El Fiscal General de Estado se sienta en banquillo en Tribunal Supremo
El Tribunal Supremo ha abierto este lunes las sesiones del juicio en el que la Fundación Foro Libertad y Alternativa (L&A), presidida por Alejo Vidal‑Quadras, ha logrado sentar al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, en el banquillo, en un hecho sin precedentes en España.
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La querella que la Fundación presentó y que ejerce en calidad de acusación popular ha sido el impulso principal de este procedimiento judicial, subrayando el papel activo de la organización en la defensa del Estado de Derecho
Los hechos podrían ser constitutivos, presuntamente, de un delito de revelación de secretos, de acuerdo con el artículo 417.2 del Código Penal, y de un delito de prevaricación administrativa, según el artículo 404 del mismo Código, en concurso real de delitos.
En relación con la presunta revelación de secretos, se señala que las conversaciones entre abogado y fiscal en un asunto preprocesal deben ser confidenciales y no deberían divulgarse.
La presunta instrucción del Fiscal General para remitir correos electrónicos a su cuenta personal, en lugar de la corporativa, podría vulnerar la confidencialidad de datos de un particular, afectando en consecuencia a derechos fundamentales como la seguridad y la defensa del afectado.
Respecto a la presunta prevaricación, la instrucción impartida se considera, según la acusación, una resolución administrativa que podría ser arbitraria e injusta, contraria al ordenamiento jurídico y realizada con conocimiento de su presunta ilegalidad, desviando el poder conferido al cargo de Fiscal General hacia fines personales.
La Fundación Foro Libertad y Alternativa ha resaltado en un comunicado que este procedimiento pone de relieve la importancia de la acción popular como herramienta para proteger el Estado de Derecho y la democracia, y ha reafirmado su liderazgo en la iniciativa judicial que ha llevado al Fiscal General del Estado a sentarse en el banquillo.
La apertura de las sesiones del juicio representa un paso decisivo para garantizar la transparencia, la legalidad y la independencia de las instituciones, y subraya el compromiso permanente de la Fundación con la protección de los derechos fundamentales y la justicia en España.