El Plan de Inserción Socio-Laboral incentiva 11.800 contrataciones y 14.000 acciones formativas
El Plan de Inserción Socio-Laboral 2016-2020, con un presupuesto de 369,4 millones de euros, refuerza la protección de las personas más vulnerables en la Comunidad, mejorando su empleabilidad y su acceso al mercado laboral.
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La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades puso en marcha este Plan, con la implicación del Diálogo Social, de las entidades del Tercer Sector, de las corporaciones locales y de las consejerías de la Junta, para reforzar la protección de las personas más vulnerables, mejorando su empleabilidad y su acceso al mercado laboral.
El Plan de Inserción Socio-Laboral 2016-2020 se centra en actuaciones personalizadas de carácter integral dirigidas a las personas más vulnerables, a personas con discapacidad y a personas en exclusión o en riesgo de estarlo.
La Red de Protección a las familias y la Estrategia Integrada de Empleo son los pilares en los que se fundamenta el Plan y herramientas esenciales para desarrollar sus actuaciones.
Consta de cuatro ejes, con cerca de 130 acciones. El primer eje se enfoca en conseguir la mejora de la empleabilidad de las personas más vulnerables a través de la formación y el segundo se centra en el acceso al empleo y en mantenerlo.
Los otros dos ejes tienen un carácter instrumental para mejorar la intervención de los profesionales sobre estas personas y lograr un cambio social en la percepción de la inclusión.
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, ha dado hoy cuenta del seguimiento, de la evaluación y del grado de ejecución de este Plan en su primer año a través del análisis que arrojan los datos en sus cuatro ejes de actuación. Alicia García ha destacado tres aspectos relevantes.
En primer lugar, el Plan ha superado sus previsiones iniciales ya que ha hecho posible que más de 96.000 personas en situación de riesgo o de exclusión hayan participado en sus acciones.
Junto a esto, en 2016, el Plan ha destinado más del 60 % de sus recursos a crear o mantener el empleo de las personas más vulnerables, lo que ha permitido 11.800 contrataciones incentivadas por la Administración, y casi el 40 % restante a mejorar la capacitación y formación de estas personas para acceder a un empleo, a través de las 14.000 acciones formativas. En tercer lugar, y como consecuencia de la demanda y la aceptación de las acciones del Plan, ha sido necesario incrementar en 2016 su financiación en más de 5,3 millones de euros, un 7,2 % más de lo previsto, que fueron 74,95 millones de euros, para llegar hasta los 80,33 ejecutados finalmente.
Formación y capacitación
El primero de los cuatro ejes del Plan de Inserción Socio-Laboral 2016-2020 contemplaba 46 acciones con un gasto de 31,4 millones de euros, casi el 40 % de todo el presupuesto del Plan, para dotar a las personas más vulnerables de las condiciones necesarias para acceder a un empleo, facilitar su entrada en el mercado laboral, mejorar su empleabilidad y favorecer su inclusión activa.
Con el fin de evitar la discriminación en el acceso y permanencia en el puesto de trabajo, este primer eje está desarrollando acciones de información, orientación y asesoramiento; competencias personales, motivación y habilidades sociales y acciones formativas con empleo y apoyos complementarios.
La evaluación del primer año del Plan indica que, en 2016, 84.300 personas participaron en más de 14.000 acciones formativas. Alicia García ha señalado que, respecto a los principales beneficiarios de este eje, los datos indican que hay casi 5.000 perceptores de Renta Garantizada de Ciudadanía, 766 mujeres víctimas de violencia de género o en situación de vulnerabilidad, más de 4.000 personas con discapacidad y más de 1.000 jóvenes. Además, un 20 % de los beneficiarios son inmigrantes.
En lo relativo a estas acciones, por un lado se encuentran las enfocadas a mejorar la empleabilidad de las personas más vulnerables, a través de los itinerarios personalizados de inserción socio-laboral con las entidades del Tercer Sector, en los que han participado más de 6.800 personas.
Por otro lado, 77.500 personas han participado en acciones dirigidas a favorecer la inclusión activa de las personas con especial vulnerabilidad.
De ellas, 20.000 personas han recibido asesoramiento, información y orientación laboral, a través de los CEAS, entidades del Tercer Sector y oficinas de empleo, para facilitar su acceso al mercado laboral; 53.500 personas han participado en programas de formación en competencias personales, motivación y habilidades sociales; más de 2.200 personas con escasa cualificación han participado en cerca de 2.000 acciones formativas en competencias profesionales dirigidas a personas en riesgo de exclusión, con discapacidad, o baja cualificación; casi 1.000 personas han participado en acciones formativas que incluyen prácticas en las empresas dirigidas a desempleados inscritos en el SEPE de Castilla y León, a jóvenes provenientes del sistema de reforma, jóvenes en exclusión y personas con discapacidad y más de 900 personas se han beneficiado de apoyos a estos itinerarios y acciones formativas. Entre estos últimos apoyos, destacan los apoyos residenciales a mujeres y menores, que ha beneficiado a 231 mujeres y más de 400 menores; los apoyos para personas con discapacidad y/o dependientes a través de la figura del gestor de contexto o el apoyo de acompañamiento y tutorización a 700 jóvenes, que ha permitido la inserción de 89 jóvenes en la empresa ordinaria.
