TRIBUNA / Lo público es público. O debiera serlo

TRIBUNA / Lo público es público. O debiera serlo

Lo público es público. Esto, que sin duda es una perogrullada, hay quienes no lo comparten; quienes, al contrario, piensan y actúan como si lo público estuviera esperando a algún avispado cazador dispuesto a cobrar la pieza. Se trata de un vicio con variadas manifestaciones: los hay que “toman” una pieza de alto valor arqueológico para su deleite personal o su venta al mejor postor, o quienes asaltan aisladas ermitas en busca de algún trofeo de posible oferta en Internet. Y también quienes se apropian-o lo intentan- de elementos dispuestos en los espacios públicos, parques o plazas, para su disfrute por los paseantes; una escultura, un banco, incluso una acera utilizada para aparcar el coche.

Y también quienes intentan apropiarse de lo público inmaterial, pero con altos valores económicos. Me refiero al urbanismo, cantera inmensa de corrupción, y cuyos disparates parecen haberse puesto de moda en Soria. Pienso en los espacios públicos existentes o previstos como tales en el planeamiento urbanístico; en los usos y volúmenes o superficies asignados en ese planeamiento. Claro, que toda la caza depende de los guardianes del monte: el Ayuntamiento, dueño y señor del urbanismo en su territorio.

Por algunos casos que recientemente han saltado a los medios en Soria, me he molestado en averiguar quiénes son los actores de los últimos ataques a lo público, con mejor o peor éxito en el cobro de la pieza. Y la sorpresa es que en todos coincide un común actor principal: el arquitecto que firma y tramita los papeles. Seguro que en el libre ejercicio de sus atribuciones profesionales al servicio del promotor inmobiliario que lo precise, faltaba más. Y parece ser que con triunfos acumulados en su haber para casos de difícil encaje. Se trata del arquitecto I. C. de M., conocido en los medios como “el conseguidor”. No, las casualidades no existen.

Algunos ejemplos recientes, todos con su firma.

Paseo del Espolón. Si para una más amplia solución del acceso al aparcamiento hay que crear un embudo en lo que debiera ser una amplia acera pública de tres metros de ancho como mínimo, pues se hace y no se hable más. Aunque con eso se incumplan las prescripciones del mismísimo Plan General de Urbanismo y se obligue a los peatones a caminar en fila india en el paseo más amplio de la ciudad. Para eso fue el arquitecto autor del proyecto y director de las obras.

Solar del circo, en la avenida de Valladolid. Que el planeamiento ha previsto una calle pública donde quedaría “mucho mejor” una superficie comercial. Sin problema. Se tramita una modificación puntual del Plan General de Urbanismo, sustituyendo la calle de 14 metros de anchura por un miserable pasaje en embudo (¡qué manía!) y listo, la diferencia de superficie se destina a superficie comercial, y, de paso, aumentamos el volumen “aparente” del futuro edificio hasta 9 plantas.

Los Pajaritos II. Que en el solar contiguo el Ayuntamiento-la ciudad- tiene asignada una edificabilidad que quedaría fetén en mi edificio, con una planta más. Sin problema. Tramitamos un Estudio de Detalle, y si no vale, pues una modificación puntual del Plan General. Total, sería un auténtico desperdicio que lo usara el Ayuntamiento. Y, de paso, aprovechamos el solar municipal a nuestra conveniencia. Bien, Sr. arquitecto, bien.

Escalinata pública de la calle del Beato Julián de San Agustín junto a la Cámara de Comercio. ¡Qué bien me vendría una tira de la escalinata para mejorar la superficie (en forma y tamaño) del futuro edificio! Sin problema. Ya tramitó en 2007 el también arquitecto y padre de I. C. de M., autor del proyecto, un Estudio de Detalle para “mejorar” la estructura urbana y dejó lista la pieza. Además las calles anchas no son rentables para nadie. En este caso la justificación del atentado es digna de ser transcrita: se realizará “la reordenación del espacio y nuevos accesos de la vía pública destinada a escalinata”; ¿alguien lo entiende? ¡Sí, la entonces alcaldesa, doña Encarnación Redondo, que lo firmó!; lo único que se ha hecho es estrechar la vía pública ocupando el espacio sustraído por el nuevo edificio. Y ya, de paso, en el proyecto sacamos unos cuerpos extra del edificio en ese mismo espacio público. (El problema lo tendrá el Ayuntamiento si en el futuro pretende ampliar el uso público de la zona hasta su límite legal).

¡Habrá quien piense que esto es publicidad!

Sinceramente, no he querido profundizar en las infinitas modificaciones del Plan General de Urbanismo aprobadas por este Ayuntamiento a propuesta de particulares, aunque me cabe la sospecha…

Por descontado que el arquitecto I. C. de M. está en su perfecto derecho para redactar, firmar y tramitar cuantos documentos propios de su profesión se le encomienden. En absoluto pretendería yo criticar esas aficiones profesionales. Pero no deja de llamar la atención el que en todos los recientes conflictos urbanísticos con el Ayuntamiento aparezcan bienes públicos en peligro de pasar a manos privadas (alguno ya consumado) y el cazador siempre sea el mismo profesional. Por supuesto que toda la responsabilidad del buen o mal fin de la cacería corresponde al Ayuntamiento. A sus funcionarios responsables del urbanismo, que deben emitir informes sobre la viabilidad de las propuestas particulares, y a los políticos que lo gobiernan, últimos responsables de las resoluciones acordadas.

Parece, para bien, que la preocupación de los sorianos por la gestión del urbanismo de la capital ha calado en los medios de comunicación. Esto hará que el Ayuntamiento se vea obligado a estudiar más a fondo su desarrollo y a estar alerta en cuanto a la disciplina urbanística.

El urbanismo es, constitucionalmente, competencia de los Ayuntamientos, y eso está muy bien, pero, como tantos aspectos de nuestra Constitución, su desarrollo requeriría disponer de equipos profesionales competentes, con una visión a largo plazo de cómo debiera ser la ciudad, y el establecimiento legal de mecanismos ciudadanos obligatorios de participación que supusieran un control de su ejercicio, como garantía de que su gestión la dirige y orienta únicamente el interés general, la mejora y protección de lo público.

Fdo: Regino Páramo