El sector agrícola y ganadero contará con más de 1.900 millones de euros 

La Junta de Castilla y León, en colaboración con el Estado, ha diseñado un Plan Financiero Especial contra Adversidades Climatológicas para ayudar al campo tras los efectos de la sequía, las heladas y el granizo, dotado con 145 millones de euros. El presidente de la Junta ha adelantado que, con estas aportaciones adicionales, el campo de Castilla y León contará este mismo año con más de 1.900 millones de euros para afrontar la próxima campaña.

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Este plan permitirá ahorros al sector y le facilitará liquidez con exenciones fiscales. Además, los agricultores y ganaderos contarán con el adelanto de 720 millones de euros de la PAC en el mes de agosto, en colaboración con entidades financieras, así como con 920 millones de euros en préstamos, entre otras medidas.

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, se ha reunido esta mañana con los representantes de las principales organizaciones profesionales agrarias de la Castilla y León (Asaja, Alianza UPA-COAG y UCCL) para abordar los problemas que está atravesando el campo de la Comunidad debido a inclemencias meteorológicas como la sequía, las heladas y el granizo.

En este encuentro, Herrera ha presentado el Plan Financiero contra Adversidades Climatológicas 2017-2022, que contará con 145 millones de euros, aportados por el Estado y la Junta de Castilla y León, y ha puesto sobre la mesa diversas medidas que garantizarán el ahorro al sector y le aportará liquidez con el objetivo de ayudar a los agricultores y ganaderos de la Comunidad.

Así, el presidente de la Junta ha adelantado que, con esta aportación adicional del Plan Financiero, el campo de Castilla y León contará este mismo año con más de 1.900 millones de euros para afrontar la próxima campaña.

En cuanto a las medidas de ahorro, el sector dispondrá de beneficios fiscales como la reducción de los índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para las actividades agrícolas y ganaderas, lo que significa más de 38,1 millones de euros (19,8 millones de euros este año); la exención de cánones y tarifas a los regantes en las zonas afectadas por la sequía en Castilla y León, esto es unos 8 millones de euros; y la exención de tasas por servicios agroganaderos en todos los sectores agrarios, lo que supone otros 2 millones de euros.

Además, se incorporarán 2 millones de euros en ayudas para el suministro de agua a explotaciones ganaderas en régimen extensivo de aprovechamiento de pastos. Estas subvenciones irán dirigidas a la adquisición de equipos móviles de transporte de agua, gasto de energía, construcción de abrevaderos o excavaciones de charcas.

Esta batería de medidas para proporcionar ahorro al sector se completa con las ayudas a la suscripción de seguros agrarios, incrementando las subvenciones mínimo a un 10 %, lo que complementará la ayuda del Estado. Para ello, se incrementa la dotación presupuestaria en 2,5 millones de euros anuales. El importe destinado para contratar pólizas de seguros agrarios entre el Gobierno de España y la Administración autonómica asciende a 29,1 millones de euros.

Ayudas para tener liquidez

El sector contará, además, con ayudas que le permitan tener liquidez y afrontar con garantías la próxima campaña. Así, los agricultores y ganaderos podrán cobrar, de manera anticipada, hasta un 80 % de la Política Agrícola Común (PAC), lo que supone en torno a 720 millones de euros. La Consejería de Agricultura y Ganadería trabaja con entidades financieras para permitir que el sector pueda contar con esas ayudas, sin intereses, en el mes de agosto, lo que supone tres meses antes que una campaña normal.

La Consejería de Agricultura y Ganadería se empleará, también, en conseguir que se paguen todas las ayudas de la PAC y que no se lleven a cabo penalizaciones por la no aplicación de requisitos específicos vinculados a estas ayudas y a líneas europeas contempladas en el Programa de Desarrollo Rural, flexibilizando las ayudas agroambientales y los requisitos exigidos en los planes de incorporación de jóvenes y mejora de explotaciones agrarias.

Además, para ayudar al sector a tener liquidez, se aplazarán las cuotas de la Seguridad Social, lo que supondrá más de 200 millones de euros, y se habilitarán hasta 920 millones de euros en préstamos sin intereses para quienes tengan suscrito un seguro agrario y sean agricultores profesionales. La financiación para conseguir esta liquidez será de 80 millones de euros, aportados por la Junta de Castilla y León y el Estado.

Así, se habilitarán préstamos de hasta 40.000 euros, con 5 años de amortización, de los cuales uno será de carencia. En este caso, el Estado pondrá el 100 % de las garantías y la Junta de Castilla y León el 100 % de los intereses, siempre y cuando el beneficiario sea agricultor profesional y tenga suscrito un seguro. Se abre, además, un plazo hasta finales del mes de octubre para que se contrate cualquier tipo de seguro agrario y tener esta consideración a efectos de la cobertura de intereses y garantías. Si no lo tiene, las bonificaciones de intereses serán del 50 %, tanto por parte de la Administración autonómica como estatal.  

Condiciones especiales para jóvenes

En el caso de los jóvenes, podrán disponer de hasta 80.000 euros con 10 años de amortización, de los cuales dos serán de carencia. El 100 % de las garantías y de los intereses estarán financiados por el Estado y por la Junta de Castilla y León, respectivamente, si tiene suscrito un seguro, y el 50 % si no lo tiene. En este caso, no se exige el requisito de ser agricultor profesional.

En el caso de la comarca leonesa de El Bierzo, especialmente azotada por las inclemencias meteorológicas, se establecerán préstamos de hasta 80.000 euros, con 10 años de amortización, de los cuales dos son de carencia. No se exigirá la condición del 50 % de participación de actividad agraria en el IRPF, ni Seguridad Social Agraria, es decir, no se exige el requisito de ser agricultor profesional.

Además, se estudiarán medidas para apoyar a las empresas agroindustriales y a las cooperativas dedicadas a la actividad hortícola y frutícola que no puedan abordar pagos de los contratos estables cuya actividad esté vinculada a la producción de la zona.

Todas estas medidas se recogerán en un decreto que aprobará el Consejo de Gobierno este mismo mes.

Nota: Se adjunta documento con tabla de medidas para aportar liquidez al sector.