Enfado de Asaja por sanciones a zonas vulnerables
ASAJA Soria ha mostrado este jueves su enfado porque el Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería ha comenzado a sancionar en las zonas vulnerables. A su juicio, se está acosando a los agricultores y ganaderos, ya que las normativas que quieren que cumplan ni están desarrolladas ni las vigentes que aplican bien explicadas.
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Los profesionales del campo soriano se encuentran en una indefensión total porque desde una administración, que debía estar a su servicio y para resolver los problemas de los ganaderos y de los agricultores, se está demostrando un ansia recaudatoria y una actitud en contra de ellos, ha asegurado este jueves ASAJA Soria en un comunicado.
Todo el sector en Castilla y León está pendiente de que se publique la Orden que establece el programa de actuación para las zonas vulnerables, a raíz de la publicación del Real Decreto 5/2020, de 25 de junio, por el que se designan las zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero y por el que se aprueba el código de buenas prácticas agrarias.
Por lo tanto, según Asaja, existe una situación ahora mismo de transitoriedad, puesto que la Orden que debe desarrollar el Real Decreto sigue pendiente de publicación y la que se aplica actualmente es la antigua Orden de 2009 del anterior Real Decreto.
"Estamos en un período transitorio y aun así el Servicio Territorial de Soria utiliza a los profesionales del campo como conejillos de Indias y se pone a la cabeza para aplicar la normativa en toda su intensidad", ha lamentado.
Para ASAJA Soria “el campo parece que funciona al revés que la sociedad. Cuando alguien roba, corresponde a la Policía o la administración demostrarlo. Pero si en la agricultura un funcionario dice que un agricultor ha hecho una cosa mal, automáticamente a éste se le sanciona sin mayor miramiento”.
La primera sanción recibida en ASAJA acerca de zonas vulnerables no es por un incumplimiento sino porque no se puede comprobar.
En cualquier sistema coercitivo en Derecho se prevé la presunción de inocencia y compete a las administraciones o a la acusación demostrar que ha existido la falta o el delito, ha resaltado.
