Manifiesto para rechazar un impuesto especial a las bebidas carbonatadas y azucaradas

MANIFIESTO SOBRE LA PROPUESTA DEL GOBIERNO DE LA NACIÓN DE IMPLANTAR UN IMPUESTO ESPECIAL EN LAS BEBIDAS CARBONATADAS Y AZUCARADAS

ANTECEDENTES

El pasado 2 de diciembre en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el Ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha anunciado nuevos ingresos del Estado en 2017, y en concreto se ha referido a un proyecto de ley que establecerá un impuesto sobre bebidas carbonatadas y azucaradas, que recaudaría unos 200 millones de euros al año, indicando además  que este impuesto es cada vez más frecuente en los países europeos y es un instrumento de lucha contra la obesidad y los problemas de salud debidos al consumo en exceso de azúcar.

Asumiendo que los problemas relacionados con la salud, si derivan de malos usos o consumos abusivos, deben tratarse como tales con buena información y educación dirigida al consumidor, para que éste pueda entender claramente los efectos que produce en su salud loshábitos no saludables.

Un alumno del IES Virgen del Espino, premio extraordinario de Secundaria

Herrera defiende el desarrollo del modelo de ordenación del territorio

En ningún caso el tratamiento impositivo, incrementando los precios de los productos, debe ser la solución a adoptar para frenar malos hábitos de consumo. Si en el fondo hay un problema porque el consumidor no es consciente de malos hábitos de consumo, indudablemente por falta de información, la aplicación de una medida impositiva o bien no tendrá ningún efecto en el consumidor, y entonces la medida adoptada simplemente se convierte en recaudatoria, con otros fines por lo tanto, o bien se reduce el consumo de estas bebidas por el mayor precio, incrementándose otros consumos. En este caso se provocará un efecto económico colateral muy perjudicial ya que afectaría tanto a la actividad delsector productor de dichas bebidas como al sector productor de sus materias primas.

El componente fundamental de las bebidas a las que se quiere aplicar el impuesto es el azúcar, producto cuyo sector en España, lleva padeciendo una profunda reestructuración desde 2005, que ha provocado la reducción del 50% de la producción de azúcar en nuestro país, situándose actualmente en unas 500.000 tm, que están contingentadas por el sistema actual de cuotas. El 85% de esta producción se concentra en las fábricas localizadas en Castilla y León.

Es un sector del que dependen 6.000 agricultores, que cultivan 32.000 hectáreas de remolacha azucarera en España, de las cuales, unos 4.000 se ubican en Castilla y León cultivando 22.500 hectáreas. Es decir, prácticamente el 70% del cultivo se localiza en esta Comunidad Autónoma, constituyéndose como un elemento fundamental de la alternativa de cultivos de estas explotaciones agrícolas.

Asimismo, desde el punto de vista industrial,existen cinco plantas transformadoras de azúcar en España, 4 de ellas en Castilla y León, que dan trabajo directo a 1.300 personas e indirecto a unas 1.500 más. Plantas industriales que se ubican en el medio rural que significan importantes focos de actividad y empleo en estas áreas geográficas, no sustituibles y con unas inversiones imposibles de reconvertir en otras actividades.

En definitiva, unas 9.000 personas dependen de este sector en España. El 70% en Castilla y León. Siendo un sector económico, el remolachero-azucarero, generador de un gran impacto económico y social, que contribuye a la sostenibilidad de las áreas rurales fijando población.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que en 2017 finaliza el proceso de reestructuración del sector remolachero-azucarero europeo con la eliminación de las cuotas de producción. Es necesario destacar el gran esfuerzo realizado por el propio sector productor, por la industria y por la Junta de Castilla y León que han conseguido un elevado nivel de productividad, llegando a unos rendimientos por hectárea de más de 110 tm, el mayor rendimiento en Europa, esto supone un 57% más que hace quince años.

