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USO denuncia amortización de plaza de jefe de negociado de Tesoreria

USO ha denunciado hoy que el Ayuntamiento de Soria se salta "a la torera" la legalidad y los derechos de sus propios empleados públicos, en la gestión de personal que realiza. Por ello ha presentado recurso de reposición a la amortización de un puesto de trabajo ofertado.

En fecha 18 de marzo de 2024 se publicaron en BOP de Soria las bases que deberían regir el proceso selectivo para cubrir diversas plazas de jefe de negociado de este Ayuntamiento, incluidas en la consolidada Oferta de Empleo Público OEP del Ayuntamiento de Soria de 2022.

Las bases publicadas incumplían los términos pactados con la representación sindical y, por ello, USO instó la modificación de estas bases, según las condiciones pactadas en comisión paritaria celebrada en fecha de 24 de enero, ampliando además la oferta a la vacante de la jefatura de negociado de montes.

Tras no atender la reclamación del sindicato, y tras realizar el concurso de esta oferta de empleo público, el Ayuntamiento de Soria determinó eliminar de la citada oferta, de manera arbitraría, la plaza de jefe de negociado de Tesorería, con el "increíble" argumento tras su debate hacia escasas semanas, de un presunto error motivado por un “proceso de organización” que tiene previsto amortizar esa plaza.

Esta anulación y auténtico atropello, según USO, rubricado por el alcalde Carlos Martínez,  se produjo tras haber realizado el concurso entre las jefaturas de negociado y estando prevista la concurrencia posterior a las vacantes generadas del personal administrativo del Ayuntamiento de Soria, de acuerdo a lo pactado en comisión, en ausencia de fundamentos de Derecho y atentando contra las legítimas expectativas personales y de desarrollo profesional de su propio personal.

Para USO, el anuncio de la modificación e intención de amortizar una plaza contenida en la actual Relación de Puestos de Trabajo y ofertada en la OEP de 2022 carece de la motivación necesaria, de acuerdo a lo exigido en la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las AAPP, atentando contra el artículo 9.3 de la Constitución española respecto del ejercicio de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Esa plaza, incluida en la vigente Relación de Puestos de Trabajo y en la aludida oferta de empleo ha sido anulada además con carácter posterior a la resolución del concurso, agravando la de ya de por si arbitraria vulneración, tanto de derecho de las concurrentes como de legítima expectativa de derecho del personal administrativo, de acuerdo a la letra y espíritu pactadas para estas bases en Comisión paritaria, celebrada en fecha del pasado 24 de enero.

El sindicato ha expresado su temor ante la futura propuesta de RPT que anuncia desde hace años el Ayuntamiento de Soria, que puede suponer la pretensión de aniquilar una parte importante del funcionariado de la Casa Consistorial, de acuerdo a lo que viene observando desde hace muchos años.

Por los motivos expuestos, USO ha impugnado por la modificación de las citadas bases y la anulación en la oferta de la plaza de jefe de negociado de Tesoreria, publicada en BOP de 24 de abril, interponiendo contra la misma recurso potestativo de reposición y solicitando la suspensión de la ejecución de la citada resolución de Alcaldía y la publicación de la corrección de estas bases de acuerdo a lo pactado en Comisión paritaria de 24 de enero.

Además, en tanto se resuelvan éste y otros recursos que puedan presentarse, el sindicato ha solicitado la suspensión cautelar de este proceso selectivo, que debe subsanarse por vía del cumplimiento de las bases aprobadas en comisión, manteniendo o ampliando la OEP y ofertando las vacantes no cubiertas por los jefes de negociado para la promoción a las vacantes mantenidas o generadas en este concurso, en virtud a la pactada promoción de los Administrativos del Ayuntamiento de Soria.

USO ha lamentado la actitud "tramposa" de la patronal y ha denunciado la propaganda municipal que vende cambios de talante y voluntad de negociar mientras vulnera la legalidad y el derecho de sus trabajadores y empleados públicos.

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