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Vivienda: promesas y medidas de los partidos políticos para un problema

La vivienda se ha convertido en una de las preocupaciones de los españoles y, por extensión, de muchos castellano leoneses. Todos los partidos, en mayor o menor medida, plantean propuestas para abordar un problema que tiene muchas aristas y necesita tiempo para ver realidades.

Lejos de lo que pudiera parecer, encontrar vivienda en la provincia de Soria, para compra o alquiler, se ha convertido en un objetivo complicado, lo que lastra absolutamente la posibilidad de asentamiento, según Soria ¡Ya!

Hay muchas viviendas vacías o con problemas de habitabilidad que no están en el mercado, un problema que afecta por igual a la ciudad de Soria y a todos los municipios de la provincia.

Soria ¡Ya! se compromete en su programa electoral a invertir en vivienda pública en todas las comarcas de la provincia para compra y para alquiler con opción a compra, dirigidas especialmente a jóvenes.

El objetivo, a su juicio, debe ser construir al menos cuatro viviendas públicas en cada municipio, por pequeño que sea.

También considera Soria ¡Ya! como necesario poner en marcha un programa eficaz de mediación en el alquiler de viviendas, que suponga una garantía jurídica para los propietarios y un  incremento del parque de viviendas en alquiler.

Preparar en las zonas rurales en las que se detecten problemas de vivienda disponible Planes de Vivienda de Áreas Rurales específicos para esas áreas, poner en marcha una línea de subvenciones destinadas a menores de 36 años para la adquisición de vivienda habitual y permanente en municipios o núcleos de población de pequeño tamaño y establecer una línea de ayudas destinadas a la rehabilitación y reforma de viviendas ubicadas en núcleos de población de menos de 500 habitantes con la condición de que dichas viviendas se destinen a residencia habitual al menos durante 6 meses al año o, en su defecto, se incorporen al programa de alquiler de la Junta de Castilla y León por un periodo mínimo de 5 años son otras medidas de la plataforma.

El PSOE se refiere en su programa electoral al derecho a una vivienda digna y asequible, porque a su juicio, no puede limitarse a ser un bien de mercado.

La emancipación juvenil, el retorno del talento y la estabilidad para las familias, no es posible sin el acceso a una vivienda digna y asequible.

El agotamiento del modelo actual lo evidencian los datos, según el PSOE. Castilla y León es la tercera comunidad con más vivienda vacía, con un 22,6 por ciento del parque sin uso.

El esfuerzo familiar para pagar el alquiler se acerca al 40 por ciento del salario bruto en muchos casos. En los últimos años, el parque autonómico de vivienda se ha reducido notablemente, apenas el 1,4 % de la vivienda terminada ha sido protegida. Al mismo tiempo, el porcentaje de demandantes de vivienda social entre 18 y 35 años, supera el 40 por ciento.

La propuesta socialista para enfrentar esta realidad es reconocer el Derecho al Hogar y desplegar una nueva arquitectura pública de vivienda que movilice vivienda vacía, amplíe el parque público permanente, garantice alquiler asequible y vincule vivienda, rehabilitación y transición ecológica con desarrollo territorial.

“Reconoceremos el Derecho subjetivo al Hogar, garantizaremos el acceso a una vivienda digna, a personas sin recursos propios, en régimen de propiedad o en alquiler donde realizar su proyecto de vida. ­ Desarrollaremos la Ley Estatal 9/2010, de 30 de agosto por el derecho a la vivienda, especialmente sus mecanismos dirigidos al control de los precios de los alquileres gestionados por grandes tenedores, mediante la declaración de zonas de mercado residencial tensionado. ­ Impulsaremos una reforma legal autonómica para establecer que las viviendas protegidas de nueva construcción tengan carácter permanentemente protegido”, compromete

También plantea crear un Consorcio Autonómico de Vivienda y Suelo, desarrollar programas que integrará a la Junta de Castilla y León, Ayuntamientos y Diputaciones provinciales para construir un parque público permanente de vivienda blindado contra la especulación y aprobar el Plan Autonómico de Vivienda de Castilla y León 2026-2034, fomentando el alquiler y reconocimiento de una prestación económica de 350 euros como ayuda al arrendamiento fuera del mercado protegido. ­

El Partido Popular habla en su programa de vivienda para quien más lo necesita y donde más se necesita: los jóvenes y el medio rural.

Por ello se propone elevar hasta los 40 años la edad de las familias jóvenes que puedan beneficiarse de las líneas de apoyo y priorizar a los municipios que concentran mayor demanda de vivienda.

