El Gobierno prorroga el "escudo social"
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la prórroga hasta el 31 de octubre de las medidas del llamado "escudo social" que expiraban el 9 de agosto.
La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha subrayado el compromiso con la protección de los más vulnerables en el ámbito de los suministros energéticos, de la protección de la vivienda y de la atención a las víctimas de violencia de género.
Entre las medidas prolongadas están la garantía del suministro de agua, electricidad y gas natural, así como la protección de los consumidores vulnerables frente a la interrupción del suministro eléctrico y a través de la obtención del bono social de electricidad.
Los servicios para la protección y asistencia a las víctimas de violencia de género seguirán considerándose esenciales.
En relación con la vivienda, seguirán vigentes hasta el 31 de octubre las medidas de protección para aquellos hogares vulnerables que se enfrenten a procedimientos de desahucio de su vivienda habitual, incluidos aquellos que no se deriven de contratos de arrendamiento cuando existan personas dependientes, víctimas de violencia sobre la mujer o menores de edad a cargo.
El plazo para solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta, cuando el arrendador sea un gran tenedor o entidad pública, también se amplía, igual que los contratos de arrendamiento de vivienda que pueden acogerse a la prórroga extraordinaria de 6 meses, en los mismos términos y condiciones del contrato en vigor.
La solicitud de compensación a arrendadores y titulares de la vivienda afectados por la suspensión extraordinaria prevista en el citado Real Decreto-ley 11/2020 podrá ser presentada hasta el 30 de noviembre.
Mercado eléctrico
El Gobierno remitirá a las Cortes, para su tramitación urgente, el Proyecto de ley por el que se actúa sobre la retribución del Co2 no emitido del mercado eléctrico.
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha asegurado que esta norma y el Proyecto de Ley que crea el Fondo nacional para la sostenibilidad del sistema eléctrico -ya en tramitación en el Congreso- permitirán retirar más de 6.000 millones de cargos de la parte regulada de la factura de la luz de un modo progresivo en los próximos 5 años.
Ribera ha afirmado que tanto estas reformas, como el resto de las ya planteadas en un ámbito tan complejo como el de la energía, descansan en el principio de que "los costes de la transición energética no deben cargar sobre las espaldas de los ciudadanos más vulnerables".
En este sentido, ha recordado la vigencia de la rebaja temporal del IVA o la suspensión del impuesto a la generación.
Respecto a la norma aprobada, Ribera ha explicado que afecta a las plantas de generación eléctrica que no emiten CO2 -esencialmente nucleares e hidroeléctricas- que estaban en funcionamiento antes de la creación del mercado europeo de derechos de emisión.
Estas centrales, ha continuado, fueron diseñadas para obtener un nivel razonable de beneficios cuando no había necesidad de internalizar un precio por CO2.
Pero actualmente, el carbono se ha encarecido más de un 60 por ciento en un año, lo que repercute en los precios de los mercados mayoristas de los que estas plantas se benefician, por lo que es importante actuar en este ámbito.
El planteamiento, ha continuado, es recortar, en el momento de la liquidación, el importe equivalente a los ingresos que reciben las centrales eléctricas anteriores al nacimiento del mercado europeo de derechos de CO2 cuando el precio del carbono supera un determinado umbral.
Concretamente, el umbral mínimo que garantiza que no se produzca este descuento son 20 euros por tonelada de Co2, que ha sido el precio medio en los últimos 5 años: "De esta manera aseguramos la viabilidad de las plantas, ninguna puede alegar que quede por debajo de la rentabilidad que haga viable su funcionamiento", ha señalado Ribera.
La previsión es que la entrada en vigor de esta norma permita obtener 625 millones de euros para cubrir costes del sistema eléctrico, incrementar las partidas disponibles para proteger a los consumidores vulnerables en riesgo de exclusión social y rebajar la factura final de todos los consumidores.
Hogares y pymes pagarían un 2,5 por ciento menos, con variaciones según el tipo de tarifa al que estuvieran acogidos.
