Cinco grandes acuerdos para crear más empleo y reforzar los derechos sociales
Entre ellos, el Plan Anual de Políticas de Empleo
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El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha destacado hoy, tras la firma de cinco grandes acuerdos en materia de empleo y derechos sociales con los agentes sociales y económicos que conforman el Consejo del Diálogo Social, que este instrumento sigue dando ejemplos, una vez más, de efectividad, ya que continúa estructurando y protagonizando el despliegue de las políticas públicas en la Comunidad.
El primero de los grandes acuerdos firmados hoy es el Plan Anual de Políticas de Empleo 2017, que constituye el auténtico “guion” de las políticas activas de empleo de la Junta de Castilla y León en el presente ejercicio y que se sustenta en la II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales, Igualdad y Conciliación en el Empleo 2016-2020 acordada en enero de 2016, cuyos principales ejes desarrolla.
El montante total de este Plan Anual es de 144,4 millones de euros, lo que supone un 3,2 % de incremento respecto a 2016, y su objetivo es sentar las bases para conseguir más empleo, de mayor calidad y con prioridad para los colectivos que presentan mayor dificultad. Dentro de este Plan Anual se enmarca el Plan de Empleo Local, destinado a la contratación de desempleados a través de las entidades locales, y que en 2017 tendrá una dotación de 51,3 millones de euros, lo que representa un importante incremento del 28 %.
Este nuevo Plan de Empleo Local continúa enfocado hacia un empleo productivo y dinamizador de la economía local, apoyando sectores como el turístico (13,55 millones de euros), forestal (3,3 millones), minero (3,69 millones) y agrario (0,4 millones). Asimismo, mantiene su apuesta social, con convocatorias específicas para personas con discapacidad (5 millones), perceptores de Renta Garantizada de Ciudadanía (10,5 millones) y Jóvenes del Sistema de Garantía Juvenil (2,6 millones).
Además, se priorizan los proyectos con mayor complementariedad de fondos por parte de las entidades locales, especialmente en relación con el sector turístico y los perceptores de Renta Garantizada de Ciudadanía. Así, y siempre en el marco del Diálogo Social, se establecen fórmulas para subvencionar más contratos conforme la entidad local asuma una participación presupuestaria.
Por último, se mantiene la apuesta por un empleo de calidad (con carácter general, contratos a tiempo completo y por 6 meses) y se especifica que las contrataciones han de realizarse en puestos no estructurales, pero con las mismas retribuciones que el personal de plantilla.
Impulso al Plan de Empleo Joven
El Plan Anual de Políticas de Empleo incluye, en segundo lugar, el impulso del Plan de Empleo Joven, destinado a menores de 35 años y que en 2017 contará con 41 millones de euros, lo que supone un incremento del 13 %. Esta dotación incluye los fondos del Programa Operativo de Empleo Juvenil, con medidas para jóvenes de hasta 30 años en el marco del sistema de la Garantía Juvenil y otras medidas para cubrir la franja hasta los 35 años con fondos autónomos.
Este Plan prevé un completo elenco de medidas para este colectivo prioritario: programas mixtos de formación y empleo, ayudas para establecerse como autónomos, fomento de la contratación por cuenta ajena, medidas personalizadas de inserción laboral, prácticas en otros países y acciones formativas, apostando por la Formación Profesional Dual.
Además, contempla líneas dirigidas a colectivos especiales: jóvenes con discapacidad, jóvenes en riesgo de exclusión social y jóvenes provenientes del sistema de protección y reforma.
En tercer lugar, la planificación de las políticas de empleo para 2017 incluye un renovado Plan de Protección frente a Crisis Empresariales, dotado con 7,55 millones de euros destinados a la protección de trabajadores afectados por ERES suspensivos por causa tecnológica, económica, organizativa, productiva y por fuerza mayor. En este punto, el presidente ha destacado que aunque estas crisis empresariales muestren una menor virulencia que en años anteriores, siguen siendo motivo de gran preocupación, razón por la cual se mantienen todas las líneas de protección ya existentes.
