FACUA reclama más regulación de las clínicas odontológicas
FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y al de Consumo, Alberto Garzón, para reclamarles que se refuerce el control sobre las clínicas odontológicas privadas para proteger a los usuarios frente a los cierres de cadenas dentales que se vienen produciendo en los últimos tiempos.
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En su escrito, la asociación advierte de que los numerosos casos de cierres que vienen ocurriendo en los últimos años -Dental Line, Funnydent, iDental y, recientemente, Dentix- han puesto de manifiesto la desprotección de los derechos de los pacientes sin que ninguna autoridad reguladora actúe y ponga fin a prácticas que buscan el máximo enriquecimiento a costa de dañar la salud de las personas.
Así, FACUA insiste en que las leyes que regulan las clínicas dentales, el Real Decreto 1594/1994 y los desarrollos autonómicos, resultan insuficientes para garantizar la protección de los derechos de los usuarios y reclama a los ministros Illa y Garzón una actualización y desarrollo urgente de las normativas.
En primer lugar, la asociación considera imprescindible que se incluya la atención bucodental de forma completa en el catálogo de prestaciones del sistema nacional de salud, debido a la importancia que tiene para la salud integral de las personas, ya que actualmente se trata de un servicio eminentemente privado donde han proliferado negocios especulativos basados en un rápido crecimiento y en el crédito al consumo, sin garantías adecuadas y con una mala gestión en unos casos y directamente con un fraude intencionado en otros.
Para evitar que los usuarios queden abandonados y sin tratamientos sin terminar que, en muchos casos ya han pagado o se encuentran abonando mediante financiaciones, FACUA entiende que se debería obligar a las clínicas como requisito de apertura a disponer de un seguro de responsabilidad civil que cubra el riesgo de cierre, entre otros, y ofrezca garantías ante la negligencia en la gestión y el fraude a los consumidores.
Además, la asociación ve imprescindible que se regule la información de la clínica que debe estar disponible al público, accesible en las páginas web y en el Registro de Centros y Establecimientos Sanitarios del Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas.
Así, debería incluir identificación del titular de la clínica, odontólogos responsables de los servicios, otros profesionales que presten servicios y atienden a los usuarios, datos de los seguros de responsabilidad civil de clínica y profesionales, fecha y resultado de controles y planes de inspección y sanciones.
FACUA considera que la normativa también debe garantizar que los pacientes puedan acceder y recuperar sus historiales clínicos en caso de cierre de un centro, desarrollando para ello la Ley 41/2002, para prever el destino y conservación de dichos historiales ante una clausura o suspensión de servicios, así como regular el cierre ordenado de las clínicas con protocolos que sean garantistas para los afectados.
También debe desarrollarse una regulación de la publicidad sanitaria dirigida a los consumidores, para evitar que las clínicas puedan seguir utilizando dudosas campañas publicitarias para conseguir captar un gran número de clientes en poco tiempo.
En relación a los contratos de financiación, FACUA entiende que se deberían reforzar los derechos de los usuarios que reconoce la Ley 16/2011, de 24 de junio, de Crédito al Consumo, como el hecho de que la suspensión del servicio contratado deviene automáticamente en la suspensión del contrato de crédito vinculado a dicha prestación, así como la salvaguarda de los derechos de los usuarios afectados por el concurso de las empresas.
Refuerzo de controles e inspecciones
La asociación reclama, además, que se refuercen los controles de la Administración a estas clínicas, se regulen las autorizaciones y procedimientos de cierre en aquellas comunidades autónomas que aún no lo hacen y se revisen las sanciones que se deben imponer en caso de que incurran en incumplimientos de la norma.
Así, FACUA insta a la realización de inspecciones periódicas anuales, sin previo aviso, de las autoridades regulatorias, y ante denuncias de usuarios, colegios profesionales y otras entidades e instituciones.
De igual forma, debe revisarse la normativa para posibilitar procedimientos sancionadores efectivos y disuasorios, realizando una revisión de la tipificación de las conductas infractoras, además de aumentar la cuantía de las sanciones y prever la adopción de medidas cautelares y preventivas.
Las sanciones impuestas, además, deberían publicitarse con la mayor transparencia, para que los usuarios puedan conocer si un negocio ha sido objeto de alguna multa antes de decidir si contrata con él.
