Creado comité antifraude para fondos europeos
La Comisión de Régimen Interior, Personal, Empleo, Formación, Gestión Electrónica y Asistencia a Municipios de la Diputación ha dado hoy el visto bueno a la creación del comité de gestión de los fondos europeos, que deberá ser ratificado en el próximo pleno de la institución provincial.
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Diputación está trabajando en el cumplimiento de la orden del Ministerio de Hacienda del 29 de septiembre en previsión de las solicitudes de fondos europeos que se hagan desde la institución en las diferentes convocatorias.
Se trata de crear una capa de control adicional para controlar el cumplimiento de las obligaciones que imponen con la gestión de los fondos europeos tanto de resiliencia como en el marco financiero plurianual 21-27.
Se ha constituido este comité antifraude, que es obligatorio para todos los proyectos europeo que se consigan traer desde la institución provincial, y del que formar parte los principales responsables de los departamentos de la institución: Secretaría General, Intervención, Contratación, Tesorería y Desarrollo Económico, cuyo responsable ha sido elegido para presidir el comité.
La Comisión de Personal también ha aprobado la Declaración Institucional de Lucha contra el fraude y el Plan Antifraude que cuenta con cuatro tipos de medidas: prevención, detección, corrección y persecución.
En cuanto al Plan Antifraude los diputados socialistas se han abstenido a la espera de que se les resuelvan diversas dudas que han planteado, a las que se dará contestación por parte del presidente del Comité Antifraude, para que todos los extremos estén claros antes de que pase por pleno para su aprobación definitiva.
La Diputación se dota de un comité de técnicos que se posiciona por encima del procedimiento administrativo con el fin de evitar cualquier posibilidad de fraude con los fondos europeos y también para cumplir con el mandato de la Unión Europea.
La directiva UE 2017/1371 sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión canalizada como directiva PIF (protección de intereses financieros) y el reglamento UE (2018/1046) sobre las normas financieras aplicables al presupuesto de la Unión.
En la Comisión se ha acordado la necesidad de ofrecer a los técnicos componentes del comité la formación necesaria para cumplimentar el cometido al que deben afrontar y que se pondrá en marcha siempre que se ejecuten fondos europeos y se incluirá al responsable técnico del departamento que lo vaya a gestionar.
La Diputación provincial ya cuenta con la concesión de fondos europeos de resiliencia, concretamente se han concedido cuatro proyectos que solicitó Servicios Sociales en enero de 2021 y que se aprobaron por el convenio con la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León.
Los cuatro proyectos se desarrollarán hasta el año 2023 con un presupuesto global de 1.707.590 euros.
Abstención socialista
El Grupo de Diputados y Diputadas Socialistas ha presentado una serie de propuestas al Plan antifraude que se ha presentado esta mañana en la Comisión de Régimen Interior, Personal, Empleo, Formación, Gestión Electrónica y Asistencia a Municipios de la Diputación.
Para los socialistas, se trata de un documento vital y de trascendencia debido a que “es un plan obligado de aprobar por parte de todas las administraciones públicas que van a gestionar o ejecutar fondos europeos de Recuperación y Resilencia “
La intención del PSOE ha sido enriquecer el articulado del documento de manera que se reafirmara y asegurara para los fines que está concebido, “evitar que se produzcan fraudes, conflictos de intereses, se cumpla estrictamente la normativa de contratos del Estado y evitar, en definitiva, que haya que devolver recursos por no haber gestionado adecuadamente como exige la UE estos fondos”.
Uno de los planteamientos socialistas que se ha defendido en la comisión es el control con la gestión del IVA de manera que se recoja expresamente en el texto que se había obviado.
Además, se ha propuesto que todos los procedimientos sean públicos y el plan contemple todos ellos y que interesa controlar ya que se habían obviado por simplificar.
Según los socialistas es interesante que se contemplen estos procedimientos de modo que los funcionarios sepan a lo que atenerse en cada expediente
“Hemos considerado también que el comité antifraude incorpore como miembros a los funcionarios que gestionen los expedientes de contratación desde incluso la elaboración de pliegos”, han añadido en un comunciado apuntando también que “el comité tenga reuniones más frecuentes en sus inicios”, y en lugar de reunirse semestralmente inicie su andadura con encuentros trimestrales “para la importancia que merece detectar a tiempo y desde el principio las posibles irregularidades sin perjuicio que luego posteriormente en función de cómo se desarrolle se alarguen más en el tiempo”. Por otro lado, los diputados socialistas han puntualizado que la evaluación que figuraba en el texto original cada dos años se fije de anual o incluso inferior para que tenga más rigor.
Por último, en el plan antifraude de la diputación “contempla que la comisión realice todos los trámites de los expedientes de vigilancia en su caso”, la puntualización de los socialistas es que el comité tenga autonomía para actuar en los expedientes de modo que se pueda actuar antes de que se pasen las propuestas de resolución a la firma del presidente de la Diputación.
Además debe pasarse información de todos los expedientes que tramite el Comité antifraude a la Comisión de Vigilancia de Contratación o la que proceda según la temática de que se trate.
Los diputados socialistas, que se han abstenido a la espera de que se incorporen sus propuestas, ha asegurado que también es positivo que se abra un proceso formativo para todos los funcionarios que gestionen fondos europeos previamente al desarrollo de procesos y procedimientos