Como novedades, en las convocatorias ordinarias se aumentará el tamaño de las empresas beneficiarias (de 250 a 300 trabajadores) y se ampliará la duración máxima de la ayuda por trabajador (de 120 a 180 jornadas). Asimismo, está prevista la creación de una ‘bolsa’, dotada con 1 millón de euros, para supuestos extraordinarios de crisis por fuerza mayor, lo que permitirá dar una solución más «a la carta» en aquellos casos en que las convocatorias ordinarias no sean adecuadas o suficientes, pero siempre vinculada al compromiso de mantenimiento de la actividad de la empresa.
En cuarto lugar, la planificación anual de las políticas de Empleo apuesta por otros aspectos sociales, como la ampliación del plazo de solicitud del Programa Personal de Integración y Empleo (PIE) a tres meses, antes de julio, con campañas específicas de difusión para que proteja a un mayor número de personas desempleadas.
Además, se recogen medidas para la igualdad en el empleo, la conciliación y la corresponsabilidad en la vida personal, familiar y laboral, junto con otras concretas dirigidas a mejorar las oportunidades para el acceso al empleo de los jóvenes, las personas con discapacidad y los inmigrantes. En concreto, se establecen apoyos para favorecer la inserción de personas con discapacidad, incentivando la incorporación en la empresa de preparadores de apoyo a los trabajadores con una discapacidad severa. Y se establecen acciones específicas para el empleo femenino, previendo la incorporación de una línea para propiciar la reincorporación al mercado laboral de las mujeres tras agotar periodos de excedencia.
Acuerdo en materia de Educación 2017-2021
El segundo gran acuerdo firmado hoy, en materia educativa, abarca cuatro cursos, del 2017/2018 al 2020/2021 y, por tanto, cinco ejercicios presupuestarios, con una cuantía total prevista de 47,13 millones de euros. El objetivo común de todos los compromisos es la apuesta por reforzar la equidad tanto en el sistema educativo escolar (reconocida por el Informe PISA) como en los estudios universitarios, según ha destacado el presidente.
En relación con los alumnos universitarios, el acuerdo establece el mantenimiento de las tres líneas de ayuda que conforman el sistema propio de Castilla y León (alumnos de nuevo ingreso con nota inferior a los 6,5 puntos que son requisito en las becas estatales, complemento de las ayudas estatales para alumnos de segundos y posteriores cursos con menos renta y becas para cursos oficiales de idiomas), destinándoles un crédito final de 2,75 millones de euros por curso durante la vigencia del acuerdo. Se estima que beneficiará a 2.900 alumnos cada curso.
Asimismo, el acuerdo establece la recuperación del complemento autonómico de las becas Erasmus, que tienen en Castilla y León una media de 2.000 alumnos/curso, con una dotación creciente desde los 550.000 euros del próximo curso al millón de euros del curso 2020-2021. Y, en tercer lugar, mantener congeladas, el próximo curso, las conocidas como ‘tasas universitarias’ en las universidades públicas. A partir del curso 2018-2019, en función de las disponibilidades presupuestarias, y ligado al establecimiento de un nuevo sistema de financiación de las universidades públicas, el acuerdo prevé avanzar en la adecuación de dichas tasas a la media nacional.
En el ámbito escolar, el acuerdo extiende a todo su periodo de vigencia las mejores condiciones del programa Madrugadores pactado en marzo de 2015 (el precio bajó de 26,22 a 16 euros al mes), y se establece el compromiso de revisar y flexibilizar el programa Tardes en el Cole. Para ambos programas se establece un crédito de 700.000 euros por curso y se prevén 7.700 beneficiarios por curso en total. Asimismo, se extienden a todo el período de vigencia las mejores condiciones del servicio de Comedor Escolar pactadas en marzo de 2015 (gratuidad para familias con ingresos de hasta 2 veces el IPREM, reducción del 75 % hasta 2,5 veces el IPREM y del 50 % hasta 3 veces el IPREM), con un crédito estimado de 3,8 millones de euros por curso y 15.600 beneficiarios por curso previstos.
Además, se acuerda la puesta en común con los agentes económicos y sociales, con carácter previo a su puesta en marcha, de los programas de Garantía Juvenil gestionados por la Consejería de Educación, con un importe total (cofinanciado por el Fondo Social Europeo) en el período de vigencia del Acuerdo de 15 millones de euros.
Se acuerda, además, mejorar el funcionamiento y la participación en el Consejo Escolar de Castilla y León y, por último, el Diálogo Social se incluirá en el Curriculum Escolar «como elemento imprescindible en la cohesión social y como una parte de la historia y de la economía de Castilla y León».
Acuerdo en materia de Atención a la Dependencia
El presidente de la Junta ha destacado que, tras 10 años desde la puesta en marcha de la Ley de Dependencia, diversos informes externos siguen señalando a Castilla y León como la comunidad más destacada en su aplicación. Por ello, el Acuerdo suscrito hoy en el marco del Diálogo Social plantea avanzar en la mejora del reconocimiento de derechos, para lo cual se reducirán de forma progresiva (a razón de un mes por año) los plazos de tramitación de las solicitudes de dependencia –desde su presentación hasta el reconocimiento–, por debajo de los 6 meses que establece la normativa estatal. Así, serán 5 meses a partir de enero de 2018, hasta alcanzar un promedio de 3 meses.
En segundo lugar, el Acuerdo pretende mejorar la calidad de los servicios que se prestan. Para ello, se ha acordado el contenido de la Orden reguladora de la acreditación del Servicio de Ayuda a Domicilio.
Por último, se mejora la oferta de plazas residenciales públicas en el período 2017-2024, acordándose la reconversión de 419 plazas de personas válidas en plazas de personas dependientes en las residencias de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, a razón de 50 plazas anuales. El coste total estimado asciende a 20 millones de euros en el período 2017-2024.
Acuerdo sobre la Red de Protección
La Red de Protección, cuyo origen se enmarca en dos acuerdos del Diálogo Social, atendió en 2016 a más de 180.000 personas, con una dotación presupuestaria superior a los 180 millones de euros.
El presidente de la Junta ha destacado que, con el Acuerdo que hoy se firma, se pretende que esta Red deje de ser una herramienta coyuntural para convertirse en un mecanismo estable y ordinario de atención a las personas vulnerables. Esto supone un cambio en la denominación de la Red, que dejará de referirse a personas y familias «afectadas por la crisis» para aludir a «las personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social o económica». Para ello, Junta y agentes sociales han acordado el texto del Anteproyecto de Ley de Ordenación y funcionamiento de la Red de Protección, que además incluye una importante novedad: la elevación al rango de derecho subjetivo de dos de las actuaciones de la Red, como son el Servicio de provisión inmediata de alimentos y el Servicio integral de apoyo a las familias en riesgo de desahucio.
El Acuerdo adjunta también como anexo el Anteproyecto de texto refundido de las normas legales vigentes en materia de condiciones de acceso y disfrute de la Renta Garantizada de Ciudadanía, a fin de contar con un solo texto legal que recoja todas esas sucesivas mejoras en el acceso a la Renta, algo que se venía reclamando en el Consejo del Diálogo Social.
Acuerdo para el desarrollo de las políticas de alquiler y rehabilitación
Este Acuerdo parte de las dos prioridades de la Junta en materia de vivienda, como son las ayudas al alquiler y el impulso de la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas, que se enmarcan en convenio de colaboración suscrito con el Gobierno de España en agosto de 2014.
Al haberse prorrogado a 2017 el ‘Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016’, se requiere una Adenda al citado convenio.
El Acuerdo prevé suscribir dicha Adenda, en la que se establece una aportación de 5,6 millones de euros por parte de la Junta. Esta aportación permitirá realizar en 2017 una convocatoria de ayudas al alquiler por un importe máximo de 14,7 millones de euros. Dichas ayudas se destinarán a personas y familias cuyos ingresos no excedan de 2,5 veces el IPREM, sin umbral mínimo de ingresos, y subvencionarán hasta el 40 % del importe mensual pagado en concepto de alquiler. Asimismo, en 2017 se convocarán ayudas destinadas a la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas hasta un importe máximo de 9,4 millones de euros.