Esta situación junto con la mejora estructural de las explotaciones, mejor dimensionadas y la importante apuesta del Ministerio de Agricultura y de la Junta de Castilla y León incorporando una ayuda asociada para los productores de remolacha por importe de 12,2 M€ al año y una ayuda agroambiental con otros 10 M€ también al año, preparan el fin de la reestructuración con una mejor posición para fortalecer al sector a corto plazo.

En consecuencia, esta nueva etapa se abre como una buena oportunidad para que el sector se refuerce en España, incrementando la superficie de cultivo y la transformación en las fábricas, con contratos estables, aprovechando la capacidad ya instalada, para ganar mercado interno y posibilitar su crecimiento y competitividad.

Si se añade un elemento contrario al crecimiento del sector, en el sentido de reducir el consumo de azúcar, éste perderá su oportunidad teniendo que reducir aún más su producción, lo que llevará consigo pérdida de puestos de trabajo y abandono de la producción remolachera por parte de los agricultores.

No está demostrada la efectividad de la medida que se quiere adoptar, aumento de los precios de las bebidas carbonatadas y azucaradas a través de una política impositivapara reducir el consumo, ni tampoco se está valorando el objetivo de salud perseguido, pero sí curiosamente el recaudatorio, ya que estaría dirigida a todos los consumidores de estas bebidas, perjudicando a los que practican un consumo saludable.

Las medidas encaminadas a establecer hábitos saludables sólo consiguen buenos resultados si se enmarcan en campañas informativas y educativas, desde luego no incrementando los precios a través de impuestos.

Por todo cuanto precede, las Entidades abajo firmantes,

MANIFIESTAN 

1.      Su máximo compromiso con la salud de los ciudadanos.

2.      Que el azúcar es un alimento tradicional en nuestra alimentación, y que como todos los alimentos, los ciudadanos deben seguir unos hábitos saludables de consumo, evitando los excesos que nunca son beneficiosos.

3.      Que se valora positivamente todas las iniciativas tendentes a un consumo moderado y a fomentar hábitos alimentarios saludables. Si bien se considera que estos aspectos deben contemplarse desde el ámbito informativo y formativo.

4.      Que no es entendible que una medida recaudatoria sea la única vía para conseguir la reducción de consumos abusivos y favorecer hábitos saludables.

5.      Que en Castilla y León se está produciendo el 85% del azúcar de España.

6.      Que el sector remolachero-azucarero se enfrenta a un cambio inminente derivado del fin de las cuotas de producción en Europa.

7.      Que el impuesto planteado perjudicaría directamente al sector remolachero-azucarero que da empleo en Castilla y León a unas 6.000 personas, de forma directa e indirecta.

8.      Que contemplada como medida recaudatoria y fiscal, debería llevar consigo un estudio del impacto económico colateral que producirá en el sector remolachero-azucarero y en el empleo, a efectos de que la recaudación revierta en este sector perjudicado y compense dichas pérdidas.

9.      Su más rotundo rechazo a la medida propuesta por el Gobierno de la nación de incorporar un impuesto especial a las bebidas carbonatadas y azucaradas, solicitando por tanto que se retire la propuesta.

10.  Que se traslade este manifiesto al Gobierno de la Nación por parte de la Junta de Castilla y León.

En Valladolid, a 13 de diciembre de 2016 

POR LAS ORGANIZACIONES PROFESIONALES AGRARIAS DE CASTILLA Y LEÓN

 Donaciano Dujo Caminero, Presidente ASAJA Castilla y León

 Aurelio Pérez Sánchez  y Aurelio González del Río, Coordinadores de la Alianza por la Unidad del Campo UPA-COAG

POR LAS COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS DE CASTILLA Y LEÓN

Gabriel Alonso Resines, Presidente de URCACYL 

POR LA INDUSTRIA TRANSFORMADORA

Juan Luis Rivero Ximénez, Consejero Delegado Azucarera Ibérica        Juan Carlos Rico Mateo, Presidente ACOR Soc. Coop

POR LA CONFEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES DE CASTILLA Y LEÓ

Santiago Aparicio Giménez, Presidente de CECALE 

POR LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

 Milagros Marcos Ortega. Consejera