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Castilla y León

La supresión de las diputaciones de Castilla y León supondría un ahorro de 162 millones anuales

Según un estudio realizado por la Fundación ¿Hay Derecho?

La posible supresión de las diputaciones provinciales supondrían un ahorro potencial de 162.101.767 euros en Castilla y León, el 13,17 por ciento del total de las 38 diputados provinciales en régimen común, según la estimación incluida en un estudio de la Fundación ¿Hay Derecho?.

La supresión de estos entes se haría sin dejar de prestar los servicios a los municipios de menos de 20.000 habitantes, de tal forma que sus actuales competencias serían asumidas por las comunidades autónomas.

En total, el importe del ahorro en las 38 diputaciones españolas con régimen común se llevaría a 1.230 millones de euros anuales, un cálculo ligeramente superior al ahorro que presentó el entonces secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba (mil millones anuales) en la campaña electoral de 2011.

La Fundación ¿Hay Derecho?, según el estudio publicado este mes de mayo, estima un ahorro potencial de 69.224.416 euros en la Diputación de Zamora, y de 51.383.026 euros en la de Valladolid.

En la de León se ahorrarían 22.708.714 euros; en la de Burgos, 3.761.729 euros; en la de Salamanca, 31.057.523 euros; en la de Ávila, 36.159.989; en la de Palencia, 23.291.129 euros; en la de Segovia, 26.985.282 euros y en la de Soria, 6.440.951.

Con la supresión de las diputaciones provinciales, se eliminaría el principal coste político de las mismas ya que desaparecían los gastos asociados a sus órganos de gobierno y también las transferencias de fondos que realizan a sus propios entres y otras administraciones sin una finalidad concreta.

Despolitización

En el caso de los presupuestos de 2015, la cuantía de estas dos partidas alcanza aproximadamente los 588 millones de euros para el total de las 38 diputaciones provinciasles de régimen común.

"Si no se suprimen, se impone su despolitización y su profesionalización para evitar los continuos escándalos de nepotismo, despilfarro o corrupción", recomienda la citada fundación en su estudio.

Factores como la falta de autonomía financiera, la existencia de competencias impropias demasiado difusas o con escaso peso específico o la gran libertad para diseñar y ejecutar políticas públicas supone que cada Diputación, según la Fundación ¿Hay Derecho?, haya intentado encontrar su "hueco" entre las comunidades autónomas y los entes locales.

Esta situación se refleja en la enorme disparidad en la estructura del gasto de las diputaciones.

Las de Castilla y León están calificadas en el estudio como "racionalmente eficientes" dedicando sus recursos sobre todo a asistencia social primara e infraestructuras, "lo que parece a priori razonable sobre todo en aquellas zonas donde hay muchos municipios pequeños y población dispersa y envejecida"

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