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El PP pide dimisión de Luis Rey en Urbanismo tras quinta planta ilegal de Pajaritos II

El Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Soria ha pedido hoy la dimisión del concejal de Urbanismo, Luis Rey, tras la sentencia dictada por el TSJCyL que ratifica que hay que derribar la quinta planta de la promoción de viviendas Los Pajaritos II, por ilegal.

El PP ha recordado que el TSJCYL ha desestimado en su totalidad los recursos interpuestos por Domus y ha ratificado cada uno de los puntos que ya se recogían en las sentencias anteriores.

“No solo es una sentencia firme, sino que viene a evidenciar el fraude y la falta de escrúpulos con la que han actuado”, ha denunciado la portavoz popular, Belén Izquierdo, que ha estado acompañada en la rueda de prensa por Saturnino de Gregorio.

Izquierdo ha señalado que llevan meses escuchando excusas, justificaciones y maniobras para tratar de tapar lo evidente.

“Pero ya no hay escapatoria, lo que han intentado hacer es una chapuza ilegal que pretendía beneficiar a una empresa a costa de la normativa urbanística”, ha lamentado.

El Grupo Municipal Popular ha lanzado un mensaje claro a los sorianos: “vamos a seguir exigiendo responsabilidades y vamos a vigilar que esta sentencia se cumpla al pie de la letra. No vamos a permitir que ahora intenten jugar con los tiempos, no vamos a tolerar nuevas maniobras para eludir las consecuencias de sus actos”,

Izquierdo ha pedido al PSOE que asuma su responsabilidad política y explique a los sorianos qué han estado haciendo todo este tiempo.

“Aquí no vale la callada por respuesta. Aquí tiene que haber dimisiones, aquí tiene que haber consecuencias. Lo hemos dicho antes y lo repetimos ahora con más contundencia que nunca: Luis Rey debe dimitir de manera inmediata como concejal de Urbanismo. No puede seguir al frente de una concejalía que ha quedado manchada por su gestión negligente y su falta de rigor”, ha reclamado el PP.

Además ha señalado que en este asunto hay otro responsable que no puede mirar para otro lado: el alcalde Carlos Martínez, que debe exigir explicaciones y asumir su responsabilidad.

Versión socialista

Por su parte, el portavoz del equipo socialista de Gobierno, Javier Muñoz, ha asegurado que respetan absolutamente el contenido de la sentencia, aunque ha recordado que el propio Ayuntamiento, cuando se enteró de “estas irregularidades”, inició un procedimiento para restaurar la legalidad y sancionar económicamente a la empresa.

“Desde el Ayuntamiento teníamos claro que esa quinta planta no se podía utilizar como residencial”, ha señalado.

En cuanto al posible derribo de la quinta planta y la repercusión en los vecinos que ya viven en el edificio de Los Pajaritos II, Muñoz ha reconocido que es un asunto complicado y ha reiterado que lo primero es pedir disculpas a los vecinos afectados.

“Y como es complicado tendremos que dar esos pasos con pies de plomo para que no afecte a esos vecinos, que ya están viviendo allí. Nosotros haremos cumplir la ley. Y si manda que hay que demoler esa quinta planta, lo que haremos será decírselo a la empresa, que es la quien tiene que ejecutar la sentencia”, ha expresado.

Muñoz ha recordado que a la empresa le queda otra instancia jurídica a la que acudir, que es el Tribunal Supremo, cuya sentencia, de hacerlo, podría demorarse años, aunque paralizaría la demolición hasta la decisión definitiva.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha ratificado la sentencia emitida en julio pasado por el Contencioso Administrativo de Soria que instaba al Ayuntamiento de Soria a derribar la quinta planta de Pajaritos II al declararla “ilegal e incompatible con el ordenamiento urbanístico”.

La sentencia del TSJCyL urge al Ayuntamiento de Soria a proceder a la ejecución pronta e inmediata de la resolución que ordenó la “demolición en el plazo de dos meses de la estructura, fachada y otros elementos existentes por encima del forjada de la planta cuarta del edificio de autos”.

El TSJ de Castilla y León ha desestimado, por otra parte, el recurso de la promotora contra la sanción de 150.000 euros interpuesta por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Soria "por la comisión de una infracción grave consistente en la ejecución de obras".

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