El Gobierno recurre al decreto-ley para exhumar los restos de Franco

El Ejecutivo cumple así el compromiso de respetar la dignidad de las víctimas contenido en la Ley de Memoria Histórica, así como el mandato del Congreso de los Diputados y las indicaciones de Naciones Unidas.

El Real Decreto-ley aprobado ayer modifica dos aspectos puntuales de la Ley de Memoria Histórica del año 2007 para permitir la exhumación y el traslado de los restos mortales del dictador Francisco Franco, que se encuentran desde 1975 en el Valle de los Caídos, en el municipio de San Lorenzo de El Escorial (Madrid).

De esta manera, el Ejecutivo podrá cumplir "los compromisos con los contenidos de esa Ley, las indicaciones constantes de Naciones Unidas al Estado español y el último pronunciamiento del Congreso de los Diputados, en mayo de 2017, con ningún grupo parlamentario en contra", según ha destacado la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo.

Calvo ha manifestado que el hecho de que el dictador siga teniendo una "tumba de Estado" en el lugar donde están enterradas víctimas de ambos bandos de la Guerra Civil "supone incumplir la prohibición del enaltecimiento del franquismo y de la propia figura de Franco" y es incompatible con una democracia madura y consolidada.

"No hay ni una sola democracia en el panorama internacional con la que nos queramos comparar que haya sostenido una situación" como esa durante más de cuarenta años, ha añadido.

El Gobierno, ha afirmado la vicepresidenta, no va a perder "ni un solo instante" para cumplir el mandato del Congreso y el informe que los expertos emitieron en el seno de los trabajos de la Cámara, según el cual "la acción más rápida y preferente que había de acometerse para la paz, la concordia y la dignidad de las víctimas" era exhumar los restos de Franco. "No puede haber un momento más en la democracia española sin tener ordenado nuestro recuerdo", ha dicho Calvo, quien ha subrayado la importancia de que las generaciones más jóvenes conozcan "las circunstancias difíciles y trágicas" de la historia de España para que "nunca vuelvan a ocurrir".

Garantías y respeto a las víctimas

La ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad ha explicado que el Real Decreto-ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado y que el Consejo de Ministros aprobará el 31 de agosto un acuerdo para iniciar el procedimiento recogido en el texto.

La exhumación, ha remarcado, se realizará con todas las garantías legales, y los familiares del dictador contarán con un plazo de 15 días para comunicar el destino de los restos mortales; en el caso de que la familia no plantee ninguno, será el Gobierno quien decida "a qué lugar digno y respetuoso" se trasladarán los restos.

Calvo ha indicado que el procedimiento podría estar culminado antes del final de 2018.

A partir de ese momento, ha afirmado, el Valle de los Caídos cumplirá una primera función prevista en la Ley de Memoria Histórica: el respeto de las víctimas y la paz en ese lugar.

El Real Decreto-ley será remitido al Congreso de los Diputados para su debate y votación en un plazo de treinta días.

La vicepresidenta ha señalado que el Ejecutivo quiere que, una vez convalidado, se tramite por el procedimiento de ley para escuchar al resto de grupos parlamentarios y abrir "un espacio de reflexión" sobre cómo mejorar la Ley de Memoria Histórica.

Calvo ha precisado que el Gobierno dispone de instrumentos jurídicos, dentro del marco de los acuerdos con la Santa Sede, para proceder a la exhumación de los restos del dictador.