OCU rechaza un peaje generalizado en carreteras
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) se ha mostrado contraria a la imposición de un peaje generalizado en todas las carreteras.
De llevarse a cabo esta medida supondría un triple coste para los ciudadanos, por el peaje, por los numerosos impuestos que pagan por circular con sus vehículos (circulación, hidrocarburos…) y por el encarecimiento del transporte en los diferentes productos y servicios.
La medida se contempla en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el Gobierno ha enviado a la Comisión Europea, en el que el Gobierno plantea un peaje por la circulación por diferentes vías, aunque sin precisar el mecanismo de pago que se extenderá de forma progresiva, primero a las autopistas y a las autovías y con posterioridad al resto de carreteras.
OCU se ha mostrado hoy contraria a esta medida propuesta de forma unilateral por el Gobierno, sin la existencia de consenso ni diálogo previo con los sectores implicados, resto de fuerzas políticas y la participación de los usuarios.
Para OCU la medida tiene un claro afán recaudatorio.
La organización de consumidores ha advertido del elevado impacto que puede tener para los usuarios una imposición generalizada de peajes en la red de carreteras.
OCU ha recordado que los ciudadanos ya pagan impuestos por circular con su vehículo.
Por una parte, el impuesto de los hidrocarburos hace que quien más circule más pague y se supone que una parte de ese impuesto debería ir al mantenimiento de las autovías. Además, ya se paga impuesto de circulación de carácter municipal.
OCU ha advertido que, si generaliza un peaje para todos los usuarios de las carreteras incluidos los transportistas profesionales, los ciudadanos acabarán pagando de forma triple el mantenimiento de las carreteras a través del incremento de los precios de bienes y servicios por el aumento del precio del transporte.
Por todo ello, la citada organización se opone a un peaje generalizado por su claro afán recaudatorio y exige un debate social de todas las partes implicadas, incluidos los consumidores del que salga un modelo justo de financiación de las infraestructuras de transporte por carretera que garantice su funcionamiento.