La reforma de la dependencia refuerza en Soria los cuidados en casa
La reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, aprobada definitivamente esta semana por el Congreso de los Diputados tras su paso por el Senado, refuerza servicios especialmente relevantes para una provincia como Soria, como la ayuda a domicilio y la teleasistencia, y amplía las posibilidades de que las personas dependientes puedan permanecer en su entorno habitual con mayores apoyos.
La Junta destina 2 millones al Plan Soria para combatir despoblación
El texto se encuentra ya en el último paso previo a su publicación en el Boletín Oficial del Estado, según ha informado la Subdelegación del Gobierno de Soria.
Los últimos datos publicados permiten comprobar la implantación que estos recursos tienen en Soria. En los municipios de la provincia atendidos por la Diputación, el Servicio de Ayuda a Domicilio contaba a 1 de diciembre de 2025 con 932 titulares, mientras que la teleasistencia alcanzaba a 1.295 personas a finales de octubre.
La ayuda a domicilio dispuso el pasado año de un presupuesto de 5,8 millones de euros.
A ellos se suman los usuarios de Soria capital.
Los datos municipales correspondientes a 2025 contabilizan 548 personas atendidas mediante ayuda a domicilio y 1.300 mediante teleasistencia. El Ayuntamiento ha previsto además elevar en 2026 hasta 2,8 millones de euros la partida destinada a ayuda a domicilio.
Más posibilidades para permanecer en casa
Uno de los principales cambios de la reforma es la ampliación del servicio de ayuda a domicilio.
Hasta ahora estaba vinculado al ámbito de la vivienda; con la nueva regulación podrá incluir también acompañamientos necesarios para las actividades básicas de la vida diaria, como acudir al médico o realizar la compra.
También desaparece el régimen general de incompatibilidades entre prestaciones.
El Programa Individual de Atención podrá combinar diferentes recursos en función de las circunstancias de cada persona. Así, alguien que permanezca en su domicilio podrá compatibilizar, por ejemplo, un centro de día con cuidados en el entorno familiar o con teleasistencia.
La teleasistencia pasa a configurarse como un derecho subjetivo para todas las personas que tengan reconocida una situación de dependencia y tendrá carácter complementario respecto a otras prestaciones y apoyos. La reforma refuerza además su función preventiva y contempla el uso de dispositivos tecnológicos que permitan mejorar el seguimiento de las personas usuarias.
La norma amplía asimismo el concepto de persona cuidadora, reconoce tanto a la persona cuidadora principal como a cuidadores no profesionales del entorno relacional de la persona dependiente y garantiza que la Administración General del Estado asuma las cotizaciones de las cuidadoras principales y la continuidad de los cuidados en situaciones de enfermedad grave u hospitalización.
La resolución de la dependencia, en un máximo de tres meses
Otro de los cambios afecta directamente a la tramitación administrativa. El plazo máximo para resolver el reconocimiento de una situación de dependencia se reduce de seis a tres meses. La reforma amplía también la asistencia personal, que pasa a consolidarse como un servicio ordinario del catálogo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
En materia de discapacidad, el texto aprobado contempla el reconocimiento automático de un 33 % de discapacidad para las personas con grado I de dependencia, mientras que quienes tengan reconocido un grado II o III podrán obtener un 65 %. También reconoce la accesibilidad universal y la atención temprana de los niños de cero a seis años como derechos subjetivos.
El Estado asumirá el 50 por ciento de la financiación
La reforma incorpora además a la Ley de Dependencia la obligación de que la Administración General del Estado financie el 50 % del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Esta modificación se suma al incremento de la financiación estatal aprobado el pasado mes de junio, que prevé aportar a las comunidades autónomas 6.200 millones de euros adicionales durante 2026 y 2027.
En 2026, Castilla y León recibe 95.799.324 euros de la Administración General del Estado a través del nivel acordado de dependencia, el 10,59 % de los 904,2 millones distribuidos entre las comunidades y ciudades autónomas por este concepto.
Esta cantidad corresponde exclusivamente al nivel acordado y se añade a la financiación estatal que se canaliza a través del nivel mínimo por cada persona con un grado reconocido de dependencia.
Temas relacionados