IU alerta del riesgo de plantas de biogás como facilitadoras de actividades de impacto ambiental
Izquierda Unida de Castilla y León ha aprobado en su última asamblea una resolución en la que alerta del riesgo que pueden suponer las plantas de biogás en la Comunidad como facilitadoras de actividades de impacto ambiental.
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En la citada resolución, IU ha destacado que a pesar de sus posibles beneficios, es necesario analizar si su implantación puede servir al “lavado verde” (greenwashing) de otras actividades que sí generan un gran impacto ambiental y social sobre el territorio, como la ganadería intensiva, que produce tal cantidad de residuos que el territorio es incapaz de asimilar, generando malos olores, además de la contaminación de suelos y acuíferos.
Además ha añadido que más del 70 por ciento de los acuíferos de Castilla y León están ya contaminados por nitratos vinculados a los purines, y la cabaña porcina castellana y leonesa superó en 2024 los 4,5 millones de ejemplares.
Ante esta situación, Izquierda Unida ha propuesto como primera solución limitar el número de cabezas de ganado del conjunto de instalaciones asentadas en una comarca en función de la biocapacidad de la zona.
Sin embargo, la solución aportada por las empresas en colaboración con algunas administraciones, como la Junta de Castilla y León, es la implantación de plantas de biogás como una alternativa para gestionar deyecciones en lugares donde no hay suficiente tierra para absorberlas y para obtener un fertilizante de mayor calidad.
Señalan que la agroindustria está justificando la viabilidad ecológica de nuevas granjas con la apertura de nuevas plantas.
En Castilla y León actualmente hay un total de 101 proyectos de plantas de biogás y 81 de nuevas granjas porcinas.
En conjunto, superan las 330.000 plazas para incrementar la cabaña porcina de la Comunidad en más de un 7 por ciento.
Destacan que lo que surgió como un sector no viable económicamente, se ha convertido en un gran negocio, al que han acudido no solamente las grandes corporaciones energéticas (REPSOL, ENAGAS o ENDESA) sino también los principales fondos de inversión, como GOLDMAN SACHS o MAPFRE.
“El negocio se extiende por toda la Unión Europea, pero curiosamente se ha multiplicado en España, donde la patronal se mostraba reacia en principio, al no haber subvenciones, hasta escalar al tercer puesto europeo, tras Francia y Alemania, a la vista de los 130 mil millones de euros en primas y subvenciones", ha apuntado.
Para IU “las plantas de biogás son una solución parcial que no ataca la raíz del problema, que es la concentración excesiva de ganado en un espacio limitado incapaz de absorber las deyecciones ganaderas. Estas explotaciones están diseñadas para alimentar un consumo nacional e internacional de carne excesivo, insostenible en términos ambientales y de salud, e incompatible con el bienestar animal”.
Por ello, desde Izquierda Unida exigen a la Junta de Castilla y León, y a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio que realice una correcta planificación de la instalación de plantas de biogás.
Se tiene que tener en cuenta qué modelo de Comunidad queremos en un contexto climático en el que dispondremos de menos reservas hídricas, cuando el sector ganadero es uno de los más demandantes de agua. También solicitan que donde se instalen plantas debe existir un retorno beneficioso para las comunidades locales.
Las plantas generan malos olores, riesgos de vertidos, ruidos y un aumento del tráfico por los camiones que transportan los residuos para la planta.
A su vez, insisten en que los proyectos deben llevarse a cabo contando con la población afectada, que el uso de la energía sea para uso local. Para cerrar ciclos materiales y energéticos, con condiciones seguras, y que no sirvan como excusa para apostar por un modelo de ganadería industrial insostenible.
Además, reclaman transparencia sobre la participación pública en la construcción de estas plantas (a través de administraciones o una Energética Pública), que ayudaría a generar más confianza en estas instalaciones, garantizar el control público y el retorno de beneficios en la comunidad.
Por último, y de forma taxativa, exigen que se aplique una moratoria a los proyectos para la construcción de plantas de biogás en Castilla y León. Hasta, mínimo, que tenga aprobado el Plan regional de biogás 2024-2034. Suspensión de la tramitación de los procedimientos de autorización ambiental iniciados hasta la aprobación del Plan, y que no se otorgue autorización alguna hasta que dicho Plan se apruebe definitivamente.
