Madrid lidera por quinto año consecutivo el ranking de competitividad fiscal
La Comunidad de Madrid lidera por quinto año consecutivo el ranking absoluto del IACF, que mide la competitividad fiscal como un factor para generar riqueza.
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El presidente de la Tax Foundation estadounidense, Daniel Bunn, viajará a Madrid para participar este lunes 7 octubre en el acto de presentación del Índice Autonómico de Competitividad Fiscal (IACF), que un año más tendrá lugar en el Senado (sala Clara Campoamor).
El IACF es un proyecto conjunto de la mencionada institución y la madrileña Fundación para el Avance de la Libertad.
Desde hace ocho años, el IACF, elaborado por la economista Cristina Enache, mide y clasifica el nivel de competitividad fiscal de los diecinueve territorios españoles con autonomía tributaria (todas las comunidades autónomas menos Euskadi, y las tres provincias vascas por separado).
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Siguen a Madrid las provincias vascas de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa (por este orden), y en quinta posición (tercera comunidad) se sitúa Andalucía con 6,44 puntos.
Destaca este año el fuerte avance de Extremadura, que pasa en un solo ejercicio de la decimoquinta a la séptima posición.
También La Rioja adelante dos posiciones respecto a 2023, situándose en el octavo puesto.
Cierra la clasificación de 2023, en el puesto decimonoveno, la comunidad autónoma de Cataluña con 4,52 puntos.
Ligeramente mejor es la puntuación de Asturias y de Aragón, en la parte baja de la tabla.
En el caso de Cataluña, uno de los factores que le impiden alcanzar una mayor competitividad fiscal es la persistencia de numerosos impuestos adicionales creados por ese gobierno autonómico.
La Fundación para el Avance de la Libertad promueve una mayor competencia fiscal entre las comunidades autónomas, y recuerda que en otros países de estructura federal o semifederal la concurrencia de fiscalidades diferenciadas es altamente positiva para el desarrollo general y contribuye a mantener a raya la carga tributaria soportada por los ciudadanos y las empresas.
El secretario general de la Fundación, Juan Pina, ha declarado que “la actual realidad autonómica requiere niveles más altos de autogobierno fiscal para que sean las asambleas regionales las que decidan con suficiente margen sobre los impuestos que se apliquen en sus territorios, caminando así hacia el federalismo fiscal en un marco de competencia favorecedor de la libertad económica”.
Madrid se mantiene en la primera posición aunque empeora ligeramente su puntuación en 0,09 ya que la diferencia con respecto a las demás comunidades autónomas se reduce.
Siguiendo las recomendaciones del IACF, Madrid sigue deflactando los tramos de renta, los mínimos personales y familiares y mejora la deducción por familia numerosa.
Sin embargo Madrid podría mejorar más si redujera el tipo impositivo del primer tramo de la renta hasta el 8%, el mismo que aplican Extremadura y La Rioja (tipo conjunto estatal y autonómico de 17,5%).
La diferencia entre las tres diputaciones del País Vasco, que ocupan la segunda, tercera y cuarta posición, respectivamente, Guipúzcoa ocupa la posición decimosexta en el Impuesto sobre el Patrimonio. es dada por las diferencias en Impuesto sobre el Patrimonio, ya que la regulación de este último en Álava es peor que en Vizcaya, mientras que la situación en Guipúzcoa es más deficiente aún, lastrando a Guipúzcoa hasta llevarla a la decimosexta posición.
Andalucía mantiene la quinta posición aunque reduce su puntación en 0,13 puntos.
Andalucía podría mejorar más si eliminara la mayor parte de los impuestos autonómicos y reordena el impuesto sobre Sucesiones y Donaciones ya que las diferentes reformas inconexas generaron deducciones tanto en la cuota como en la base, deducciones que dependen del patrimonio preexistente de quien lo adquiera y que hicieron que el impuesto sea tremendamente complejo.
Aunque no fluye en el Índice, Asturias también redujo la progresividad del impuesto sobre donaciones.
Asturias necesita una reforma urgente del Impuesto sobre la Renta y, en especial, del de Sucesiones ya que los asturianos son, con diferencia, quienes más pagan por este impuesto. Aragón también baja un puesto de la decimosexta a la decimoséptima posición, al introducir dos nuevos impuestos medioambientales, uno sobre parques eólicos y otro sobre parques fotovoltaicos.
Aragón se sitúa entre las peores regiones, decimosexta y decimoctava respectivamente, en dos impuestos clave: Renta y Sucesiones.
Aragón necesita deflactar de forma automática todos los tramos del Impuesto sobre la Renta (no solo los cinco primeros) y los mínimos personales y familiares con la inflación. Aragón también necesita reformar el Impuesto sobre Sucesiones subiendo la bonificación del impuesto hasta el 99% para los familiares cercanos y derogar los dos nuevos impuestos medioambientales sobre parques eólicos y fotovoltaicos.
También podría eliminar otros dos impuestos para reducir de siete a tres los impuestos autonómicos propios.
La Comunidad Valenciana sube dos puestos hasta la decimosexta posición, al modificar el impuesto sobre Patrimonio y Sucesiones.
A finales de 2023, la Comunidad Valencia derogó la tarifa del Impuesto sobre el Patrimonio, introducida de manera transitoria, para los ejercicios 2023 y 2024.
En el Impuesto sobre Sucesiones, introdujo una bonificación del 99% para los grupos I y II y derogó o el impuesto sobre estancias turísticas, antes de que entrara en vigor.
