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UGT acusa a la Junta de no creer en lo público, tras su Oferta de Empleo Público

UGT Servicios Públicos Castilla y León ha reprochado hoy a la Junta de Castilla y León que no crea en lo público tras la Oferta de Empleo Público lanzada y que, a juicio del sindicato, no cubre las necesidades mínimas de toda la comunidad.

Muchas de las plazas ofertadas, según ha apuntado UGT, responden a los procesos de estabilización y consolidación y no ofertan, en realidad, nuevas vacantes que acaben con el reducido número de empleados en ciertos sectores (sanidad, educación, etc).

Tomás Pérez Urueña, secretario general de UGT Servicios Públicos de Castilla y León, se ha encargado de la presentación de sus compañeros sectoriales: Beatriz Garcia, secretaria de Enseñanza de UGT SP CyL, Rosa López, responsable de Sanidad de UGT SP CyL y Carlos Arenas, secretario del sector autonómico de UGT SP Castilla y León.

Para comenzar, la secretaria de enseñanza de UGT CyL ha calificado las 1380 plazas convocadas en el sector como “demasiado ajustadas” y ha advertido que incluyen las 30 plazas de inspectores de la convocatoria de 2021 que, de no haberse publicado este año, se habrían perdido. 297 plazas, además, han quedado desiertas en las últimas oposiciones por lo que la oferta real final es de 1051 vacantes, lo que coincide exactamente con las jubilaciones de maestros y profesores de 2023.

Por tanto, la oferta queda muy por debajo de lo necesario para poder reducir la temporalidad al 8 por ciento, tal y como se había comprometido la consejería de educación ya que las tasas de secundaria rondan, actualmente el 30 por ciento.

El siguiente turno ha corrido a cargo de la responsable de sanidad de UGTCYL que ha aludido a la oferta de 210 plazas convocadas en el Sacyl como “escasa, insuficiente y que excluyen a varias categorías”.

Al respecto, Rosa López ha explicado que, en los próximos 10 años, contaremos en Castilla y León con 3500 médicos y 3200 enfermeras menos en la comunidad, siendo la atención primaria la más afectada. Y si a este déficit de profesionales, le sumamos las necesidades reales de la población, que viene marcada por la tasa de reposición, nos encontraremos con un deterioro de la calidad asistencial por sobrecarga.

La oferta debería ser mucho más holgada y evitar la tasa de temporalidad que la UE ya nos ha marcado al 8% y que está obligando a la Administración pública a desarrollar procesos de estabilización.

Además, este año no hay convocatoria para TCAES ni celadores ni para todo el personal de servicios, imprescindible para mantener el sistema sanitario. Tampoco existe oferta de empleo para enfermería general, solo para salud mental y pediatría.

Por su parte, Arenas, secretario de Admon Autonómica y Acción Sindical de UGT SP CyL, ha afirmado que la oferta de empleo público de Administración General de la JCyL “no es que sea escasa, sino que, incluso, es ridícula”.

Cabe recordar que UGT se refiere a la tercera parte de los empleados públicos de la Junta: entre 31 y 32 mil empleados públicos, distribuidos en unos 17.000 funcionarios y más de 15.000 laborales.

Y es que la oferta de este año es de 504 plazas de funcionarios, 423 plazas de laborales y 278 plazas de promoción interna. Lo que, según el sindicato, no llega ni mucho menos a la tasa de reposición.

Además, la organización recuerda que es preciso ampliar las RPTS para incluir las plazas de estabilización que se encuentran fuera de la misma.

Esta oferta supone un 15% menos que el año pasado y es escasa y notoria en todas las provincias. Por ejemplo, en la provincia de León hay 728 vacantes para funcionarios y apenas se han ofertado de las 504 plazas en toda la comunidad.

Por eso, desde UGT han reclamado que haya un calendario (y que se cumpla) para la OPE de este año y para lo que aún falta por cubrir de los años anteriores y que se cubran todas las plazas de la oferta, para que no se pierdan aún más.

Por ejemplo, hace unos días se presentaron más de 1700 candidatos para cubrir 60 plazas de Técnicos de Atención Directa, perteneciente a la oferta de 2020, y convocada en 2023. Sin embargo, según la Administración, sólo aprobaron 10 personas y han dejado 50 plazas sincubrir.

Para finalizar, Pérez Urueña ha retomado la palabra para aseverar que “la Junta de Castilla y León no cree en lo público” y que existe un “déficit de profesionales que provoca que el ciudadano deje de confiar en lo púbico y se vaya a los servicios privados, tal y como vemos en nuestra comunidad donde cada vez hay más universidades privadas o centros sanitarios privados. Les exigimos que gestionen lo público, no para que lo destruyan”.