La población de corzo se dispara hasta los 900.000 ejemplares en España
El corzo, el más pequeño de los ungulados ibéricos, ha experimentado un incremento en su distribución de un 62 por ciento en España desde 2007 hasta 2023. Su expansión ha hecho que la población se incremente, llegando a los 900.000 ejemplares aproximadamente.
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Así se recoge en el vídeo documental ‘El corzo en España’, que repasa el estudio de cerca de tres años realizado por la Asociación del Corzo Español y Fundación Artemisan para conocer la evolución histórica de la especie, analizar su situación actual y las distintas problemáticas que presenta, comprender su relación con el entorno y el ser humano y abordar los retos que marcarán el futuro de la especie.
Presente en la península ibérica desde el Holoceno, el corzo entró en fuerte regresión a mediados del siglo XIX, debido principalmente a las talas forestales masivas con motivo de la revolución industrial y a la abolición del privilegio de la caza para la alta sociedad, que provocó una caza poco regulada.
A finales del siglo XX la especie experimentó una notable recuperación y una intensa fase de extensión que ha llevado a que, en la actualidad, el corzo se encuentre ampliamente distribuido en España.
Aunque su situación es dispar en las diferentes zonas del territorio, a nivel global, entre el año 2013 y el 2020, se ha producido un aumento del 66,8 por ciento en las capturas de corzo, la mayoría correspondientes a machos.
Un éxito poblacional que, al mismo tiempo, plantea grandes desafíos de gestión y convivencia.
Entre las principales problemáticas que presenta la especie se encuentran las altas tasas de parasitismo, principalmente por Hipoderma actaeon y Cephenemyia stimulator, desviaciones de la razón de sexo hacia las hembras, desajustes en la pirámide de edad, o la falta de un sistema de control común de monitorizaciones de poblaciones.
En esta línea, la gestión del corzo en el siglo XXI necesita de la implantación de una monitorización que permita el seguimiento de sus poblaciones de forma continuada y comparable a nivel nacional, un registro de capturas efectivo, la flexibilización de cupos de capturas en zonas con problemas, incentivos en la caza de hembras, fomento de batidas invernales, extensión y homogeneización de periodos de caza, establecimiento de cupos diferenciados por clases de edad y un mayor control sanitario de las piezas.
Asimismo, el corzo supone un reto de gestión debido a su incidencia en accidentes de tráfico.
En este sentido, se ha registrado un aumento de un 60 por ciento en el número de siniestros provocados por corzo, entre los años 2018 y 2022, concentrándose principalmente entre los meses de abril y agosto, al amanecer y durante las primeras horas de la noche los viernes y domingos.
Otro de los principales problemas para la especie son los canales de transporte de agua, con una afección significativa para las poblaciones locales de la especie, provocando una importante mortalidad y situándose el corzo como la especie con mayor incidencia de ahogamientos, principalmente durante los meses de abril a junio.
La caza del corzo realizada de manera sostenible contribuye al control poblacional y a la conservación del equilibrio ecológico, pero requiere planificación, criterios técnicos, un profundo conocimiento de la especie y la implicación en la gestión por parte de cazadores y administraciones.
Coordinación de administraciones, cazadores, gestores e investigadores
En este sentido, la Asociación del Corzo Español y Fundación Artemisan, concluye que es el momento de coordinar a administraciones, gestores, cazadores, investigadores y apasionados de la especie para dirigir el futuro del corzo hacia una gestión racional que perpetúe su conservación en el tiempo.
Igualmente, del estudio se desprende que los cupos de captura de la especie no se adjudican según las densidades reales, ya que, una vez las poblaciones alcanzan densidades medias, no se aumentan los permisos, incluso cuando las poblaciones llegan a alcanzar densidades altas o muy altas.
Así, los expertos apuestan por monitorizar la situación real de las poblaciones en cada acotado para poder ajustar los cupos a la situación real, así como por priorizar el balance entre machos y hembras a la hora de adjudicar los permisos, ya que son pocas las comunidades las que conceden los precintos por sexo y edad, algo fundamental para una extracción sostenible.
