CSIF reclama integrar a 1.200 funcionarios en un nuevo grupo B
Se accedería mediante promoción interna o el sistema que se acuerde
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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) reclama la integración de unas 1.200 plazas de las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) de la Junta de Castilla y León, actualmente en negociación, en un nuevo grupo de funcionarios B, al que se accedería desde el Grupo C1 mediante promoción interna o el sistema que se acuerde.
La medida “dignificará más el trabajo y la categoría de los empleados públicos especialistas, que ahora no se sienten reconocidos”, ha señalado el presidente autonómico del sector de Administración General de la Junta (Agcyl) de CSIF Castilla y León, Mariano Prieto.
Entre otros empleados públicos del Grupo C1, con posibilidad de que sus plazas pasen a un nuevo Grupo B que se cree, están los técnicos especialistas o superiores como delineantes, agentes medioambientales, inspectores de Campo, calculistas, agentes de intervención, jefes de silo o ayudantes facultativos de escala sanitaria, entre otros.
Esta petición de CSIF, que ya fue presentada a la viceconsejera de Función Pública, Marta López, el pasado 20 de diciembre, “está avalada y justificada por la legislación actual, por lo que su aceptación o no depende de la voluntad política de la Junta de Castilla y León”, ha apuntado Prieto.
Además ha explicado que “esta reclamación está apoyada en el Real Decreto 5/2015 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que en su artículo 76 regula los grupos de clasificación profesional del personal funcionario de carrera, y que señala que los cuerpos y escalas se clasifican de acuerdo con la titulación exigida, que para el caso del previsto Grupo B se exige el título de técnico superior”.
CSIF recuerda que a las comunidades autónomas les corresponde planificar y organizar sus recursos humanos, y por tanto categorizar a sus empleados de la manera más eficiente.
Por ello, CSIF pide a la Junta “que cree el Grupo B para dignificar más el empleo público, y para seguir mejorando la calidad de sus servicios, con el reconocimiento adecuado que merecen sus profesionales”.
