Uno de cada cuatro habitantes de Castilla y León, en riesgo de pobreza o exclusión social
El 24,1 por ciento de la población de Castilla y León, unas 578.000 personas, se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social.
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Así lo recoge el XVI Informe El Estado de la Pobreza en Castilla y León, elaborado por EAPN España con datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE de 2025.
La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla y León (EAPN Castilla y León) ha presentado hoy el informe en el Salón de Actos del Consejo Económico y Social de Castilla y León (CES), en Valladolid.
El acto se ha celebrado a las puertas del 17 de octubre, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.
Han intervenido Enrique Cabero Morán, presidente del CES; Óscar Castro Vega, presidente de EAPN Castilla y León; Jonathan Sánchez Fernández, coordinador de la red, y Cristina Sánchez Benito, técnica de incidencia.
Estabilidad aparente, deterioro por dentro
La tasa AROPE se mantiene respecto a 2024 y se sitúa 1,6 puntos por debajo de la media estatal (25,7 por ciento).
Sin embargo, sus tres componentes empeoran, y Castilla y León registra la séptima tasa más alta entre las comunidades autónomas.
La tasa de pobreza sube 1,3 puntos, hasta el 19,8 por ciento. Son unas 475.000 personas, 32.000 más que el año anterior, y la cifra ya supera la media estatal (19,5 %).
La pobreza severa alcanza el 9,8 %, 1,4 puntos más, frente al 8,0 por ciento de España.
La carencia material y social severa afecta al 6,7 % de la población, unas 161.000 personas. Es casi el doble que en 2015 (3,7 %).
La baja intensidad de empleo en el hogar crece 2,5 puntos, hasta el 9,5 %, la sexta más alta entre las comunidades.
El informe señala además una mejora muy limitada del poder adquisitivo.
Descontada la inflación, la renta media por persona apenas ha crecido 815 euros desde 2008. Castilla y León es la tercera comunidad más desigual según el indicador S80/S20.
La infancia y el medio rural, los más afectados
La infancia sigue siendo el grupo más castigado. El 30,9 % de los menores de 18 años está en riesgo de pobreza o exclusión, y el 19,7 % vive en pobreza severa, el doble que la media.
El riesgo también es mayor entre las personas con discapacidad (33,8 %), en las zonas rurales (26,6 %) y entre las mujeres (24,7 %). Entre las personas en desempleo llega al 57,4 %.
La vivienda, factor de empobrecimiento
El 53,3 % de quienes viven de alquiler a precio de mercado está en riesgo de pobreza o exclusión, y el 48,7 % en pobreza.
El 7,6 % de la población destina más del 40 % de su renta a la vivienda, porcentaje que sube al 32,7 % entre las personas en pobreza.
El 8,8 % ha sufrido retrasos en el pago del alquiler o la hipoteca, y el 11,2 % no puede mantener su casa a una temperatura adecuada en invierno.
La protección social funciona, pero no llega a todos
Sin transferencias públicas, la tasa de pobreza en Castilla y León sería del 45,6 %, en lugar del 19,8 %.
Las pensiones de jubilación y supervivencia evitan la pobreza al 20,4 % de la población, y el resto de las prestaciones, al 5,4 %.
Castilla y León invierte el 64,6 % de su presupuesto a políticas sociales, por encima del 59,5 % del conjunto de las comunidades.
Pero las prestaciones de garantía de renta llegan al 6,0 % de la población, frente al 7,6 % estatal.
En cambio, el alcance de las prestaciones de ayuda a la vivienda en superior en Castilla y León al de la media, en Castilla y León llega al 4.5% frente al 2.8% de la media nacional.
El presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, Enrique Cabero Morán, ha abierto el acto con una llamada a la acción institucional:
"La pobreza y la exclusión social suponen un fracaso del Estado social y democrático de Derecho y le resta legitimización ciudadana. Urge, por ello, y sobre todo por la dignidad de las personas y sus derechos fundamentales, la articulación de una estrategia pública de erradicación de las situaciones de pobreza y el fomento real de la inclusión", ha reclamado.
Óscar Castro Vega, presidente de EAPN Castilla y León, ha advertido contra la complacencia por estar por debajo de la media estatal en algunos indicadores.
"No podemos conformarnos con estar mejor que otros territorios cuando cientos de miles de personas siguen encontrando dificultades para acceder a unas condiciones de vida dignas", ha afirmado.
Además ha señalado que el objetivo no puede ser simplemente gestionar la pobreza sino que el objetivo debe ser reducirla y avanzar hacia su erradicación.
Castro ha puesto el foco en la vivienda.
"Estamos hablando de personas que, en muchos casos, trabajan, tienen ingresos y, sin embargo, encuentran enormes dificultades para hacer frente al coste de una vivienda", ha explicado.
La vivienda debe dejar de ser un factor que genera pobreza y convertirse en una herramienta para combatirla.
También ha defendido el papel de las políticas públicas, a la vista de que las transferencias reducen la pobreza del 45,6 % al 19,8 %.
A su juicio, las políticas sociales deben entenderse no únicamente como un gasto, sino como una inversión imprescindible para construir una sociedad más justa, cohesionada y con mayores oportunidades.
El presidente de la red ha reivindicado el diálogo con las administraciones, con resultados medibles.
La cooperación entre lo público y el Tercer Sector es fundamental para construir respuestas más eficaces frente a la pobreza y la exclusión social, señaló.
Y ha resaltado que una sociedad que reduce la pobreza no solo es una sociedad más justa, sino también una sociedad más fuerte y cohesionada.
Ocho propuestas para fortalecer la inclusión social
EAPN Castilla y León ha trasladado un conjunto de propuestas basadas en la experiencia de sus entidades miembro:
Garantía de ingresos: reforma de la Renta Garantizada de Ciudadanía para que se complemente de forma plena y automática con el IMV o con otras rentas como las procedentes del empleo.
Vivienda, primer derecho habilitante: más parque público de alquiler social, movilización de vivienda vacía, alerta temprana frente a los desahucios y una estrategia contra el sinhogarismo.
Servicios sociales ágiles, humanos y personalizados: ventanilla única social, historia social única y acompañamiento en el proyecto de vida.
Empleo como puente hacia la autonomía: una estrategia autonómica de inserción sociolaboral, cláusulas sociales en la contratación pública y apoyo a la economía social.
Educación para la igualdad de oportunidades: seguir desarrollando la red pública de 0 a 3 años, refuerzo de los centros de alta complejidad y cierre de la brecha digital.
Sanidad como derecho universal y accesible: refuerzo de la atención primaria rural y de la salud mental.
Una mirada específica a perfiles en situación de mayor vulnerabilidad: infancia, juventud, mujeres en situación de exclusión, habitante del medio rural, personas migrantes…
Gobernanza para una transformación real: una Mesa del Diálogo Civil, financiación estable y plurianual para el Tercer Sector y una estrategia autonómica contra la pobreza con presupuesto y evaluación anual.
La pobreza no es inevitable. Es una realidad sobre la que podemos y debemos actuar, ha recordado Óscar Castro en vísperas del 17 de octubre.
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