La SSPA defiende una fiscalidad reducida para frenar la despoblación

La red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA), conformada por las patronales de Soria, Cuenca y Teruel, ha presentado hoy en Soria un informe que defiende ventajas fiscales para revertir la despoblación en estas provincias que tienen menos de 12 habitantes por kilómetro cuadrado.

El catedrático de Economía de la Universidad de Valladolid, José Antonio Herce, ha presentado hoy en la sede de FOES a los agentes económicos, sociales y políticos de Soria el "informe sobre fiscalidad para el progreso de los territorios despoblados en España", que ha sido financiado por los grupos de acción local.
A la presentación también ha asistido el consejero de Empleo de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, y la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones.
Herce ha declarado a los periodistas que la propuesta fiscal que contiene el informe está diseñado para que tenga cabida en el ordenamiento fiscal y jurídico tanto español como europeo.
"Sería bueno que la factura fiscal de todos los residentes, tanto personas jurídicas como físicas, en la ultraperiferia demográfica se redujerá a la mitad, al 50 por ciento de bonificación de la factura físcal en los grandes impuestos con el objeto de devolver poder de compra y de negocio", ha demandado.
La oportunidad de esta propuesta se justifica, según contiene el informe, por la alarma social que causa la despoblación.
Además Herce ha señalado que para que esta ayuda fuera admitida, en el plano normativo en Europa y "no fuese considerada una ayuda de Estado que atenta a la competencia", deberían hacerse modificaciones en los conceptos de las ayudas que sí están exceptuadas en el Tratado de funcionamimiento de la Unión Europea puedan ser consideradas también en el plano demográfico.
"No hace falta estar a 2.000 kilómetros de Madrid para tener derecho a unas ayudas de este tipo que te ayude a compensar situaciones estructurales como la despoblación y te permita salir adelante", ha recalcado.
Herce ha asegurado que sería necesaria una alianza de Estados miembros de la UE que tienen territorios que sufren la despoblación.
Además ha recordado que ya hay excepciones fiscales en España, como las Islas Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que cuesta mucho más que la propuesta fiscal planteada para los territorios de Soria, Cuenca y Teruel.
"Para Soria, Cuenca y Teruel, el coste de la propuesta que hacemos es de 335 millones, apenas de 80 millones para las arcas fiscales en Soria, pero los beneficios de esa excepcionalidad fiscal por baja población se traducirían en 4.000 empleos, de los cuales casi 900 serían en Soria, y 267 millones de euros de actividad económica adicional en las tres provincias", ha argumentado.
Herce ha señalado que además esta actividad económica extraordinaria tendría un retorno económico para la propia Administración tributaria, por generar bases imponibles adicionales.
"Sería un factor de atracción muy importante. La palanca fiscal es la más fácilmente puede activar estos territorios; veríamos un resurgimiento con nuevos pobladores, tanto empresas como residentes", ha resaltado.
Herce ha señalado que ha detectado mucho interés a las instancias en las que han presentado el informe para trasladárselo a las instancias fiscales.
En España hay, según datos oficiales del INE, 1.271 municipios con menos de 100 habitantes (media de 58), con una población total de 73.443 habitantes mientras los 2.665 municipios de entre 100 y 500 habitantes, con una media de 249 habitantes cada uno, acogían a 663.786 habitantes.
Por su parte, el consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo, ha agradecido el trabajo realizado por la SSPA para impulsar una nueva fiscalidad en territorios despoblados, con medidas específicas tanto en el impuesto de sociedades como IRPF que "no hemos visto reflejados en los presupuestos del Estado".
Fernández Carriedo ha recordado que el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, defendió en 2016 un informe ante el Comité de las Regiones en Europa que fue aprobado por unanimidad para que los fondos de cohesión se centrarán también en políticas demográficas "y dos años después el Parlamento europeo incide en esa misma dirección".
"Hay que incidir en los dos aspectos en el futuro, tanto que los PGE incorporen con ventajas fiscales la iniciativa demográfica como que lo hagan en mayor medida el Parlamento europeo", ha reclamado.