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Buscan soluciones a problemas recurrentes que sufren trabajadores temporeros del sector agrícola

El subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, ha presidido una mesa de coordinación de todas las instancias con responsabilidades en materia de trabajo estacional con el fin de buscar soluciones a los problemas que sufren los trabajadores temporeros dedicados al sector agrícola, especialmente en verano.

En esta mesa de coordinación han participado representantes de la subdelegación del gobierno, guardia civil, FOES, los sindicatos CC OO y UGT, las organizaciones profesionales agrarias (OPA), la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Soria y la Dependencia Provincial del Área de Trabajo e Inmigración.

En la reunión se ha hecho hincapié en que los propietarios de las explotaciones, sobre todo de las pequeñas, eviten, a la hora de contratar trabajadores, la figura de los intermediarios o de las que se autodenominan empresas de servicios que no lo son.

Si tienen que recurrir a este tipo de contrataciones, deben asegurarse de que estos trabajadores reúnen todos los requisitos administrativos que les habiliten legalmente para trabajar en España.

Desde la Subdelegación se ha recomendado también que se utilice para este fin el contingente de trabajadores extranjeros, que supone una oferta de empleo dirigida a extranjeros no comunitarios que el gobierno puede aprobar anualmente y a la que no pueden acceder quienes ya se hallen o residan en España.

Se vigilará especialmente que se cumplan las condiciones exigibles de habitabilidad de los alojamientos de los temporeros que lleguen a la provincia y, especialmente, las condiciones de trabajo para perseguir la sobreexplotación o escenarios laborales inasumibles como temperaturas extremas.

También se han aportado ideas para combatir la trata de seres humanos con fines de explotación laboral, algo que, en palabras de Latorre, es “una lacra que se ha convertido en la esclavitud del siglo XXI”.

Las organizaciones sindicales han puesto de manifiesto su preocupación, en concreto, por los problemas laborales que pudieran surgir en explotaciones donde los trabadores no tienen representantes, así como todo lo referente a la aplicación práctica del Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo.