Castilla y León, séptima autonomía más saneada de España
Mejora su posición relativa al término del segundo trimestre de 2016
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Castilla y León ha cerrado el segundo trimestre de 2016 con una deuda viva de 10.996,3 millones de euros, cantidad equivalente al 20 por ciento de su Producto Interior Bruto (PIB), una ratio con la que mejora su posición relativa hasta situarse como la séptima autonomía más saneada de España.
Los datos difundidos esta mañana por el Banco de España muestran además que el endeudamiento regional ha aumentado en el último año a un ritmo muy inferior a como lo ha hecho en el conjunto de comunidades, con un porcentaje del 5,8 por ciento frente al 9,1 por ciento de media.
La Comunidad llega al ecuador del ejercicio como la séptima menos endeudada del país en relación con el tamaño de sus respectivas economías, por detrás de Madrid, País Vasco, Canarias, La Rioja, Galicia y Asturias.
De esta forma, gana una posición relativa en relación con el trimestre anterior al adelantar a Navarra.
La estadística del supervisor hecha pública esta mañana revela que la deuda viva de Castilla y León se ha incrementado en 414 millones de euros entre abril y junio en comparación con los tres primeros meses del año, lo que equivale al 3,9 por ciento en términos relativos.
Este aumento se debe principalmente a la emisión de deuda pública formalizada por la Junta el pasado 25 de mayo para cubrir las necesidades de financiación del ejercicio, una operación exitosa en los mercados que se cerró al tipo de interés más bajo de la historia autonómica, el 0,7 por ciento, y con un plazo de amortización de cinco años.
En todo caso, el peso de la deuda viva de Castilla y León sobre el conjunto del pasivo de las autonomías –que asciende a 273.199 millones de euros a efectos del Sistema Europeo de Cuentas (SEC)– representa el 4,02 por ciento, lo que evidencia el uso responsable que siempre ha hecho la Comunidad de esta fuente extraordinaria de financiación.
El Banco de España incluye en su cómputo el endeudamiento concertado a través del Fondo de Financiación a las Comunidades Autónomas, que engloba el Fondo de Pago a Proveedores (FFPP) y los compartimentos del Fondo de Facilidad Financiera (FFF) y del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Castilla y León solamente mantiene en la actualidad un saldo vivo con el FFF, por importe de 2.053 millones de euros.
Pagos a proveedores y apoyo a las empresas
La estadística oficial conocida hoy incorpora también operaciones de "factoring sin recurso", es decir, la cesión a entidades financieras de créditos comerciales frente a las administraciones públicas, así como préstamos para proyectos de colaboración público-privada.
Hasta junio atribuye 136 millones de euros a la Comunidad por la primera fórmula, empleada fundamentalmente para agilizar los pagos a proveedores, y 299 millones de euros por la segunda modalidad.
Por último, el organismo regulador incluye entre sus datos un apunte de 448 millones de euros que se corresponde con los préstamos suscritos por la Junta para apoyar a las empresas, financiados mayoritariamente por el Banco Europeo de Inversiones (BEI). Se trata de una cuantía que retornará a las arcas autonómicas, en concepto de reintegro de capital y los intereses oportunos.
Deuda por titulares
Si se atiende a la titularidad de la deuda, el 95 por ciento corresponde a la Administración General; el 4 por ciento es responsabilidad de las universidades y los entes públicos de derecho privado, y el 1 por ciento restante corresponde a las empresas públicas, de acuerdo con las cifras consideradas a efectos del SEC.
De acuerdo con esta metodología queda al margen del cómputo el endeudamiento de las empresas públicas que realizan actividades de mercado. Su deuda ascendía al cierre del segundo trimestre a 167 millones de euros, según el Banco de España, es decir, el 0,3 por ciento sobre el PIB. Frente a estos datos, el sector público del conjunto de comunidades acumula un pasivo de 4.420 millones de euros, un 0,4 por ciento en términos relativos.
Por lo tanto, la suma de la deuda de Castilla y León que computa el SEC (10.996,3 millones de euros) y la que no (167 millones de euros) da como resultado 11.163 millones de euros, una cifra equivalente al 20,3 por ciento del PIB, cuando la media se eleva al 25,2 por ciento.
