El PSOE denuncia que en Castilla y León hay 3.600 dependientes sin atender
El procurador Jorge Félix Alonso tacha de "espejismo" el incremento de usuarios del servicio de ayuda a domicilio
10.351 extranjeros tienen tarjeta sanitaria en Soria
La Junta facilita la creación, desde 2007, de más de 3.000 empleos para mujeres en el medio rural
El procurador socialista Jorge Félix Alonso ha denunciado que, debido a los recortes aplicados por la Junta de Castilla y León a la en las ayudas a las personas en situación de dependencia, “en Castilla y León se ha reducido el número de grandes dependientes beneficiarios de la ley de dependencia, hay menos dependientes atendidos en plazas públicas y existe un especial ensañamiento con los dependientes que han optado por ser cuidados por sus familiares”.
El portavoz socialista de Familia en las Cortes de Castilla y León ha apuntado que el Gobierno regional ha dejado de atender a 3.611 personas dependiente en la región, de las que 2.637 son grandes dependientes, desde que en julio de 2012 el Gobierno de Rajoy y la Junta de Castilla y León aprobaran los recortes de la Ley de la dependencia Castilla y León, según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
En cuanto a los servicios prestados a través de centros públicos: residencias y/o centros de Día, los datos evidencian, según el procurador socialista, una reducción respectivamente de 1.590 y 1.027 dependientes mientras que se produce un incremente en la Prestación Económica Vinculada destinada a comprar una plaza de residencia o de Centro de Día privados.
“El incremento de usuarios del servicio de ayuda a domicilio es un espejismo, puesto que crece el número de beneficiarios pero se reduce el número de horas que se les presta”, ha apuntado Alonso quien ha reiterado que “los recortes de la Consejería de Familia a los dependientes que optaron por los cuidados en el entorno familiar, unido a la supresión de las cotizaciones a la Seguridad Social que realizó el Gobierno del PP, han supuesto que en Castilla y León hayan dejado de cotizar 10.861 cuidadores familiares, lo que evidencia que este colectivo ha sido especialmente castigado con las políticas de los gobiernos del PP”.
