Hacendera alega contra normas urbanísticas
La asociación Hacendera ha presentado 24 alegaciones a la aprobación inicial de las normas urbanísticas teritoriales de ámbito provincial de Soria, en las que pide rectificar de forma sustancial el documento.
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La normativa afecta a 128 municipios que no tienen sus propias normas subsidiarias, lo que representa el 60 por ciento de la superficie de Soria y contradice, según la asociación Hacendera, numerosas directrices de la ordenación del territorio de la propia Junta de Castilla y León.
Además, a su juicio, son incoherentes con decenas derecomendaciones publicadas en los últimos años por organismos nacionales e internacionales como las recogidas en la estrategia nacional frente al reto demográfico acordada por la conferencia de presidentes y las recomendaciones de la Asamblea Ciudadana por el Clima.
Las nuevas normas permiten la instalación de macroconstrucciones agropecuarias de forma aleatoria en el territorio, muy cerca de los núcleos de población y de los cauces de agua, según ha advertido Hacender.a
Por los usos y tamaños que posibilitarían, las explotaciones permitidas pondrían en riesgo las aguas subterráneas y los acuíferos sin tener en cuenta las zonas ya consideradas vulnerables a
la contaminación de aguas por nitratos que recoge la propia Junta de CyL en el DECRETO 5/2020.
Tampoco, según la citada asociación, consideran las graves consecuencias del cambio climático: sequías severas y riesgo de incendios forestales. En 2018 ya había un 33 por ciento de los municipios afectados con sus aguas contaminadas.
Además no tienen en cuenta las necesidades de la gente joven que desea instalarse en zonas rurales y ámbitos afectados por la despoblación ya que, al contrario que en el terreno rústico, apenas permiten nuevos desarrollos en el casco urbano.
Hacendera ha señalado que las normas ponen en riesgo los valores paisajísticos y patrimoniales, pilares fundamentales de la economía turística de la provincia.
En las alegaciones se recogen ejemplos de lo que podría suponer la aplicación de esta normativa.
Así, en una parcela de 20 hectáreas podrían construirse más de 30.000 m² de edificios agroindustriales —6 campos de fútbol edificados— o en el municipio de Gormaz, junto a lugares de máximo interés como el castillo, la ermita, las bodegas o el puente medieval, podrían adosarse, a menos de 15 metros, una macrogranja, un aerogenerador de 200 metros de altura o una instalación de placas fotovoltaicas.
Y en municipios que ya tienen los acuíferos contaminados no se limitan los usos o tamaños de explotaciones agropecuarias y no se prevé ninguna medida para mejorar la calidad del agua, por
lo que el problema podría agravarse notablemente.
Para la Asociación Hacendera estas normas son una amenaza importante para el futuro de la provincia, que se plasmaría en una peor calidad de vida para los pueblos y en la pérdida de los valores paisajísticos y de patrimonio, lo que redundarían en menos turismo y en una mayor despoblación.
No se trata de “no dejar hacer nada” sino de que no se pueda hacer de todo y en todas partes.
Las normas deberían ordenar el territorio para facilitar la vida en los pueblos, proteger nuestra riqueza natural, cuidar el agua como elemento fundamental para el presente y el futuro, pensar en la calidad de vida de la población y ofrecer oportunidades de trabajo racionales y respetuosas con el medio ambiente.
