UGT rechaza nuevas medidas para interrumpir embarazo
La secretaria de Políticas Sociales e Igualdad de UGT Castilla y León, Victoria Zumalacarregui, ha rechazado tajantemente las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno autonómico para los procesos de interrupción voluntaria del embarazo porque, con ellas, “asistimos a un nuevo ataque intolerable e inadmisible a los derechos de las mujeres de esta comunidad”.
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“Todas las medidas acordadas en el Consejo de Gobierno, que implican y comprometen a las personas profesionales sanitarias, con la complicidad e implicación de la Consejería de Sanidad, no son más que un conjunto de trabas para impedir ejercer este derecho a las mujeres que, en libertad y criterio propio, toman sus propias decisiones”, ha denunciado en un comunicado.
Para Zumalacárregui, “es inaudito y un atraso terrible que atenta contra los derechos humanos de las mujeres castellano y leonesas; un paso más de extrema gravedad que viene a formar parte de la política reaccionaria, negacionista y ultraderechista del que se ha contagiado la Junta de Castilla y León”.
Desde el sindicato consideran que se trata de una situación de “acoso y de coacción” y no están “dispuestos a tolerarlo”.
Según la secretaria de Políticas Sociales e Igualdad, “estas medidas son indignantes. Nosotros defenderemos el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su cuerpo, su maternidad, su vida, como ciudadanas con plena capacidad para la autodeterminación”.
Para UGT, el Gobierno autonómico debería garantizar los derechos de toda la ciudadanía, y “velar por prestar unos servicios sanitarios públicos y de calidad que permitan a las mujeres abortar en las mejores condiciones de salud, que eliminen todo riesgo”.
Y es que, según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su sentencia de 20 de marzo de 2007, y tal como se ha regulado en la Ley y demás normativa de aplicación, la Administración autonómica ha de dedicarse a garantizar la seguridad jurídica de la mujer embarazada que desee abortar y no limitar, obstaculizar o impedir las posibilidades reales de realizarlo.
Por lo tanto, según Zumalacárregui, “el gobierno de PP-Vox de Castilla y León debe acatar la ley, porque, con estas medidas están bordeando el delito, un delito de acoso y coacción a las mujeres tipificado en Código Penal”. Asimismo,
UGT ha exigido la “garantía del presupuesto necesario y suficiente que garantice el ejercicio del derecho al aborto en libertad”.
También se han mostrado muy críticos desde la organización sindical con el principal partido del gobierno de coalición: “No es entendible que el PP se preste a esta afrenta contra las mujeres, una vez más. No es posible entender que no haya presupuesto para luchar contra la Violencia de Género, o para proteger a las mujeres víctimas y sus familias incluso, y sí exista presupuesto para financiar medidas absolutamente perversas y dañinas para las mujeres embarazadas, que son ahora tomadas por enfermas mentales porque deciden ejercer su derecho, y llevar a término su decisión”.
Por eso, desde UGT Castilla y León han exigido al PP en el gobierno que “recupere la cordura para volver al lado de la ley y la razón porque estas medidas suponen otra forma de violencia de genero institucional contra las mujeres castellanas y leonesas” y han pedido que “den marcha atrás” pese a que, “con Vox como compañeros de viaje, han empezado a negar las diferentes formas de violencia machistas y la igualdad de mujeres y hombres porque consideran a las mujeres ciudadanas de segunda incapaces de tomar nuestras propias decisiones”.
Para finalizar, han advertido que, de seguir adelante con esta inaceptable propuesta, “van a tener en frente a más de la mitad de la población de esta comunidad, porque no podemos admitir que otros dobleguen la voluntad de las mujeres y fuercen nuestras decisiones a base de coacción, acoso y derribo”.
