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Junta de Castilla y León

La Junta reclama al Gobierno el pago de la liquidación del IVA

El Consejo de Gobierno de la Junta ha autorizado hoy al consejero de Economía y Hacienda a presentar la reclamación al Consejo de Ministros del pago de las cantidades debidas a la Comunidad de Castilla y León en la liquidación del Sistema de Financiación autonómica de 2017 correspondientes al IVA, que asciende a 142 millones de euros.

La Junta reclama al Gobierno el pago de la liquidación del IVA

Asimismo, se reclamarán 40 millones más correspondientes al nuevo cálculo de la variación de los Ingresos Tributarios del Estado.

De esta forma, se reclama una cuantía total que asciende a 182 millones de euros.

El Consejo de Gobierno ha aprobado la reclamación al Consejo de Ministros del pago de las cantidades debidas a la Comunidad Autónoma de Castilla y León por las repercusiones en la liquidación del sistema de financiación del ejercicio 2017.

Asimismo, ha autorizado al consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, a formalizar y presentar el requerimiento dirigido al Consejo de Ministros.

De esta forma, la Junta de Castilla y León plantea este requerimiento para que de forma inmediata se pague a la Comunidad la cantidad reclamada como consecuencia de la pérdida de ingresos en la liquidación del año 2017 correspondiente al IVA que asciende a 142 millones de euros.

Asimismo, se reclama el abono de las cuantías correspondientes al nuevo cálculo de la variación de los Ingresos Tributarios del Estado y la repercusión en los fondos del sistema de Financiación Autonómica que asciende a otros 40 millones de euros.

El requerimiento incluye también los intereses legales correspondientes a las cantidades debidas.

Esta reclamación dirigida al Consejo de Ministros se establece sin perjuicio de las posibles acciones judiciales que competen a la Comunidad Autónoma.

La pérdida de ingresos, debida a la implantación del Suministro de Información Inmediata (SII) por el Real Decreto 596/2016, correspondiente al IVA del mes de diciembre de 2017, ha supuesto para la Comunidad Autónoma de Castilla y León una perdida efectiva de cantidades necesarias para su adecuada y correcta financiación.

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