La Junta supedita los usos micológicos al ejercicio de la caza, según ASDEN
Presenta alegaciones al decreto micológico
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ASDEN-Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones al decreto micológico impulsado por la Junta de Castilla y León por el modelo de gestión de los montes públicos y la compatibilidad de aprovechamientos.
El modelo de gestión unitaria de los montes de utilidad pública a nivel provincial o comarcal, que supone un atractivo turístico interesante frente al modelo de regulación en otras comunidades autónomas, se deja en manos de una entidad privada (Myas, Myas+, Micocyl, Cesefor, etc.) que hasta ahora, según ASDEN, no ha aportada nada al monte y a sus propietarios, ni siquiera una cantidad simbólica de los 65 millones de euros que directa e indirectamente ha generado la recolección de setas en Castilla y León, según recoge el proyecto de Decreto.
"Este modelo de entidad privada sin ánimo de lucro, opaco y de dudosa credibilidad en el mundo rural ha sido sumidero del dinero público procedente de la expedición de las licencias y de subvenciones públicas; además se ha beneficiado de los esfuerzos públicos destinados a la vigilancia y control de los recolectores", ha censurado la asociación ecologista en un comunicado.
Frente a este modelo que el proyecto de decreto pretende consolidar, la Federación de Ecologistas de Castilla y León ha alegado y propuesto que se fomente y regule la creación de entidad públicas, sujetas a derecho administrativo, y por lo tanto plenamente transparentes, en las que participen los propietarios de los Montes Públicos y la Junta de Castilla y León.
De esta forma la gestión de los aprovechamientos sería rentable y los ingresos obtenidos irían plenamente a los Ayuntamientos y también al monte que produce los hongos, evitando los costes de gestores intermediarios y la contratación de servicios de vigilancia privada cuya ineficacia e insostenible coste es más que sabido.
Por ello, Ecologistas en Acción ha propuesto que a los agentes medioambientales se le mejoren y amplíen las potestades, con objeto de que los preceptos y condiciones de aprovechamiento que regula este Decreto sean controlados de forma eficaz en los montes públicos.
Aprovechamientos
La segunda cuestión fuertemente criticada en las alegaciones presentadas por Ecologistas en Acción ha sido la contradicción e hipocresía que expresa la administración a la hora de regular la compatibilidad de los aprovechamientos.
Por un lado establece en su artículo 10.1 que “La recolección de setas deberá realizarse de manera compatible y coordinada con otros aprovechamientos y usos” en los Montes Públicos y Vías pecuarias, pero a su vez se afirma en artículo 10.2 que “con carácter general, no se permite la recolección de setas …. en las zonas y horas señaladas para la realización de cacerías colectivas.”
Para ASDEN, esto supone de facto supeditar la recolección a la decisión de los cazadores, que tal y como sucede ahora deciden cuándo, dónde y cómo celebran una cacería en un Monte de Utilidad Pública. "Regulación tal laxa que da lugar a que haya abusos con el beneplácito de la Administración, incluso cuando la propia Junta de Castilla y León es la que organiza y dirige la cacería en las Reservas Regionales de Caza a través de sus empleados públicos", ha señalado.
Incluso tal prohibición se puede extender a los días previos a la celebración de la cacería, en razón a una supuesta incompatibilidad de la recolección de setas por molestias a la fauna cinegética.
Con esta regulación se da un paso más, según ASDEN, en imponer la supremacía de la caza sobre el resto de usos en el medio rural, tal y como sucede en la actualidad con la autorización de caza en caminos y el escaso control que realiza la administración sobre ello.
Este decreto deja en el aire todavía muchos elementos importantes para evitar la actividad comercial ilegal (en alguna ocasión dirigida por personas del propio entorno rural) que hasta ahora ha aprovechado y atraído a recolectores masivos y organizados.
El proyecto intenta poner pequeños parches, según ASDEN, como definir las cantidades máximas que se pueden transportar, o la exigencia de una trazabilidad sanitaria y fiscal que requiere todavía de desarrollo normativo para evitar que supuestas recolecciones recreativas enmascaren una actividad comercial.
