El Partido Castellano apuesta por comarcalización para fortalecer el medio rural
Ante la despoblación, el envejecimiento y el abandono institucional del territorio rural de Castilla y León, el Partido Castellano-Tierra Comunera (PCAS–TC) ha reiterado su propuesta de acometer un proceso de comarcalización como la mejor solución para abordar la ordenación del territorio en la comunidad más extensa de España, y garantizar la proximidad y la calidad en la prestación de los servicios públicos.
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La formación castellanista ha considerado en su último boletín que de esta forma se podrá superar el estancamiento que 38 años de gobiernos del Partido Popular, y de una oposición incapaz, han impuesto con sus sucesivas, contradictorias e incoherentes propuestas de organización territorial, que solo han servido para acelerar la despoblación y deteriorar los servicios públicos en el medio rural.
"El modelo de ordenación del territorio en el que lleva empantanado el Partido Popular desde hace más de veinticinco años (Ley 10/1988, de Ordenación del Territorio; Ley 3/2008, de Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio, y Ley 7/2013, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio) dificulta un medio rural vivo; diseña unidades básicas disfuncionales; no aborda la suficiencia financiera de los municipios y las entidades locales menores; evita cuestiones como la calidad y la modernización de los servicios públicos e ignora el poder transformador y movilizador de las mancomunidades y las comarcas", ha apuntado.
Así, el Gobierno de la Junta diseña unidades básicas poco funcionales y escasamente operativas (176 UBOST rurales y 15 urbanas), que coexisten con 2.225 municipios, 235 mancomunidades, nueve provincias y una comarca, con competencias que a veces se solapan y se superponen.
Sus dimensiones son, en muchos casos, excesivamente pequeñas para ser útiles como estructuras de ordenación y, en otras ocasiones, fragmentan comarcas naturales.
El Partido Castellano también ha censurado el espíritu inquisitivo y controlador del modelo de la derecha, que inspira la desaparición de los municipios más pequeños y la pérdida de competencias y presupuestos de los restantes.
Los hechos demuestran, a su juicio, que sus propuestas de ordenación del territorio acaban siendo oportunidades perdidas, obviando el potencial transformador de la comarca para que la organización territorial se convierta en un instrumento efectivo en la lucha contra la despoblación, el principal problema del medio rural castellano, que ha perdido el 75 por ciento de su población en 65 años.
Por todo ello, el PCAS–TC ha reiterado su apuetsa por una vieja reivindicación comunera anclada en la misma tradición histórica castellana: abordar la ordenación del territorio mediante un proceso de comarcalización como la forma más sencilla, eficaz, racional y democrática de afrontar los problemas del medio rural.
La comarcalización, descentralizando servicios que ahora prestan de forma poco eficiente las diputaciones provinciales o la Junta, creará empleo de calidad en el territorio rural, hará más cercana y eficiente la prestación de los servicios públicos, democratizará el funcionamiento y la gestión administrativa y creará un mapa único y racional para la sanidad, la educación, la gestión del agua, los residuos, el turismo y el mantenimiento de las infraestructuras.
Además, permitirá una mejor gestión y prestación de los servicios públicos (transporte, vivienda y medio ambiente), al coordinar municipios cercanos; la dinamización del desarrollo rural mediante la creación de estrategias locales; la lucha contra la despoblación al agrupar recursos, y la optimización de la administración mediante estructuras más eficientes y profesionales, abordando la gran extensión territorial de la región y sus desafíos demográficos.
La mejora de los servicios públicos mediante la coordinación, permitiendo a los municipios trabajar juntos en políticas de vivienda, transporte, seguridad y medio ambiente, con mayor eficiencia, creando administraciones supramunicipales más ágiles y profesionales, capaces de ofrecer servicios más eficaces a la ciudadanía.
En 1975, Castilla y León representaba el 7,4% de la población española (2,6 millones de 35,5 millones); en 2025, solo representa el 4,9% (2,4 millones de 49,4 millones), reduciendo significativamente su peso demográfico, al tiempo que miles de jóvenes bien formados se marchan irreversiblemente cada año hacia comunidades más prósperas, convirtiendo a Castilla y León en la comunidad más envejecida de Europa.