Denuncia de falta de oficina para atender a desaparecidos
En el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha denunciado que ningún Gobierno no haya creado una oficina para atender a las familias de los más de 100.000 civiles desaparecidos por la represión franquista que siguen en cunetas y caminos, enterrados con la falta de humanidad con la que lo hicieron sus asesinos.
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La ARMH, que inició la exhumación científica de fosas con desaparecidos por la represión franquista en el año 2000, quiere denunciar el incumplimiento por parte de todos los gobiernos españoles, desde el año 2010, de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de la ONU.
Ratificada por España en el año 2009, fue incumplida desde el minuto uno.
Su aplicación supondría la apertura de procesos judiciales para investigar estos crímenes, la indemnización y reparación a las familias por parte del Estado y se habrían llevado a cabo investigaciones que nos permitieran conocer con rigor la historia de quiénes cometieron los crímenes y quiénes los padecieron.
Para el presidente de la ARMH, Emilio Silva, “ningún gobierno ha querido romper los pactos de la transición que consistían en mantener la impunidad para los franquistas, permitirles blanquear sus biografías y dejar a la intemperie a las víctimas que nunca han podido acceder a un juzgado que es el lugar donde exclusiva y principalmente se deberían garantizar sus derechos”.
Silva, nieto de la primera víctima de la represión franquista identificada por una prueba genética, lamenta que “ante un problema tan grave el Gobierno lleva a cabo políticas de subvenciones para buscar personas desaparecidas, lejos del ámbito judicial y haciendo competir a las familias por recursos limitados; una aberración en materia de Derechos Humanos que como bien señalaron quienes los redactaron son universales”.
Y ha concluido asegurando que “que haya miles de desaparecidos en las cunetas y el dictador Francisco Franco siga enterrado en un panteón de propiedad pública, pagado con nuestros impuestos, explica a quién beneficia y a quién perjudica la impunidad”.