Una de las señas de identidad del gobierno del presidente Mañueco ha sido la consolidación del abono de las ayudas al alquiler en favor de todos los solicitantes que cumplen los requisitos. Han sido nueve años consecutivos con un balance indiscutible: más de 131.000 familias beneficiadas y más de 237 millones de euros, lo que nos otorga un liderazgo en todo el panorama nacional.

El PP se compromete a mantener su política de ayudas al alquiler garantizando su abono a todos los que cumplan los requisitos de las convocatorias y garantizando que el esfuerzo de las familias para el pago de la renta sea asumible, así como el establecimiento de incentivos para que los jóvenes arraiguen en el medio rural.

“Generaremos suelo urbanizado para la construcción de al menos 5.000 nuevas viviendas protegidas, en venta y en alquiler; construiremos viviendas en alquiler asequible en suelos dotacionales en desuso, bien promovidas por los ayuntamientos, apoyaremos a los promotores privados para desarrollar promociones de viviendas en alquiler asequible sobre suelos privados o sobre suelos públicos mediante colaboración público-privada (concesiones a 50 o más años)”, señala.

Por su parte, Podemos Alianza Verde habla en su programa de garantizar la vivienda, y para ello se compromete a aplicar de manera inmediata para todo el territorio de la Comunidad, y con carácter reforzado mediante legislación específica propia del ámbito competencial autonómico creada a tal efecto durante la legislatura, la Ley de Vivienda estatal (Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda).

También aboga por colaborar con el Estado, para regular los precios de los alquileres de vivienda en toda la Comunidad, elaborando en un plazo máximo de 6 meses desde el inicio de la nueva legislatura, un estudio para determinar las zonas de mercado tensionado, con especial cuidado en las situaciones de las capitales de provincia, cabeceras de comarca y municipios que actúen como reclamo turístico.

Otra medida incluida en el programa es la creación de un un Índice autonómico de Precios del Alquiler, de obligado cumplimiento, por zonas y tipologías de vivienda, que fijará los precios máximos permitidos. Superar dicho índice constituirá una infracción administrativa grave y conllevará sanciones económicas y la pérdida de beneficios fiscales.

Además se compromete a un blindaje de la inversión pública en políticas de vivienda para que la misma nunca pueda ser inferior al 3 por ciento del presupuesto general de la Comunidad.

Además defiende blindar el derecho a la vivienda como un derecho subjetivo exigible ante las Administraciones públicas y la Justicia, estableciendo las garantías sustantivas y procedimentales necesarias para lograr su plena efectividad.

Otra medida se refiere a aprobar un límite de renta para alquileres públicos para que las familias en situación de vulnerabilidad no destinen más del 30 por ciento de los ingresos de la unidad familiar al pago por la vivienda y suministros básicos, y de manera simultánea, para otro tipo de alquileres, reforzará las ayudas al alquiler vinculadas a la renta del hogar, de forma que el gasto en vivienda y suministros no supere ese citado 30 por ciento de los ingresos familiares, con asignación progresiva de las mismas según nivel de ingresos para garantizar una accesibilidad

Por último, entre otras medidas, se compromete a crear el Servicio Público de Vivienda de Castilla y León como estructura organizativa que pondrá en marcha un catálogo de prestaciones para asegurar el acceso a una vivienda digna y asequible, y una Empresa Pública de Vivienda y gestión inmobiliaria que sirva para hacer frente al lobby inmobiliario mediante la gestión directa

del parque público de vivienda existente, así como a través de mecanismos de intermediación entre personas propietarias particulares que decidan voluntariamente poner sus viviendas en oferta mediante este mecanismo e inquilinos e inquilinas, garantizando a través de ello precios de alquiler justos y accesibles acordes a la situación económica de cada familia y el cumplimiento de los derechos que en cada caso tengan reconocidos legalmente inquilinos e inquilinas que decidan hacer uso de dicha empresa pública para tener acceso a vivienda en alquiler mediante ella.

Vox habla en su programa que Castilla y León acumula un déficit de construcción de 18.210 viviendas entre 2021 y 2024 y se compromete a poner fin al modelo de inmigración masiva que, a su juicio, ha dinamitado el acceso a la vivienda de los españoles y pondrá en marcha un plan para la producción masiva de vivienda.

Este plan priorizaría la vivienda asequible en alquiler y en compra para jóvenes y familias españolas, combinando promoción pública directa y colaboración con promotores privados.

Vox asegura que existen al menos 200 viviendas que alquilan las ONG en Soria para acoger a inmigrantes ilegales.

En el alquiler, la formación de ultraderecha se muestra partidaria de prohibir el arrendamientos a inmigrantes ilegales y perseguir el empadronamiento fraudulento de los inmigrantes ilegales y de los okupas.

En el acceso a vivienda social y protegida, Vox situará el arraigo y el acumulado histórico de años de la familia en España como principales criterios de asignación de viviendas.