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CSIF pide reconocer en ley competencias de los agentes forestales como Policía Judicial

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha exigido que el proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que se está tramitando en el Congreso, reconozca las competencias de los agentes forestales y medioambientales como Policía Judicial.

Entre estas competencias se incluyen la colaboración en la investigación de delitos relacionados con el medio ambiente, elaborar atestados e informes y asegurar pruebas y elementos de delito.

CSIF ha registrado en el Congreso una enmienda dirigida al presidente de la Comisión de Justicia -órgano que será el encargado de tramitar el proyecto de ley de LECrim-, en la que se solicita la nueva redacción del artículo relativo a las funciones de la policía judicial.

En concreto, ha solicitado que se tenga esta consideración los funcionarios de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos y del Servicio de Vigilancia Aduanera y también “los Cuerpos, escalas y especialidades de Agentes Forestales y Medioambientales en el ámbito de su respectiva competencia”.

"Nuestra organización recuerda en la enmienda que actualmente hay cerca de 6.000 agentes forestales y medioambientales en todas las comunidades autónomas y que sus funciones son básicamente policiales (son los garantes de la custodia y vigilancia del medioambiente). Defendemos que son prácticamente una policía especial administrativa y judicial especialidad en materia de medio ambiente", ha resaltado en un comunicado.

Riesgo de ‘limbo legal’

Además, ha recordado que los agentes forestales y medioambientales reciben desde hace años formación especializada en la lucha contra el delito ambiental (investigación de incendios forestales, lucha contra el furtivismo, toma de muestras, uso de medios y artes ilegales, etc); y que también colaboran con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como con cualquier otro Cuerpo cuyos funcionarios sean Agente de la Autoridad, condición que ellos también tienen.

Por todo ello, CSIF ha considerado que la enmienda presentada “es continuista e incluyente” y una actualización normativa a la lucha contra el delito medioambiental. En caso de no producirse, advertimos que los 6.000 agentes forestales quedarían en un ‘limbo legal’ porque sus funciones no tendrían la categoría de ‘policía judicial’.