A pesar de estas reformas, la Comunidad Valenciana sigue necesitando reformas fiscales de calado en cada una de las áreas analizadas para mejorar su competitividad fiscal ya que tiene uno de los sistemas más gravosos en términos de Renta, Patrimonio, Trasmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Castilla-La Mancha baja cuatro puestos de la décimo primera a la decimoquinta posición, por la falta de reformas y las mejoras de Baleares, Extremadura, Cantabria y el adelanto de Navarra (a pesar del retroceso de esta última en el ranking general).
Desde la primera edición de este Índice hasta hoy, no hay que reseñar ninguna reforma significativa en el caso de Castilla-La Mancha.
Variaciones relevantes
Aparte de las variaciones en la parte baja del ranking hay también variaciones relevantes en la parte media del ranking.
Extremadura escala ocho puestos desde la de decimoquinta posición hasta la séptima. Este salto cualitativo se debe a varias reformas de calado introducidas a finales de 2023 y que van en línea con las recomendaciones del IACF. En septiembre de 2023 derogó el impuesto sobre las viviendas vacías a los grandes tenedores que tenía que entrar en vigor en enero de 2024.
En el Impuesto sobre la Renta redujo los tipos de gravamen a los dos primeros tramos en 1,5 puntos porcentuales (hasta 20.200 euros) y elevó los tipos impositivos correspondientes a los tres tramos siguientes en 0,5 puntos (rentas hasta 60.000 euros). Para el año 2024 Extremadura aumentó la deducción en sucesiones para los grupos I y II hasta 500.000 euros.
Canarias sube dos puestos en el Índice hasta la sexta posición, al reformar del Impuesto sobre Sucesiones y por la bajada de Murcia y Castilla y León.
La Rioja sube dos puestos desde la décima a la octava posición, al reformar el Impuesto sobre la Renta y el Impuesto sobre Sucesiones. Por ello, La Rioja adelanta a Murcia y a Castilla y León.
Para 2024, La Rioja, reduce los tipos de gravamen para las rentas de hasta 120.000 euros entre 0,5 puntos y 1 punto porcentual. En sucesiones mejora la bonificación del 99% para los grupos I y II, eliminando el límite de 400.000 euros de base liquidable.
Las Islas Baleares suben un puesto desde la decimocuarta a la decimotercera posición, al reformar el Impuesto sobre la Renta y el Impuesto sobre el Patrimonio. En diciembre de 2023, redujo los tipos de gravamen para todos los tramos. Para las rentas de hasta 30.000 euros el tipo marginal se redujo en 0,5 puntos porcentuales y 0,25 puntos porcentuales para el resto de tramos.
Castilla y León baja desde la séptima a décima posición.
La falta de reformas en 2024 hizo que Castilla y León se desplomara tres puestos, quedando por detrás de La Rioja, Extremadura y Canarias.
Galicia pierde dos puestos frente a La Rioja y Extremadura, quedando en la decimoprimera posición. Galicia empeora su puntuación ya que en diciembre de 2023 subió el tipo máximo del impuesto sobre el patrimonio del 2,5% al 3,5%.
No obstante, también aprobó que el importe resultante de la bonificación del 50% se redujera en el importe a pagar que derive de la aplicación de la normativa del impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas.
Galicia también redujo el tipo impositivo general para transmisiones patrimoniales del 9% al 8%, pero esta reforma no fue suficiente para contrarrestar la caída en la puntuación del Patrimonio.
Navarra pierde un puesto frente a las Islas Baleares quedando en la decimocuarta posición en el ranking de este año. Sin embargo, hay que mencionar que Navarra, siguiendo las recomendaciones del IACF de 2023, deflactó en diciembre de 2023 tanto la escala autonómica como los mínimos personales y familiares, ya que no lo hizo a principios de 2023.
Impuestos
Los impuestos afectan las decisiones empresariales, la ubicación de las empresas, la creación y retención del empleo, la competitividad, la transparencia del sistema fiscal y la fortaleza de la economía a largo plazo.
Pero por encima de todo, los impuestos reducen los beneficios de las empresas y la renta disponible de los contribuyentes.
Si los impuestos crecen, el coste se traslada, o bien a los consumidores a través de precios más elevados, o bien a los trabajadores (sueldos más bajos o menos puestos de trabajo) o a los accionistas (a través de dividendos más bajos).
Así, un territorio con menores costes tributarios será más atractivo para la inversión empresarial y tenderá a experimentar crecimiento económico.
Los cambios impositivos autonómicos no son aislados Cualquier reforma tributaria cambiará de alguna forma la posición competitiva de la comunidad en relación con sus vecinos, con el resto del país e incluso globalmente.
En última instancia, afectará a la posición de la comunidad autónoma como lugar para vivir y para hacer negocios. Además, las comunidades aprovecharán los incrementos fiscales de las regiones vecinas para atraer tanto a residentes como a empresas establecidas en estas.
Un sistema fiscal que no cree ninguna distorsión económica es una utopía, pero a través de las políticas fiscales se debería tender a que las decisiones de los contribuyentes y de los empresarios se guíen por los principios de la actividad económica, y no estén dictadas por el sistema tributario.
Cuando el sistema fiscal está distorsionado por decisiones y motivaciones políticas hay menos probabilidades de que las decisiones empresariales se tomen en respuesta a las fuerzas del mercado. Por ello, el Índice recompensa a aquellas comunidades autónomas que minimizan la distorsión económica inducida por los impuestos. Además, el Índice quiere ayudar a identificar a aquellas comunidades autónomas que ofrecen mejores condiciones fiscales tanto para los contribuyentes como para las empresas
