciar fórmulas de gobierno y administración local más eficientes, especialmente las de carácter asociativo voluntario.
La ley para la nueva ordenación del territorio define dos ámbitos geográficos de nuevo cuño: las UBOST y las áreas funcionales, cuya delimitación deberá establecerse en un mapa de ordenación territorial para cuya aprobación -mediante ley- se precisa el apoyo de dos tercios del Parlamento autonómico.
A la constatación de que el mapa de las UBOST no está aprobado se suma un modelo de ordenación territorial en el que solo se encuentran definidas las áreas funcionales estables en el ámbito urbano (Ávila, Burgos, Aranda de Duero, Miranda de Ebro, León, Ponferrada, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Medina del Campo, Zamora y Benavente), mientras que la ordenación en el ámbito rural sigue pendiente de concluir, lo que condiciona sustancialmente el grado de eficacia de la nueva política de ordenación instaurada por la LORSERGO.
Desde la entrada en vigor de esta ley, se han aprobado dos leyes de atribución expresa de competencias a las entidades locales: en 2018 la Ley de transporte público de viajeros por carretera, y en 2019 la Ley de Actividad Físico-Deportiva.
También, Amilivia ha apuntado que no se ha constituido ninguna mancomunidad de interés general (MIG) rural al no estar aprobado el mapa de las UBOST rurales.
En cuanto a las MIG urbanas, se encuentran declaradas desde 2020 cinco: “Valladolid y Alfoz”, “Benavente y alfoz”, “Medina del Campo y alfoz”, “Zamora y Alfoz” y “León y alfoz”. De estas, informó, sólo la Mancomunidad “Valladolid y Alfoz” ha adoptado acuerdos para el desarrollo de sus competencias.
A la vista de todo ello, el Consejo de Cuentas ha recomendado también que la Consejería de la Presidencia de la Junta debería impulsar las medidas tendentes a reorganizar las actuales mancomunidades ordinarias, mediante su disolución o transformación en mancomunidades de interés general, asumiendo estas últimas las competencias municipales que con anterioridad desarrollaban las mancomunidades preexistentes.
Asimismo, debería adoptar las medidas de coordinación interadministrativa y eficiencia de los servicios, en el desarrollo de competencias propias previstas en la LORSERGO.
