Telecomunicaciones tramita 331 expedientes y supervisa el despliegue de fibra y 5G en la provincia
La Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones de Soria ha tramitado 331 expedientes en el último semestre del año, con especial peso de las estaciones de telefonía móvil: 113 autorizaciones para realizar la instalación y 199 autorizaciones para la puesta en servicio.
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A esta actividad se suma la atención a incidencias que afectan de forma directa a la ciudadanía y a los municipios, con actuaciones para acelerar reparaciones y garantizar la continuidad de los servicios.
Estos datos se han analizado en la última Comisión de Asistencia al Subdelegado del Gobierno en Soria con el balance presentado por la Jefatura Provincial.
En la reunión, el subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, ha puesto en valor el avance de las actuaciones de conectividad y ha señalado que el despliegue asociado a estos programas “acerca el Internet ultrarrápido a todos los rincones de la provincia”, con el objetivo de reducir la brecha digital y reforzar las oportunidades de vida y de actividad económica en el medio rural.
En el apartado de inspecciones y reclamaciones, la Jefatura ha atendido dos denuncias por interferencias radioeléctricas.
Ambas se cerraron con el cese de la fuente interferente tras la intervención técnica.
Además, ha actuado en siete reclamaciones por averías masivas que afectaban a poblaciones completas, con resultados orientados a agilizar la reparación de las incidencias y recuperar el servicio en el menor plazo posible.
La actividad ordinaria de control y supervisión ha continuado dentro del Plan Anual de Inspección de Telecomunicaciones (PAIT). En este periodo se han inspeccionado 46 estaciones de telefonía móvil asociadas a autorizaciones de puesta en servicio con certificación sustitutiva y cuatro estaciones de otros servicios.
También se ha auditado la certificación anual de medidas en tres estaciones radioeléctricas. En paralelo, la Jefatura mantiene un seguimiento periódico de la ocupación del espectro, con unas 200 campañas específicas de comprobación técnica, clave para prevenir interferencias, verificar parámetros y asegurar un uso ordenado de las frecuencias.
Programa ÚNICO del Gobierno de España
El informe recoge igualmente la atención continuada a consultas de particulares, empresas y administraciones locales, con respuesta a todas las solicitudes por vía presencial, telefónica y telemática.
En ese marco, la Jefatura ha intensificado el seguimiento e información sobre los proyectos del programa UNICO, que se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y tiene como finalidad incentivar a los operadores para extender las redes de banda ancha y las infraestructuras móviles a los municipios más pequeños.
En la provincia de Soria, los expedientes en ejecución incluyen actuaciones de despliegue de fibra óptica y de creación o actualización de estaciones base de telefonía móvil.
El documento detalla, entre otros, proyectos de banda ancha y de 5G con participación de operadores como Telefónica, Avatel y Vodafone, con hitos de finalización fijados entre finales de 2025 y febrero de 2026.
A este despliegue se suma la opción de UNICO Demanda Rural, que facilita conexión por satélite con una ayuda de 35 euros al mes para hogares ubicados en zonas con mayores dificultades de cobertura.
Próximos meses
La Jefatura ha avanzado también actuaciones previstas para los próximos meses.
Mantendrá el control del espectro como función principal, con análisis técnico de proyectos radioeléctricos, comprobaciones de puestas en servicio, localización de interferencias y medidas de niveles de emisión.
El informe incorpora otras cuestiones de interés general en materia audiovisual y de servicio universal.
Entre ellas, el anuncio del fin de emisiones de RNE en onda media antes de final de año, la consulta pública del proyecto normativo para impulsar la radio digital DAB+, y los próximos ajustes derivados del nuevo plan técnico de la TDT para facilitar la evolución tecnológica del servicio.
También se menciona la consulta pública para actualizar el servicio universal de telecomunicaciones.
La futura norma podría incluir alguna de las novedades que introdujo la Ley General de Telecomunicaciones de 2022, en concreto que todos los operadores ofrezcan tarifas asequibles a los consumidores con rentas bajas o necesidades sociales especiales.
Asimismo, se está considerando la posibilidad de revisar la velocidad mínima de acceso a internet, fijada actualmente en 10 Mbps, conforme a la evolución del mercado y las necesidades de la ciudadanía.