Acceso al empleo y mantenimiento en el mercado laboral
El segundo eje contempla 42 acciones de dos tipos de medidas: por un lado, las que facilitan empleo a través de entidades sin ánimo de lucro o empresas privadas mediante subvenciones o contratación pública y, por otro, las que impulsan la contratación en el sector público.
Las acciones de este eje han supuesto un gasto de 48,7 millones de euros lo que implica el 60,6 % del total de la anualidad para 2016 para facilitar el acceso a un empleo y su mantenimiento a través de los incentivos ofrecidos por la Administración.
Entre los beneficiarios de las medidas de este eje destacan más de 7.800 personas con discapacidad y 2.260 perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía.
Alicia García se ha referido a que, en total y a través de las acciones de este eje, se han posibilitado 11.798 contrataciones. Alicia García ha destacado las más de 1.700 contrataciones a través de itinerarios personalizados de inserción socio-laboral y otras acciones formativas.
Se han propiciado cerca de 1.000 contrataciones en la empresa privada, entre los que destacan 503 contratos a personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, 232 a personas en riesgo de exclusión y 16 a mujeres víctimas de violencia; 90 jóvenes beneficiarios de Renta Garantizada de Ciudadanía han sido contratados; 1.537 personas vulnerables se han insertado en el mercado laboral a través de las entidades del Tercer Sector y casi 100 personas beneficiarias de Renta Garantizada, a través de agencias de colocación. Es significativa la creación de empleo local a través de la colaboración entre la Administración autonómica y las corporaciones locales,con 2.347 contratos.
Junto a esto, la consejera ha destacado que también son muy importantes las medidas relacionadas con la creación y el mantenimiento empleo protegido en centros especiales de empleo y empresas de inserción, ya que han permitido que 6.303 personas cuenten con un empleo, más del 53 % del total de las contrataciones de este eje; que se hayan creado 134 empresas gracias a las ayudas para actividades económicas por cuenta propia; que 8 emigrantes retornados hayan accedido al autoempleo; que a través de la reserva de contratación se hayan formalizado 467 contratos a centros especiales de empleo y 18 a empresas de inserción en 2016 por 6,4 millones de euros; que se hayan incorporado cláusulas sociales en el 75 % de la contratos o que se haya reservado plaza en la Oferta de Empleo Público de la Junta de Castilla y León de 2016 para 228 personas con discapacidad.
Intervención de los profesionales y cambio social
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha señalado que los ejes tercero y cuarto tienen un carácter instrumental y están contribuyendo tanto a mejorar la intervención de los profesionales como a lograr un cambio social en la percepción de su inclusión sociolaboral como una inversión con importante retorno social.
Entre las medidas en el primer año de ejecución del Plan se encuentra un sistema de intercambio de información entre el Servicio de Empleo y el Sistema de Servicios Sociales, especialmente en la coordinación de actuaciones para perceptores de RGC, derivándolos a programas de empleo o formación en función de grado de empleabilidad.
García ha concluido la presentación de la evaluación del primer año del Plan de Inserción Socio-Laboral señalando que, una vez analizados los resultados obtenidos y en consonancia con lo establecido en el recientemente aprobado Plan Estratégico de Servicios Sociales que tiene entre sus prioridades luchar contra la pobreza y la exclusión, varios aspectos centrarán las actuaciones de futuro. Un de ellos será el refuerzo del seguimiento individualizado de cada persona a través de la plataforma tecnológica en la que ya se trabaja para adaptar su capacitación y formación a sus necesidades y a las demandas del mercado laboral, facilitando su acceso a un empleo o su permanencia.
La consejera también se ha referido a que se van a personalizar más los itinerarios, estableciendo distintos tipos en función de las características más específicas de las personas y sus perfiles y que, además, se ha detectado la importancia de la contratación pública socialmente responsable para el empleo de los más desfavorecidos, por lo que se van a fomentar las contrataciones con empresas privadas condicionadas para que cuenten en su plantilla con personas en situaciones de especial vulnerabilidad, como perceptores de renta garantizada de ciudadanía, mujeres víctimas de violencia de género o personas con discapacidad.
La consejera ha recordado la necesidad de seguir trabajando en la mejora y afianzamiento de las medidas del Plan para reforzar la protección de las personas más vulnerables, mejorando su empleabilidad y su acceso al mercado laboral. García cree que, a la vista de los últimos datos conocidos hace unas semanas de la EAPN sobre la evolución de la pobreza en Castilla y León, es razonable pensar que existe una relación directa entre el descenso de la pobreza en Castilla y León y el esfuerzo por el empleo a través de este Plan de Inserción Socio-Laboral.
