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Las ejecuciones hipotecarias descienden un 31 por ciento en 2016

Sitúan ya a la Comunidad en niveles inferiores a 2008, según el Consejo General del Poder Judicial

Desde su puesta en marcha en noviembre de 2012, hasta finales de 2016, el Servicio Integral de apoyo a las familias y a las personas en riesgo de desahucio atendió a 4.830 familias, lo que significa haber ayudado a más de 13.200 personas. Se aprecia un descenso de la demanda de este servicio del 26 por ciento en 2016 respecto a 2015, un dato que está en consonancia con el descenso producido en el número de ejecuciones hipotecarias en Castilla y León que indican que en 2016 se iniciaron 839 casos frente a los 1.139 del año anterior.

Una de las notas características más importantes del Servicio Integral de apoyo a las familias y a las personas en riesgo de desahucio es, precisamente, su funcionamiento en red, lo que posibilita evitar situaciones críticas antes de que se produzcan, yendo mucho más allá de actuaciones meramente paliativas.

En el sistema están implicados 24 entidades locales, decenas de entidades del tercer sector, los órganos judiciales, más de 40 entidades financieras y la Junta de Castilla y León que, a través de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, financia a las entidades locales, coordina todas las actuaciones y aporta los interlocutores con las entidades financieras. Este sistema, que fue pionero en España, forma parte de la Red de Protección a las familias y a las personas de Castilla y León, y será incorporado próximamente como prestación esencial dentro de la Ley que regulará la citada Red.

Desde su creación en noviembre de 2012 y hasta finales de 2016, a través del Servicio Integral se ha atendido a 4.830 familias, lo que significa que se ha ayudado a más de 13.200 personas.

A todas las familias atendidas en este primer nivel de actuación se les ha prestado asesoramiento y apoyo y se ha analizado su situación económica y social. Al 24 por ciento de estas familias también se les ha ayudado a elaborar un plan de economía familiar para salir de su situación crítica.

De los 4.460 casos concluidos, 2.304 se cerraron sin necesidad de interlocución con la entidad financiera mientras que 2.156 sí requirieron de negociación con banco. La interlocución con las entidades financieras de esos casos arroja el siguiente balance: 1.032 préstamos reestructurados; 351 acuerdos de distintas características; 282 cierres de interlocución por mejora de la situación familiar que permite afrontar los pagos y 143 daciones en pago.

Solo en 348 casos fue inviable alguna de las soluciones anteriores por lo que se habilitaron otras medidas siempre encaminadas a mantener la vivienda o a acceder a otra en el entorno mediante alquiler. Además de la interlocución con las entidades financieras, para las familias atendidas se activaron otro tipo de prestaciones que se vieron necesarias, entre las que se incluyen 836 rentas garantizadas de ciudadanía.

Perfil de sus usuarios

En lo referente a la evolución de la demanda del servicio se aprecia un descenso de la demanda del 26 % en 2016 respecto a 2015, un dato que está en consonancia con el descenso producido en el número de ejecuciones hipotecarias en Castilla y León. En 2016, se iniciaron 839 casos frente a los 1.139 del año anterior.

Respecto al perfil de las personas que han acudido al Servicio Integral desde su puesta en marcha, el 48 % han sido hombres y 52 por ciento mujeres. En cuanto a edad, el 61 por ciento está en la franja de edad entre los 31 y los 50 años.

La media de edad se encuentra en los 47 años. El 52,3 por ciento de las personas atendidas vive en pareja, mientras que un 20,2 por ciento son separados o divorciados y el 21,8 son personas solteras o viudas.

Por nacionalidad, el 89,5 por ciento era de nacionalidad española y el 10,5 por ciento restante de otras 52 nacionalidades diferentes, con un 6,6 % de ciudadanos no comunitarios. ç

En cuanto al nivel de estudios, el 27,2 por ciento tienen estudios de ESO, FP y Bachillerato, el 5,2 por ciento cuenta con estudios universitarios y dos tercios de las personas atendidas cuenta con estudios primarios. La mitad de las familias atendidas residían en municipios de menos de 20.000 habitantes y en la mayoría de los casos atendidos se ha detectado la necesidad de reincorporación al mercado laboral.