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Junta de Castilla y León

La Junta pide pasar de las palabras a los hechos en políticas sociales en Europa

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, Alicia García, ha intervenido hoy en Bruselas en la reunión del Consejo de la Unión Europea dedicado a política social.

La Junta pide pasar de las palabras a los hechos en políticas sociales en Europa

García ha señalado la importancia de participar en este foro, ya que la prioridad de la Unión Europea es coincidente con la de Castilla y León y esta intervención supone una oportunidad para, por un lado, trasladar el compromiso de la Comunidad con las políticas sociales y la igualdad y, por otro, de influir en las actuaciones de futuro que se desarrollen en la UE en estas materias.

Castilla y León representa a las comunidades autónomas españolas en materia de política social y empleo durante este semestre. Desde la Comunidad se ha liderado y coordinado durante los últimos meses un trabajo con todas las autonomías, fomentando una postura de consenso en relación a los retos y prioridades que debería afrontar la Unión Europea en los próximos años en materia social y de igualdad que sido presentada hoy en Bruselas ante el Consejo.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León se ha referido a los grandes desafíos sociales a los que se enfrenta Europa y hay que dar respuesta de forma efectiva: aquellos que afectan directamente a la calidad de vida, al bienestar de millones de personas, a la igualdad o a la inclusión.

Alicia García ha señalado la importancia de este trabajo de coordinación llevado a cabo por parte de la Comunidad para poder exponer en la Unión Europea un planteamiento común que influya en el itinerario de las actuaciones sociales en los próximos años.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha expuesto esta postura de consenso de las comunidades en el panel del Consejo denominado ‘Social dimensión of Europe post 2020’.

En este sentido, García ha trasladado y reivindicado cuatro grandes líneas de trabajo en materia social que deberían desarrollarse en la Unión Europea.

La primera de las reivindicaciones trasladada al Consejo hace referencia a la necesidad de avanzar y reforzar la dimensión social de la Unión Europea para afrontar con éxito los desafíos sociales. En este sentido se ha señalado la necesidad de un claro impulso político en materia social ya que, como ha señalado García, el futuro de Europa será social o no será, y la Europa del siglo XXI debe ser social. Uno de esos desafíos sociales está en la necesidad de acercar Europa a los ciudadanos para que ellos no se alejen, al estar la crisis de la ciudadanía europea ligada al déficit social.

En segundo lugar, García ha señalado que es necesario pasar de las declaraciones y de las palabras a los hechos para hacer efectivo el progreso social de Europa.

Por ello, ha trasladado al Consejo que, además de haberse aprobado en Europa el conocido como ‘Pilar Europeo de los derechos sociales’ -una carta de derechos basada en 20 principios que pretenden dar a los ciudadanos unos derechos sociales nuevos y más efectivos-, se hace necesario y prioritario desarrollar y aplicar de forma efectiva los principios y derechos que recoge este documento. En él se recogen aspectos tan relevantes como el crecimiento inclusivo y sostenible y el progreso económico y social, la protección e inclusión social, la igualdad de oportunidades y condiciones de trabajo justas, la igualdad de género, la conciliación, la lucha contra el desempleo, la discriminación o la exclusión social y la pobreza.

La tercera de las reclamaciones hace referencia a la necesidad de una normativa europea avanzada que reconozca estos derechos sociales, la coordinación de políticas económicas y, sobre todo, fondos y financiación suficientes a la altura de los importantes desafíos sociales de la Unión Europea.

Por último y en cuarto lugar, García ha reivindicado ante la UE el necesario protagonismo que deben tener las regiones y entidades locales en la construcción de la nueva Europa social y en la aplicación del ‘Pilar Europeo de derechos sociales’, ya que su desarrollo y ámbito de actuación recae principalmente en aquellas administraciones más cercanas a los ciudadanos.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha trasladado que en estos niveles se han de garantizar derechos sociales esenciales como la igualdad de oportunidades, la igualdad de género y de acceso al mercado de trabajo, el establecimiento de condiciones de trabajo justas, que incluye los salarios, la conciliación y la participación y los derechos para la protección e inclusión social.

Junto a esto, ha añadido que, para su efectividad, ha de tenerse muy en cuenta el problema de la despoblación y el envejecimiento del medio rural -fuente de desigualdad especialmente para las mujeres- y debería contarse con una dotación específica en los presupuestos de la UE para ayudar a los entes regionales y locales a la aplicación del ‘Pilar Europeo de derechos sociales’, teniendo en cuenta estas circunstancias.

García ha apuntado también que precisamente Castilla y León es una Comunidad que ya está trabajando en el desarrollo del ‘Pilar Europeo de derechos sociales’, en línea con sus principios y con los objetivos de la presidencia actual, como lo demuestra en el ámbito de la igualdad y la corresponsabilidad con la ‘Ley de conciliación familiar y laboral y de eliminación de la brecha salarial de género en Castilla y León’, aprobada por el Gobierno de la Comunidad y pendiente de su aprobación por parte de las Cortes de Castilla y León.

El Gobierno autonómico se convirtió en el primero en España en aprobar una norma de estas características, acordada con los agentes económicos y sociales y con la que se pretende crear un nuevo pilar del estado del bienestar en la Comunidad, con especial atención al ámbito rural. Junto a esto, y en el ámbito de la lucha contra la pobreza, es destacable la Ley de ordenación y funcionamiento de la Red de Protección e Inclusión a personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social o económica, ya aprobada por las Cortes el pasado año por unanimidad de los grupos.

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